Internet, más allá del mito de su inmaterialidad, es una red física. Una infraestructura cada vez más pesada por el cambio en los hábitos de unos usuarios dependientes de móviles con cobertura 5G y que han incorporado a su inventario herramientas digitales como la inteligencia artificial. Es una red que se sostiene principalmente gracias a dos infraestructuras tecnológicas: los cables submarinos y los centros de datos.
En España, estas últimas instalaciones se han multiplicado durante los últimos años. Y se ha abierto un debate sobre si es el modelo apropiado: ¿Merece la pena convertirse en el hub digital del sur de Europa? ¿Sería más apropiado apostar por un crecimiento más sostenido y orgánico? He aquí el dilema.
Actualmente, en España hay alrededor de 760 centros de datos activos, contando instalaciones corporativas, comerciales, de colocación e hiperescalares con al menos 50 kilovatios (KW) de potencia, según los datos de Spain DC, la entidad nacional que representa al sector desde 2021. Más allá del número de edificios, su crecimiento queda reflejado en la potencia operativa del conjunto de los centros de datos: pasó de 355 megavatios (MW) en 2024 a 439 MW en 2025 y podría alcanzar los 2.537 MW al finalizar la década. Todo ello, movilizando una inversión de 66.900 millones de euros y generando un impacto en la economía nacional de 16.300 empleos directos e indirectos y 7.300 millones de euros anuales de PIB.
Este crecimiento está vinculado principalmente a los proyectos hiperescalares, con centros de datos que ya no están situados únicamente en Madrid y Barcelona. Entre los más destacados, el hub de Amazon Web Services (AWS) en Aragón, actualmente en proceso de expansión por toda la región y que se espera que aporte 31.700 millones de euros al PIB español hasta 2035, además de crear casi 30.000 empleos anuales. Comunidades autónomas como Extremadura, que no figuraba en este mapa digital, es ahora un enclave fundamental y alberga la construcción de cinco macrocentros de datos de compañías como Nostrum o Merlin Properties, que se espera que activen inversiones superiores a los 25.000 millones de euros.
"Los principales atractivos de España son la conectividad internacional, la energía renovable, el talento disponible y la posición geográfica", precisa Pablo Ruiz-Escribano, CEO de Nabiax, compañía que gestiona tres centros de datos en todo el territorio nacional con una potencia operativa instalada conjunta de más de 35 MW. "Podemos liderar el mercado del sur de Europa en datos e inteligencia artificial y trabajamos para que así sea".
Otros actores que también forman parte del ecosistema de los data centers, aunque destacan las mismas fortalezas, no consideran que sea positivo convertirse en un hub digital internacional a cualquier precio. Apecdata es una asociación que representa a una docena de pequeños proveedores de centros de datos (entre ellos, Sarenet o Tedra). Tal como apunta su presidente, Roberto Beitia, "ya estaban ahí antes de esta expansión masiva". A su juicio, España "está siendo colonizada por las grandes tecnológicas estadounidenses", algo que considera preocupante si se tiene en cuenta que estas compañías juegan con otras normas y que "no tienen la concepción de la privacidad que tenemos aquí, ni tampoco leyes garantistas".
Aurora Gómez, activista, investigadora y fundadora de Tu Nube Seca Mi Río, colectivo que busca visibilizar el impacto ecosocial de los centros de datos, comparte el diagnóstico de Beitia y añade que, ahora mismo, las administraciones españolas están poniendo "una alfombra roja" a las grandes tecnológicas. Gómez va un paso más allá y asegura que el impacto económico no es tan positivo: "Nos bombardean con titulares que prometen 35.000 puestos de trabajo de alta cualificación, pero cuando vas al boletín oficial o rascas un poco, la realidad se desploma: se queda en apenas 50 empleos reales de conserjería, limpieza y mantenimiento". Y añade: "Contratan a gente de la zona, los exprimen durante dos años y los despiden sin ninguna continuidad laboral, mientras destruyen el tejido agrícola y expulsan a otras economías locales".
Estos datos de empleo, entre otras cifras, han permitido ya que los centros hiperescalares se conviertan en Proyectos de Interés General en Aragón (PIGA) o en Proyectos de Singular Interés (PSI) en Castilla-La Mancha, lamenta Gómez. A través de estas figuras legales, continúa, "los gobiernos les ponen una pasarela normativa y fiscal bajo la promesa de un empleo que luego nadie controla si se incumple".
Ruiz-Escribano asegura que lo que buscan no son ventajas fiscales ni normativas, sino "agilidad y marcos administrativos que permitan tomar decisiones de inversión en plazos razonables". El responsable de Nabiax considera que el principal cuello de botella en España se encuentra en "el acceso a la red de transporte eléctrico y los tiempos para obtener permisos". Sin embargo, Beitia considera que las grandes tecnológicas no tienen problemas para conseguir esos permisos en "ciertos territorios" de España. Especialmente, añade, en lo relativo a las "licencias de suelo".
