Actualizado
El PSOE activó una operación de «desestabilización» de jueces, fiscales y guardias que investigaban al presidente del Gobierno sólo 16 horas después de que éste se recluyese en Moncloa y publicase su Carta a la Ciudadanía. Para el dispositivo se dedicaron fondos de la formación política de los que se beneficiaron, entre otros, Leire Díez, cabecilla operativa de la denominada cloaca, y el empresario Javier Pérez Dolset. La Guardia Civil cree que el PSOE utilizó recursos propios para intentar reclutar al ex comisario José Manuel Villarejo y acosar a la familia del magistrado del Tribunal SupremoManuel Marchena.
El cruce de la documentación aportada por la Unidad Central Operativa (UCO) con las agendas de Leire Díez y diversos testimonios recogidos por este diario ofrecen una cronología comprometida para el PSOE y el Gobierno. El 24 de abril de 2024, Sánchez conoció que su esposa, Begoña Gómez, adquiría la condición de «investigada», se recluyó en Moncloa y, a las 19.00 horas, publicó su misiva en X: «Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor. (...) Nunca he tenido apego al cargo. Sí lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público».
Una hora y media después, la cúpula del Gobierno y del PSOE se reunió en el complejo presidencial. Asistieron la ex vicepresidenta María Jesús Montero y los ministros Óscar Puente, Óscar López y Félix Bolaños. Por parte de Ferraz, acudió el secretario de Organización Santos Cerdán. Fuentes próximas al encuentro explicaron que la situación era de «conmoción» por el desconocimiento de lo que iba a hacer Pedro Sánchez.
Doce horas más tarde de que concluyese la cita, el PSOE tenía activados a Díez y Pérez Dolset y asumía sus gastos con fondos del partido, según la documentación que la agencia de viajes entregó a la UCO. En concreto, a las 11.26 del 25 de abril, bloqueó un billete de Iberia de Madrid a Bilbao para Díez a cuenta del PSOE.
Lo anómalo de la gestión provocó una desavenencia entre el PSOE y la agencia, que en un principio se negó a tramitar el pasaje de avión de la llamada fontanera. Una trabajadora de la empresa rechazó hacerlo porque la solicitud venía de la empleada de Ferraz Covadonga San Pedro Pascual, que no estaba autorizada por el partido. Sin embargo, a las 11.37 horas, el PSOE aclaró a la agencia en otro correo electrónico que era «una orden directa de Santos Cerdán». Esa cadena de mails ha sido aportada por la UCO al juez Santiago Pedraz.
24 horas después, el 26 de abril, el PSOE pagó el regreso de Díez a Madrid. «Me voy de urgencia a Madrid (...). Me manda Cerdán. Tengo información que ayudaría al presidente», confesó Leire a su socio en la trama de Sepi, Vicente Fernández. En esa jornada se produciría otra reunión clave en la sede de Ferraz y a la que asistieron, además de Díez, Santos Cerdán, Pérez Dolset, el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez Juan Manuel Serrano y Ion Antolín, entonces jefe de Comunicación del PSOE. La Guardia Civil también sitúa en la cita al entonces director adjunto del gabinete de Pedro Sánchez, Antonio Hernando, pero no está claro si estuvo en ella y en otra que se produjo en la jornada de después, el día 27.
A partir de ahí, el partido siguió costeando los viajes de Díez y Pérez Dolset en lo que el juez considera un operativo para «desestabilizar procesos judiciales». La Guardia Civil asigna a Cerdán un «papel directivo» y a Díez una «labor de dirección ejecutiva».
Uno de los traslados que pagó el PSOE -en un vuelo de ida y vuelta- fue el 26 de agosto de 2024 con «objeto el que Leire mantuviese un encuentro con Villarejo en Madrid», refleja la UCO. La fontanera dispuso también de un vehículo de alquiler pagado por el Partido Socialista.
La ex militante socialista ofreció al comisario explorar un pacto con la Fiscalía: esperaba obtener a cambio información sobre el juez Manuel Marchena. De hecho, en el ordenador intervenido a Cerdán hay un epígrafe titulado «incumplimientos» en el que se alude al magistrado del Tribunal Supremo. «IMPORTANTE: Villarejo tiene las pruebas que demostrarían la corrupción de Marchena», según recoge la Guardia Civil.
La UCO también se detiene en el abogado del ex comisario, Antonio García Cabrera, a quien se tomó declaración en calidad de testigo y de cuyo relato dudan los agentes. No creen que no estuviera en los encuentros entre su cliente y Díez, tal como el letrado les contó, porque «no resulta acorde con las evidencias» manejaban. Cabrera sí admitió que se reunió dos veces con Díez or «razones ligadas a la defensa de su cliente».
El «acercamiento» que la UCO atribuye a Díez con el comisario pivotaba sobre «la obtención de información con afectación a diversas personalidades, destacando entre ellas las fiscales, judiciales o policiales». A cambio de estas informaciones, se habría ofrecido a Villarejo beneficios en procedimientos judiciales, tal como recoge el informe.
En otro de los «incumplimientos» que anotó Cerdán se lee la siguiente frase: «Supuestamente el fiscal iba a llamar al abogado de Villarejo y esta llamada no se ha producido». El fiscal es César de Rivas con quien Díez intentó contactar «infructuosamente». La fontanera habría acudido a la Fiscalía General para concertar una reunión entre algún representante y el abogado Cabrera.
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理，仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。