El nivel de enfrentamiento y el intento de deslegitimaci�n emprendido por el Gobierno presidido por Pedro S�nchez contra el prestigio del Poder Judicial en Espa�a es inaudito porque, adem�s, ha llevado aparejada una campa�a paralela que ha socavado la credibilidad de muchos ciudadanos en el Estado de derecho. Personalmente, me cost� asumir que, como manifestaban muchos jueces, se trataba de una campa�a sistem�tica de minado de la legitimidad de la Justicia, y no solo de la que no puede controlar el Ejecutivo, hasta que qued� al descubierto que no se trataba del normal sistema de cr�ticas a resoluciones judiciales o a actuaciones m�s o menos discutibles, sino de algo mucho m�s grave y probablemente dif�cil de parar. [...]

Es imposible no asumir que el Gobierno ha rebasado las l�neas a las que su papel institucional y constitucional le compele cuando la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, en presencia del jefe del Estado, anuncia �la necesidad de evitar ataques injustificados, que pueden llegar a socavar la legitimidad y la reputaci�n de la Justicia y sus integrantes�. Nunca un presidente del Poder Judicial se hab�a visto obligado a hacer una declaraci�n de esta gravedad, apuntando directamente a los responsables. Los aplausos que jueces y magistrados prodigaron a Isabel Perell�, a pesar de su aparente fragilidad y de su biso�ez en la oratoria p�blica, fueron la constataci�n del alivio de que al fin institucionalmente se reconociera lo anormal y lo peligroso de la situaci�n.

[...]

La situaci�n a la que Pedro S�nchez, su Gobierno de coalici�n y sus apoyos parlamentarios llevan a la democracia espa�ola es in�dita. �Ning�n poder del Estado puede dar instrucciones a los jueces y magistrados sobre c�mo se ha de interpretar el ordenamiento jur�dico [...]. El derecho a la discrepancia es posible, habitual, incluso interesante en el debate jur�dico, pero cr�ticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificaci�n ni el insulto�, ley� Perell� ante el Rey. �Qu� necesidad tendr�a de haberlo dicho si antes no hubiera sucedido? Se produjo y se sigue produciendo. El ministro de Justicia -que nunca deber�a haberlo sido simult�neamente de Presidencia y Relaciones con las Cortes- tendr�a que haber dimitido la primera vez que atac� las decisiones de la judicatura con una virulencia y gravedad nunca vistas. Refiri�ndose al magistrado que instru�a un procedimiento en torno a la mujer de su presidente, el ministro dijo: �Hoy ha quedado clara la grav�sima indefensi�n que est� sufriendo Bego�a G�mez�. Si G�mez sufr�a indefensi�n es porque se la provocaba un juez, atentando contra los principios b�sicos del proceso penal. �Ni sabe de qu� se le acusa�, continu� un ministro, licenciado en Derecho, que deber�a saber que en la instrucci�n no se acusa a�n a nadie. Y, para rematar, se�al�: �Est� claro que no hay nada de nada y que, si este proceso judicial contin�a, ser� l�gico que los ciudadanos se pregunten por qu� se prolonga innecesariamente y qu� se pretende�. No cabe en cabeza democr�tica que el miembro del Ejecutivo del que depende la Justicia de un pa�s se�ale y acuse a un magistrado concreto de esta manera: un ministro que se manifiesta sobre un procedimiento en curso, que defiende a una ciudadana concreta con nombre y apellidos, que valora el contenido de la instrucci�n y que incluso falsea hechos, puesto que bien sabido era en ese momento cu�l era el objeto de la instrucci�n. Un ministro que sabe, adem�s, que, en caso de haberse producido disfunciones, el sistema de recursos en escalera est� previsto para solventarlas, tanto en el caso concreto de la mujer del presidente como en el de cualquier hijo de vecino. Todos somos iguales ante la ley.

Hasta este punto se ha llegado en nuestro pa�s a ra�z de los esc�ndalos de corrupci�n y nepotismo que se han producido en la esfera m�s cercana al presidente del Gobierno y l�der del Partido Socialista. La adhesi�n inquebrantable ha producido episodios como el anterior y esquizofrenias manifiestas. Reparen en lo que dijo el mismo Bola�os en otro momento en el Congreso: �Les agradecer�a que no haya intervenciones ni manifestaciones ofensivas contra miembros de la judicatura. Adem�s de resultar ofensivas son una falta de respeto al Estado de derecho espa�ol, que es el de una democracia plena�. O sea que el ministro de Justicia sabe lo que hace cuando llama prevaricador a un magistrado por tener imputada a la mujer de su jefe. Muy duro tuvo que ser el apret�n, porque muchos ministros salieron a repetir lo propio incluidos los dos ministros jueces, Grande-Marlaska y Margarita Robles. Ambos olvidaron tambi�n que, como dice la Comisi�n de �tica del CGPJ: �El magistrado que ha abandonado temporalmente la funci�n jurisdiccional para dedicarse a una actividad pol�tica sigue sujeto a la obligaci�n �tica de guardar lealtad institucional al Poder Judicial�. En este caso, las lealtades bascularon un poco.