El presidente de Apecdata cree que el modelo a seguir no puede reducirse a un "Bienvenido, Mister Marshall" a las firmas norteamericanas. Además, Gómez apuesta por el decrecimiento digital: "Si no diseñamos una computación con límites hoy, el colapso de este internet hiperdemandante se llevará por delante servicios críticos como, por ejemplo, los de un hospital".
Nuevas autopistas invisibles redibujan el mapa digital de Europa a varios miles de metros bajo el Atlántico. Los cables submarinos que aterrizan en las costas españolas ya no sólo transportan vídeos, correos o búsquedas en internet: canalizan el tráfico global de la nube, la inteligencia artificial y los grandes centros de datos. El resultado es una España que, por primera vez, ocupa una posición central en el mapa digital global.
Las cifras lo confirman: más del 98% del tráfico intercontinental viaja hoy por cables submarinos y no por satélite, como todavía mucha gente cree. Una parte creciente de ese flujo se concentra en nuestro país y no es casualidad. La Península Ibérica es el único punto de Europa donde confluyen rutas atlánticas, mediterráneas y africanas. Esa ventaja, latente durante años, ha empezado ahora a materializarse.
Las grandes compañías tecnológicas han impulsado este giro. Junto a Telxius (filial de Telefónica y operador de cables submarinos), Microsoft y Meta construyeron en 2018 Marea, el primer cable transatlántico de nueva generación, con amarre en Sopelana (Bilbao). El sistema conecta la capital de Vizcaya con Virginia Beach (EEUU) a lo largo de 6.605 kilómetros y 160 terabits (Tbps) de capacidad, suficientes para mover millones de vídeos en alta definición.
Desde entonces, el interés ha crecido. España supera hoy los 20 sistemas de cable submarino, que conectan sus costas con Europa, África y América. En 2024, Meta anunció Anjana, de 7.121 kilómetros de longitud, entre Santander y Carolina del Sur, con cerca de 500 Tbps y la aspiración de ser el de mayor capacidad del mundo. Google tiene en marcha Sol, su segundo cable transatlántico con llegada a España, para reforzar la conexión con EEUU, Bermudas, Azores y Santander, en plena expansión del tráfico ligado a la inteligencia artificial.
"España ya gozaba de una ubicación estratégica, pero durante años carecía de la conectividad global necesaria. Eso ha cambiado radicalmente", señalan desde Telxius. El crecimiento de estos sistemas reconfigura las rutas del tráfico global y los puntos donde se concentra y redistribuye. En ese mapa, los puntos neutros de intercambio de internet ganan protagonismo.
Entre ellos, DE-CIX, uno de los mayores operadores mundiales de intercambio de tráfico, desempeña un papel clave en el ecosistema ibérico. "La Península ha dejado de ser un mercado periférico. Se está consolidando como un centro estratégico de interconexión", explica Theresa Bobis, directora regional de DE-CIX para el sur de Europa, quien subraya cómo este cambio ya se refleja en las cifras de la región.
Según datos de la compañía, los puntos de intercambio de internet se han más que duplicado durante la última década y las redes conectadas han crecido alrededor de un 1.200%, superando ya las 700 en toda la Península. Este avance va en paralelo al aumento de la capacidad de los cables submarinos que llegan a la región.
No obstante, Bobis advierte: "Los cables, por sí solos, no crean un hub digital". Convertir esa capacidad en liderazgo real exige centros de datos, redes terrestres y ecosistemas de interconexión a la altura. España tiene una posición geográfica privilegiada y el desarrollo del ecosistema determinará hasta qué punto puede aprovecharla.
Los satélites son la única tecnología que garantiza la cobertura total del territorio. Pero no sólo ayudan a cerrar la brecha digital, sino que también permiten otras acciones que refuerzan la soberanía estratégica.
"España es el segundo país europeo más montañoso, tras Suiza, y tiene territorios insulares. Desde el operador de telecomunicaciones Serenae apuntan que cerca de dos millones de referencias catastrales del país carecen de acceso a conexiones de banda ancha de alta capacidad en España, lo que incluye hogares, empresas y explotaciones agrícolas y ganaderas.
El 80% del territorio nacional corresponde a las zonas rurales, donde vive el 20% de la población. "Esta baja densidad demográfica genera un desafío estructural para el despliegue de redes terrestres de nueva generación", dicen en Serenae. Y es que la fibra óptica requiere obra civil intensiva, mantenimiento y una densidad mínima de clientes para recuperar la inversión.
"En muchos núcleos pequeños y viviendas aisladas el despliegue es técnicamente posible, pero económicamente difícil de justificar sin subvenciones, por la dispersión geográfica y el bajo número de usuarios por kilómetro de red", añaden desde la misma compañía.
