Apretaron las tuercas como nunca. Expulsaron de sus hogares a familias enteras porque uno de sus miembros había escrito un mensaje a favor de Abelardo de la Espriella en su cuenta de Facebook. Querían amedrentar a la población sometida a su yugo.

"Les dieron dos días para irse y no pueden volver", relató un vecino de quienes tuvieron que dejarlo todo, casa, siembras, ganado, por orden de las FARC-EP, en la región de El Pato, departamento del Caquetá, al sur de Colombia. A otras familias les concedieron una semana para vender lo que pudieran a fin de instalarse en otro lugar con algún dinero.

Las amenazas alcanzaron también a quienes no acudieran a votar el domingo. No bastaba con respaldar a Iván Cepeda. Como pretendían conseguir un buen caudal electoral, aumentar la participación en las áreas que dominan y contrarrestar los votos de las cabeceras municipales y de las poblaciones grandes, donde no siguen sus consignas, forzaron a todo el mundo a ir a las urnas. Para comprobar que cumplían la orden, exigieron a los votantes fotografiar el tarjetón o, al menos, presentar el certificado electoral expedido por los jurados de votación.

"Si sospechan que no acatan sus órdenes, les colocan una multa económica o los obligan a abandonar la zona donde están viviendo", señaló el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz. "Es descarada la manera en que los actores criminales ejercen presión sobre las comunidades". Son las FARC-EP al mando de alias Calarcá —nombrado gestor de paz por Gustavo Petro— las que amenazan a los lugareños, sobre todo en los caseríos de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán. En las cabeceras municipales no pueden imponer su ley por tratarse de pueblos de varios miles de habitantes y una mayor vigilancia del Ejército y la Policía.

El constreñimiento electoral no se limita al Caquetá; en Nariño, Chocó, Arauca y Cauca, entre otros departamentos, sucede lo mismo, según denuncias que recogió este periódico. En Suárez, tierra natal de la vicepresidenta Francia Márquez, el Frente Jaime Martínez de las FARC-EP de alias 'Mordisco' mandó cerrar toda actividad económica el jueves pasado hasta el lunes 22. "El pueblo está desierto", comentó un funcionario municipal a EL MUNDO. Y pidió reserva de su nombre.

La razón para la medida la daba el Frente Franco Benavides de la citada disidencia guerrillera. Decretó idéntica restricción en la subregión de la Cordillera, en Nariño. "El tema principalmente es para las personas que deben salir a votar por fuera y que se gastan de pronto un día para ir y otro día para venir", indicó un mando de dicha guerrilla en un audio difundido por WhatsApp. "Por esa razón se va desde el día jueves, ya se deshabilitan esos trabajos laborales para que no haya excusa de que no salir a votar porque no tuve tiempo".

Destierro, despido o muerte

En otro extremo del país, Luis Naranjo, líder político opositor y víctima de un brutal atentado que dejó a dos de sus escoltas heridos graves, asegura que, en su natal Arauca, convulsa región fronteriza con Venezuela, "la democracia está secuestrada. El ELN utiliza sus redes políticas y sociales de izquierda, aliadas de Iván Cepeda, para mantener bajo amenazas de destierro, despidos de su trabajo o muerte, a la población civil y a los funcionarios para que voten por su candidato y exigen fotografías de su voto. Las denuncias que recibimos a diario son alarmantes. Exigimos garantías democráticas".

Aparte del amedrantamiento permanente, en los últimos años las guerrillas han carnetizado [registrado] a todos los pobladores; nadie escapa a su control, y los forasteros solo pueden ingresar a sus territorios solicitando previamente un permiso.

A pesar del alud de evidencias, el citado gobernador Ruiz se queja de la falta de atención del ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Habló con él "y hay como una negación a aceptar la realidad", señaló. Debe ser una consigna del gobierno porque mandaron a calificar servicios (echarle del Ejército) al general Erick Rodríguez, subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, por contestar con la verdad la pregunta de una periodista. "Hay una disputa por el territorio, por parte de dos grupos armados, al sur del departamento, principalmente en Guaviare, que son las Farc de 'Calarcá' y de 'Mordisco'", manifestó. "En el contexto de esta disputa, no es solo por el territorio, es la población, y se tiene evidencia e información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos".

No importó que la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, avalara tal afirmación y añadiera que les "preocupa en el tema electoral el constreñimiento al voto, porque ya los insurgentes que tienen presencia en estos sitios le vienen diciendo a la población que se inscriba para que voten en la elección presidencial".

Los dos se dirigieron a los periodistas al finalizar un Consejo de Seguridad convocado por el asesinato de Rogers Mauricio Devia, ex alcalde del municipio de Cubarral, y su asesor Eder Fabián Cardona, coordinadores de la campaña de Abelardo de la Espriella en Casanare. Unos sicarios les dispararon cuando se desplazaban en moto con propaganda de su candidato, un crimen que elevó aún más la tensión de una campaña electoral muy caldeada.

La Fuerza Pública anunció el despliegue de sus efectivos, 408.000 policías y militares, por toda Colombia. Pero en las áreas bajo dominio de las guerrillas o de los Gaitanistas son meros convidados de piedra. "Los militares aparecen unos días y luego se van", se queja un comerciante de Corinto, Cauca. "Y los que siempre están, la verdadera autoridad, es la guerrilla".