El ex presidente del Gobierno considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales
El ex presidente del gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, junto a la viceministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Carmen Almendras (i), y la directora Ejecutiva del Servicio Plurinacional de la mujer y de la Despatriarcalización, Tania Sánchez (d), en 2029, en La Paz, Bolivia.EL MUNDO
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El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentado un incidente de nulidad mediante el que solicita a la Audiencia Nacional que deje sin efecto el denominado caso Plus Ultra al considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales.
El letrado del ex líder socialista pide que se declare que se ha violentado sus derecho a tener "un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia". Añade el letrado Víctor Moreno Catena que deben ser "excluidos" del procedimiento judicial en el que se encuentra imputado "todas las evidencias obtenidas por la Fiscalía Anticorrupción en las entradas y registros" practicadas el pasado mes de diciembre por el juzgado de Plaza de Castilla que inició la investigación y requiere asimismo "la nulidad general de las actuaciones".
Argumenta la defensa de Zapatero que el juzgado de Plaza de Castilla "había instruido" una primeras diligencias sobre el rescate de la aerolínea española de capital venezolano "cuyo plazo máximo de instrucción se había agotado" y que posteriormente se abrió "una pieza separada sin reabrir la principal", lo cual considera una irregularidad. Toda vez que, añade, las diligencias iniciales, que fueron incoadas en 2021, "estaban archivadas". Con esta pieza separada, abunda el letrado de Zapatero, no se envió a reparto la nueva investigación y, por lo tanto, "se vulneró el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por ley".
A renglón seguido apunta que "tampoco acaba de comprenderse el 'viaje' posterior del procedimiento a la Audiencia Nacional mediante el auto por el que dicho órgano judicial se inhibe directamente en favor" del Juzgado de Instrucción número 2 y pasa a combatir el análisis de las evidencias digitales intervenidas a algunos de los investigados, como el letrado Miguel Palomero o el antiguo dueño de Plus Ultra, el venezolano Rodolfo Reyes, que no duda en calificar de "injerencia no autorizada".
A juicio de Moreno Catena, se procedió a intervenir "evidencias" que fueron analizadas "con vulneración de derechos fundamentales" y "todos los resultados" del 'caso Plus Ultra' "devienen de ellas". "Dado que se obtuvieron ilícitamente deben ser excluidas porque guardan una conexión de antijuricidad absoluta con esas originarias, que deben ser excluidas".
Según el escrito presentado, "esa nulidad arrastra a las resoluciones que ordenan las diversas entradas y registro practicadas en esta instrucción y a las evidencias de ellas obtenidas". Por lo que se ha producido una "contaminación" del proceso, "infringiendo el derecho" a una causa "con todas las garantías y mermando, en última instancia, la presunción de inocencia" del ex presidente del Gobierno, "que se ha visto cuestionada como consecuencia de un procedimiento que parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados, en el marco de diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción que no se ajustaban al marco legal y con maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia, soslayando al juez ordinario legalmente competente".