En la nueva carrera espacial, con China y EEUU compitiendo por construir una base permanente en la Luna, la pregunta ya no es solo quién llegará primero, sino quién decidirá las reglas y cómo se aprovecharán sus recursos. Los planes de ambas potencias para construir asentamientos permanentes plantean un desafío jurídico internacional en lo que respecta a la propiedad de los cuerpos celestes. ¿De quién será la Luna? En teoría, de nadie. O, al menos, eso es lo que recogió con vocación universal el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 -también conocido como Tratado del Espacio Exterior-, que sigue siendo el principal marco jurídico del derecho internacional espacial.

Además de prohibir a cualquier gobierno la reivindicación de la soberanía de la Luna u otro cuerpo celeste al considerarse patrimonio común de la humanidad, se veta la colocación de armas nucleares o de destrucción masiva en la órbita de la Tierra, en la Luna o en cualquier otro cuerpo. Tampoco se permite realizar maniobras militares o establecer bases militares. Rusia lo ratificó y China lo firmó, pero no lo ha ratificado.

"El Tratado del Espacio Exterior es el texto más relevante que ha habido en materia espacial, puso las bases para la década de los 60 pero ya no sirve. Hay que hacer una nueva regulación porque la situación del espacio ahora es, en cierto modo, alegal. Era como cuando no existía una reglamentación para el CO2", sostiene Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española y presidente del Consejo de la ESA.

Además del texto de 1967, en las siguientes décadas se firmaron otros cuatro tratados: el Acuerdo sobre salvamento y devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre de 1968; el Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales de 1972; el Convenio sobre Registro de objetos lanzados al espacio de 1976; y el Acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes de 1979. Este texto, llamado también Tratado de la Luna, entró en vigor en 1984 pero no fue ratificado por Estados Unidos, Rusia o China.

Por otro lado, ni Rusia ni China se han adherido a los denominados Acuerdos Artemis que EEUU impulsó en 2020 con el objetivo de promover una exploración pacífica del espacio en beneficio de la humanidad. Paraguay se acaba de convertir en el país número 67 que se adhiere a este tratado político no vinculante jurídicamente y que se basa en el Tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967.

Los Acuerdos Artemis, firmados también por España, establecen principios de cooperación para futuras misiones de exploración y explotación civil con fines pacíficos en la Luna, en Marte y en cualquier cometa o asteroide del Sistema Solar. Su cumplimiento, sin embargo, es voluntario.

Por ello, en la práctica, la situación es ambigua y deja a la Luna en una suerte de limbo legal, abriendo el debate jurídico sobre cómo se explotarán los recursos que alberga -agua en forma de hielo, helio-3 y diversos minerales- y a quién pertenecen. Hace una década, por ejemplo, EEUU aprobó una polémica ley nacional que reconocía el derecho de sus ciudadanos a poseer los recursos de cuerpos celestes que exploten en el futuro.

Y ello, pese a que el Tratado del Espacio Exterior de 1967 establece que "la exploración y utilización del espacio ultraterrestre [...] deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico". Es interpretable si este texto veta o permite que un país o empresa que invierta en la tecnología necesaria para obtener esos recursos en la Luna pueda aprovecharse de ellos.

La ley europea del espacio

La propiedad de los recursos de los objetos celestes no es el único aspecto que se intenta regular. A medida que crece la economía espacial surgen muchas otras cuestiones sobre los lanzamientos, las redes de satélites, los servicios en órbita o la basura espacial. En ese sentido, Europa está actualmente elaborando la Ley Espacial de la UE (EU Space Act), propuesta por la Comisión Europea el pasado mes junio con el objetivo de impulsar el acceso al mercado de las empresas europeas, reducir la burocracia y reforzar la seguridad espacial.

Este texto legislativo no pretende reemplazar las leyes nacionales que regulen cuestiones vinculadas al espacio, sino armonizar la seguridad, la sostenibilidad (basura espacial) y la resiliencia (ciberseguridad) para que Europa funcione como un solo mercado espacial.

Según Juan Carlos Cortés, "hace falta también una ley mundial". Una regulación internacional ayudaría a que todos los países se comprometan a no generar basura espacial pues actualmente no hay obligación de establecer medidas para asegurar que los satélites se desintegren al final de su vida útil o se sitúen en una zona que no suponga un peligro para otros artefactos. "Nos preocupa mucho la sostenibilidad en el espacio. Ahora mismo hay 14.000 satélites y la cifra va a seguir incrementándose. Va a haber una saturación del espacio y hay que regular", señala Juan Carlos Cortés.

España, por su parte, también está desarrollando su propia ley espacial. Según Cortés, se trata "de una ley muy compleja, pues hay que regular muchos aspectos", y "está totalmente alineada con la ley europea que se está discutiendo".

"En España necesitamos una ley espacial para dar seguridad jurídica porque nuestro país ha cambiado mucho. Ahora hacemos satélites, los operamos, tenemos un lanzador y eso nos obliga a tener un marco jurídico que dé coherencia a todo ello", argumenta el máximo responsable de la Agencia Espacial Española.

No todos los países europeos cuentan con una ley espacial nacional. Actualmente la tienen 13 naciones, entre las que figuran Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido o Bélgica. También cuentan con ella Estados Unidos, China, Japón, Rusia y Emiratos Árabes Unidos.

"La posición de España aconseja tenerla porque somos la cuarta economía en el espacio y nuestro papel es muy relevante. Tenemos un sector espacial muy activo, dos operadores de satélites y la necesitamos", resume Cortés.