Se podr� pensar que si Bola�os se hizo un Maradona y decidi� meter un gol a favor del jefe, aunque fuera tocando el bal�n con la mano, fue porque el propio Gobierno estaba en problemas de los que quer�a salir ganando el relato ante la ciudadan�a. La cuesti�n es que todos los gobiernos en democracia, de todo signo, han estado en problemas y que nunca hasta la llegada al poder de Pedro S�nchez se hab�a pisado la l�nea roja de atacar frontalmente no solo a unos jueces particulares, sino a todo el sistema.

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El acabose de la incontenci�n pareci� llegar con Mar�a Jes�s Montero, a la saz�n vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda, secretaria general del PSOE de Andaluc�a y vicesecretaria general del PSOE. Ah� es nada de institucionalidad para la mujer que decidi� negar a gritos la existencia del pilar fundamental del Estado de derecho, la presunci�n de inocencia, ese derecho recogido en la Declaraci�n Fundamental de Derechos del Hombre sobre la que se sustentan las democracias liberales. �Qu� verg�enza que se diga que la presunci�n de inocencia est� por delante del testimonio de mujeres j�venes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos�, afirm� contundente en un mitin. He subrayado la abominaci�n de la frasecita: que los testimonios de las mujeres deben ir por delante de la presunci�n de inocencia, es decir, que no debe existir la presunci�n de inocencia para los hombres, sobre todo los poderosos, si los denuncia una mujer, sobre todo si esta es joven. Populismo. No hay remedio para el terror de que una persona con tanto poder desconozca o ignore deliberadamente algo de importancia capital. Y es que en un Estado de derecho democr�tico se parte del horror a la injusticia y, por tanto, de la presunci�n de inocencia y el in dubio pro reo que intentan evitar la condenaci�n del inocente. [...] Aparentemente pidi� disculpas, arrastrada por la oleada de protestas ante tan inaceptable posicionamiento. En realidad, no fue as�. Otra de las caracter�sticas de la incontinencia actual es que los comportamientos desmadrados, excedidos, no tienen castigo alguno. El siglo pasado, una manifestaci�n de este tenor hubiera llevado al cese fulminante del ministro culpable. Ya no pasa nada y, con seguridad, es lo m�s grave que ha dicho un miembro del Gobierno fuera de la contenci�n que exige su cargo. Es una declaraci�n de no principios.

No podemos olvidar que, como se mencion� en cap�tulos anteriores, el presidente del Gobierno, molesto porque un juececillo de instrucci�n osara llamarle a declarar como testigo en la causa abierta contra su mujer y no aceptar que la diligencia se efectuara por escrito, decidi� querellarse por prevaricaci�n contra ese magistrado usando para ello a la Abogac�a del Estado. Nunca se hab�a producido un hecho de tal naturaleza, una demostraci�n m�s de que la ley puede utilizarse no para su finalidad original, sino estir�ndola hasta hacer de ella la goma de una honda que pretend�a descalabrar a un miembro de otro poder. Era una querella que no pod�a ser aceptada y aun as� se present�. �C�mo osaba el juececillo entrar en palacio y molestar al C�sar? Adolfo Su�rez testific� por el caso Banesto. Felipe Gonz�lez testific� en el Tribunal Supremo. Jos� Mar�a Aznar testific� por la caja B del PP. Mariano Rajoy testific� en la Audiencia Nacional en el juicio de G�rtel. Seguramente no les gust�, y hubieran preferido no hacerlo; incluso es posible que intentaran que apartaran de ellos el c�liz, y maniobraron soterradamente para ello; lo que sabemos es que testificaron, y ninguno de ellos se plante� acusar al juez de prevaricaci�n. S�nchez s� lo hizo. �Qu� lo diferencia de los dem�s? �Soberbia, desprecio a la acci�n de la Justicia, miedo al resultado de la instrucci�n?

Al repasar estas l�neas un nuevo giro de desprop�sito institucional se hab�a producido. El propio presidente del Gobierno sali� a proclamar en una entrevista la inocencia del fiscal general del Estado mientras a�n estaba siendo juzgado. La presi�n insoportable que este hecho supone, el desprop�sito institucional, y la campa�a que le sucedi� en medios y opinadores validando la actitud fue absolutamente inaceptable en un Estado de derecho. Por ir m�s all�, se lleg� a decir p�blicamente por parte de comentaristas y asimilados que una condena desprestigiar�a a todo el Poder Judicial o incluso que lo reventar�a.

Fuera lo que fuera, una campa�a de desprestigio de este tipo emprendida por el Poder Ejecutivo contra el Judicial es el principio del fin.