Peinado investiga una adjudicación a Barrabés en la que la Fiscalía Europea ve prevaricación y fraude
El empresario Juan Carlos Barrabés, tras comparecer el pasado lunes ante el juez instructor Juan Carlos Peinado en Madrid.EFE
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La Fiscalía Europea ha detectado delitos de prevaricación y fraude a la UE en uno de los contratos adjudicados por la sociedad pública Red.es a una empresa de Juan Carlos Barrabés, imputado en el caso Begoña. Se trata del empresario para el que la esposa del presidente del Gobierno escribió cartas de recomendación.
La presunta ilegalidad se recoge en un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que tenía por objeto revisar dos adjudicaciones a Barrabés que eran competencia de la Fiscalía Europea al afectar a fondos de la Unión. Los investigadores se toparon con los indicios de delito en correos internos de Red.es referidos a una tercera adjudicación a Barrabés, por valor de cuatro millones, que había quedado en manos del juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado.
El resultado es que el informe de la UCO ha acabado en el Juzgado 41 de Madrid, donde Peinado ha abierto una pieza separada dentro el caso Begoña para investigar los hechos. El único imputado por el momento es el empresario. La pieza separada no debería afectar al avance de la causa principal, que el juez considera ya concluida.
En 2020, Barrabés ayudó a la esposa de Pedro Sánchez a poner en marcha su cátedra en la Complutense, tras lo cual sus empresas dispararon la contratación pública. De Red.es recibió licitaciones por valor de 10 millones de euros. Para las dos adjudicaciones que investigaba la Fiscalía Europea, Begoña Gómez aportó cartas de recomendación, aunque no para al expediente en el que se ha detectado las ilegalidades. En cualquier caso, la UCO equipara los tres y resalta que se tramitaron «de forma paralela» y guardan «importantes similitudes» en su tramitación.
Según el decreto de la Fiscalía del pasado día 8, del informe de la UCO se desprende que en la adjudicación del expediente 044/20-ED se habría ocultado que la oferta de Barrabés incumplía uno de los requisitos para poder abordar la valoración subjetiva, que a la postre fue la que determinó la adjudicación. El encargado de resolver la licitación «habría obviado para valorar al que iba a ser el licitador adjudicatario la inexistencia de un libro blanco que se exigía en los pliegos como requisito necesario». El rastro de esa ocultación apareció al examinar los mensajes corporativos de 13 cargos de Red.es.
La Fiscalía Europea resalta que, tanto en los dos casos de su competencia y en el de Peinado, el responsable del informe final de la valoración subjetiva que permitió la adjudicación a Barrabés fue la misma persona. Se trata de Luis Prieto Cuerdo, director de Economía Digital de Red.es, que depende del Ministerio para la Transformación Digital de Óscar López.
La sociedad del empresario amigo de Begoña Gómez Innova Next fue la que resultó adjudicataria de la mano de KPMG. El expediente denominado «Servicios de oficina AceleraPyme - Servicios de apoyo y asesoramiento» tenía un presupuesto máximo de 4.053.500 euros.
La Fiscalía Europea consideró que los hechos podrían constituir delitos de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión Europea y reclamó este tercer expediente al juez Peinado. Anteriormente se había opuesto a hacerlo, al no ver indicios de delito.
La decisión fue recurrida por Barrabés, alegando que es expediente llevaba más de dos años en la causa de Peinado, que el juez había acordado diligencias al respecto y que la Fiscalía Europea no podía, a estas alturas, reclamar el caso.
El recurso lo resolvió el magistrado de la Audiencia NacionalAntonio Piña, designado como juez de garantías en esta causa de la Fiscalía Europea. Su decisión fue que Peinado debía retener el caso y ordenó remitirle el informe de la UCO.
Un argumento de la Fiscalía fue que Peinado había ignorado completamente esa adjudicación en el auto del pasado abril en que enviaba el caso Begoña a un juicio con jurado. La respuesta del juez es que no emplearlo en el auto de cierre del caso no es equiparable a un archivo y no impide «que pueda reabrirse una nueva investigación» al respecto, que es lo que acaba de hacer Peinado.
El juez añade que esta contratación bajo sospecha «puede ser utilizad[a] como elemento probatorio en la acreditación de los hechos que en el auto se contienen». Es decir, que podría esgrimirse por las acusaciones en el eventual juicio a la esposa de Pedro Sánchez.
El informe de la UCO llega después de que la Igae también detectara irregularidades en los contratos. La Intervención General concluyó que el aspecto subjetivo en las adjudicaciones pesaba más de lo anunciado. Hasta tal punto que, conforme a la ley, Red.es no tenía que haber sido quien resolviera sus propias licitaciones, que tendrían que haber quedado en manos de un órgano externo.