Invertirán 170 millones de euros para reconvertir las instalaciones para producir los primeros pescados en 2030. Sea Eight, la empresa de acuicultura del grupo, pretende generar 3.000 toneladas al año

La central nuclear de Lemoiz se reconvertirá a partir de 2027 en una piscifactoría dedicada a la cría de lenguado. Las viejas instalaciones diseñadas para generar electricidad a partir de uranio enriquecido que nunca llegaron a estrenarse permitirán la producción de 3.000 toneladas de lenguado, según el proyecto de Sea Eight, la empresa de acuicultura del grupo valenciano Atitlan. Aritza Rodero CEO del grupo valenciano y Jaime León responsable de Sea Eight han participado junto al lehendakari Imanol Pradales la consejera Amaia Barreda en la presentación de este proyecto único en el mundo.

¿Puede una central nuclear que nunca acogió uranio enriquecido reconvertirse en una piscifactoría? El grupo valenciano Atitlan y el Gobierno vasco han dado hoy el primer paso tras alcanzar un acuerdo de colaboración para financiar con 170 millones de euros este proyecto único en el mundo. "La transformación de la central es un símbolo de futuro que permitirá generar riqueza, empleo y proyección internacional", ha señalado Pradales antes de recorrer con los representantes de Atlitant un recorrido por los edificios abandonados de una central diseñada en los años 70.

La primera fase de la reconversión de Lemoiz en piscifactoría se iniciará en 2027 con el objetivo de iniciar la cría de los primeros lenguados a partir de 2029. El objetivo es que los primeros pescados criados en Lemoiz estén en el mercado en 2030 o en 2031. La nueva piscifactoría generará 200 puestos de trabajo y aplicará tecnología española creada a partir de la experiencia de grandes grupos nórdicos; los precursores en la transformación de edificios semiabandonados en piscifactorías.

El anuncio del proyecto en el que han participado el lehendakari Pradales y de la consejera de Agricultura y Pesca Amaia Barredo se produce justo 9 años después del acuerdo alcanzado por el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy con el líder del PNV Andoni Ortuzar el 3 de mayo de 2017. Un pacto por el que el Gobierno de España cedió la titularidad de los terrenos de la bahía de Basordas al País Vasco dentro de la negociación con los nacionalistas para que apoyaran los presupuestos de 2017. Solo seis meses más tarde, la consejera de Industria Arantza Tapia junto al director general de Azti Rogelio Pozo anunciaron la reconversión de las instalaciones de la central nuclear impulsada por Iberduero en un complejo de piscifactorías que iba a convertir Lemoiz en el epicentro de la acuicultura vasca.

Durante los últimos nueve años, la reconversión en piscifactoría de Lemoiz ha quedado aparcada mientras se afrontaba primero la transmisión de la propiedad entre Madrid y Vitoria y se liberaba a Iberdrola -la empresa sucesora de Iberduero- de la obligación contractual de recuperar los terrenos naturales en la costa vizcaína. Después de que el Departamento de Hacienda se hiciera con estos terrenos y también con las instalaciones nunca utilizadas para generar energía, el Gobierno vasco las transmitió a la Sprilur; sociedad pública que depende del Departamento de Industria. Su consejero Mikel Jauregi ha sido el encargado de lograr los recursos y autorizaciones administrativas para fortalecer el deteriorado dique de Lemoiz con 400 bloques de hormigón.

La relevancia de esta obra de contención sin un plan de revitalización de Lemoiz enfrentó al Gobierno vasco con el Ayuntamiento gobernado por EH Bildu. El consistorio ha planteado un "proceso participativo" para decidir en qué se reconvierte esta central nuclear que ya en su fase de proyecto provocó una importante contestación popular. La paralización de las obras se produjo después de una sangrienta campaña de atentados por la organización terrorista ETA. La banda secuestro el ingenierio jefe de Lemoiz José María Ryan el 29 de enero de 1981 y lo retuvo en un zulo en Basauri (Bizkaia) mientras exigía al Gobierno de España la paralización de las obras y el cierre de la central. El chantaje terrorista daba una semana al Ejecutivo español para aceptar sus condiciones o Ryan sería asesinado. ETA asesinó a Ryan el 6 de febrero de un disparo en la cabeza a pesar de que miles de vascos, organizaciones internacionales y la propia familia con su mujer y cinco hijos habían rogado por su puesta en libertad. La banda terrorista repetiría este 'modus operandi' sangriento en julio de 1997 con el secuestro y posterior asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco. Entonces exigió como condición para liberarle el acercamiento de los presos de ETA a Euskadi. El 13 de julio el cadáver de Blanco fue localizado en un camino de Lasarte-Oria (Gipuzkoa).