Por supuesto, las redes móviles 4G y 5G amplían cobertura y forman parte de la solución, pero en zonas con una orografía compleja o alta dispersión presentan limitaciones de capacidad, estabilidad o saturación en momentos de tráfico elevado.
Por todo ello, y para garantizar la conectividad, se acude al satélite, "pues existe un mandato legal que obliga al Estado a garantizar el acceso universal a internet", recuerdan desde Hispasat, empresa participada en un 89,7% por Indra y en otra 10,3% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
En un escenario como el descrito, los satélites complementan a la fibra y las redes 5G en España, siendo posible beneficiarse de él a través del programa Conéctate35, lanzado por el Gobierno central en 2023. La iniciativa está financiada con fondos europeos y garantiza una conexión a 200 megabytes por segundo en toda España a un precio máximo de 35 euros. Hispasat es el operador mayorista de este programa, al que se suma una red de 35 operadores que lo instalan.
Como señalan desde Hispasat, entre las principales ventajas del satélite destaca su no dependencia del terreno y el hecho de que cubre todo el territorio, llegando casi de inmediato donde otras tecnologías no alcanzan, además de servir como red de respaldo ante apagones y ciberataques. La red satelital también es clave para los servicios de urgencias, protección civil y defensa "en aspectos como protección de fronteras, coordinación de crisis y protección de infraestructuras críticas", enumeran desde Hispasat.
España participa en satélites gubernamentales a través de Hisdesat, el operador de este tipo de infraestructuras, con los satélites Paz1 y NGI. Además, nuestro país forma parte de programas europeos de comunicaciones seguras (IRIS2), de labores de observación de la Tierra y de proyectos de investigación para dotar a la luna de conectividad a internet (proyecto Moonlight).
Además, una veintena de grandes firmas españolas, con gigantes bancarios y de consumo a la cabeza, se han unido al llamado Proyecto QKD. Su objetivo es permitir transacciones seguras, distribuyendo claves de cifrado imposibles de interceptar sin ser detectadas y anticipándose así ea la revolución tecnológica que supondrá la llegada de los ordenadores cuánticos.
l 99% de la población en España tiene acceso al 5G. Se trata, conforme a los últimos datos del Ministerio para la Transformación Digital, de una de las coberturas más alta de Europa. Se avanza así en el objetivo marcado por la Comisión Europea de conseguir conectividad tanto gigabit como 5G en todos los hogares en 2030.
El despliegue ha supuesto "más velocidad, más capacidad y mejor cobertura", explica José F. Monserrat, catedrático de la Universitat Politècnica de València. Coincide Miguel Sánchez, director general de DigitalES, quien valora positivamente esta primera etapa, en la que "el 5G está cumpliendo su primera gran misión" al proporcionar mayor capacidad y velocidad y mejor experiencia.
Pero eso no lo es todo. Ambos expertos matizan el alcance real de dichos indicadores. No significan, dice Montserrat, que todo el territorio vaya a tener exactamente la misma calidad, latencia o capacidad. De hecho, lamenta que no se han cumplido las expectativas de "la 5G revolucionaria del milisegundo y la conectividad de las cosas de la que se hablaba hace unos años, con latencias mínimas garantizadas, automatización industrial masiva y redes virtuales a medida". Aunque "como evolución del móvil, está cumpliendo, como transformación profunda de la industria aún está en el camino", matiza.
Sánchez recalca que el verdadero valor del 5G va mucho más allá de la velocidad o la capacidad. El informe Futuro de la conectividad (2025), de DigitalES, lo deja claro: "El 5G es la infraestructura que permitirá desplegar nuevos servicios industriales, sanitarios, energéticos o logísticos basados en la conectividad en tiempo real, la inteligencia artificial y la automatización".
El principal reto ahora es convertir esa conectividad en productividad, competitividad y nuevas oportunidades para las empresas españolas. La transición hacia el verdadero 5G (el 5G Standalone) ya está en marcha, pero Montserrat constata que no va a ser inmediata. De acuerdo con el último Informe de Cobertura de Banda Ancha del Gobierno español, esta cobertura alcanzaría ya al 98,1% de la población. En cualquier caso, tal como recuerda Sánchez, el salto cualitativo que necesita la industria aún sigue pendiente.
El 5G aún tiene otros muchos retos por delante. "Completar la extensión de sus capacidades más avanzadas exigirá seguir invirtiendo, optimizar el uso del espectro disponible y eliminar obstáculos administrativos que todavía ralentizan algunos despliegues", recuerda Sánchez. De hecho, los avances en regulación, claves para agilizar permisos, figuran entre los desafíos más urgentes. Y tampoco hay que olvidar el consumo energético, la ciberseguridad y la soberanía tecnológica.
Según Montserrat, "el reto más acuciante" es la inversión. Argumenta que existe una tensión estructural que afecta a los planes de inversión de los operadores móviles porque el ingreso medio por usuario no crece al mismo ritmo que el coste del despliegue.
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