Tras expandirse por Venezuela, Colombia, México, Brasil, Argentina y Estados Unidos (donde bajo la administración de Donald Trump fueron calificados como «organización terrorista extranjera»), el Tren de Aragua lucha por implantarse en España mediante el tráfico de drogas, robos y extorsiones. La última muestra de ese intento de asentamiento la ha destapado la Policía Nacional con la detención de seis presuntos integrantes de la organización, acusados de formar parte de una estructura especializada en asaltos violentos a viviendas y apartamentos turísticos de lujo en Madrid y otras localidades.

La investigación sitúa entre sus víctimas al empresario Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain y socio de Alvise Pérez, que en agosto de 2025 fue asaltado en su vivienda de una urbanización privada de San Sebastián de los Reyes. Cinco hombres armados irrumpieron de madrugada en la casa, le maniataron junto a su pareja con bridas y cinta adhesiva y les obligaron a realizar transferencias de criptomonedas mientras registraban la vivienda en busca de relojes, joyas y dinero.

Aquel golpe fue el origen de una investigación que ahora ha permitido desarticular una célula presuntamente vinculada al Tren de Aragua. Según la Policía, los detenidos no actuaban como delincuentes improvisados. Los investigadores describen una organización estructurada, con reparto de funciones y planificación previa.

«Habían preparado un comando de asalto perfectamente establecido», explicó uno de los responsables policiales del caso. Según detalló, mientras parte del grupo accedía a las viviendas y reducía a las víctimas, otros miembros permanecían en el exterior vigilando posibles movimientos policiales y asegurando la huida. «Estaban controlando en todo momento la posible llegada de fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar el éxito», señaló.

Los agentes sostienen que los asaltantes podían permanecer hasta cinco horas dentro de una vivienda. Durante ese tiempo, las víctimas eran inmovilizadas, amenazadas y obligadas a entregar dinero, joyas o claves de acceso a sus cuentas. «Asumían un riesgo importante, para lo cual necesitaban tener controladas todas las posibilidades de que llegasen las fuerzas y cuerpos de seguridad», explicó el mando policial.

La investigación ha permitido atribuir al grupo al menos tres robos violentos. En dos de ellos, las víctimas permanecieron amordazadas y atadas de pies y manos durante horas. En un tercer asalto, cometido en un apartamento turístico, uno de los autores llegó a disparar a la víctima en el rostro después de que esta opusiera resistencia. El hombre sufrió lesiones de gravedad y estuvo en riesgo real de perder la vida.

La Policía también destaca el material utilizado por el grupo: armas de fuego, inhibidores de frecuencia, placas de matrícula falsificadas y elementos destinados a ocultar la identidad de los asaltantes. «Se toman sus actuaciones con cierta seriedad y siempre tratan de obtener ventaja con respecto a sus posibles víctimas y sobre todo con respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad», explicó el responsable policial. Preguntado directamente sobre si podían considerarse profesionales, respondió con una sola palabra: «Sí».

La operación supone un nuevo capítulo en la batalla de las fuerzas de seguridad contra una organización criminal nacida a miles de kilómetros de España, en la prisión venezolana de Tocorón.

Aquella cárcel, situada en el estado de Aragua, se convirtió durante años en el auténtico cuartel general del grupo. Cuando las autoridades venezolanas recuperaron el control del penal en septiembre de 2023, descubrieron unas instalaciones que parecían más propias de una urbanización privada que de una prisión. Dentro había una piscina al aire libre, una discoteca llamada Tokio, restaurantes, bares, un parque infantil, un zoológico con animales exóticos, casas de apuestas, tiendas, un campo de béisbol y cajeros automáticos. En su interior se celebraban conciertos, ferias, rifas y peleas de gallos.

Algunos presos se desplazaban por el penal en motos de alta cilindrada, resultaba habitual ver a internos pasear con fusiles de asalto y cuando el ejército logró retomar el control hallaron un arsenal de armas de guerra con ametralladoras pesadas, granadas y lanzacohetes. Las investigaciones posteriores revelaron además la existencia de túneles que permitían a determinados miembros de la organización entrar y salir del recinto con libertad.

Desde esa base, el Tren de Aragua se expandió por buena parte del continente americano hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más conocidas de la región.

España apareció en su radar hace ya dos años. En 2024, la Policía Nacional detuvo a 13 presuntos integrantes de la que fue considerada la primera célula asentada en territorio español. Entre ellos figuraba el hermano de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder histórico de la organización. Aquella operación permitió desmantelar dos laboratorios dedicados a la fabricación de tusi y destapó una estructura dedicada al tráfico de drogas con presencia en varias provincias españolas.

La presión policial sobre el Tren de Aragua en España no es nueva. En los últimos dos años, las fuerzas de seguridad han asestado al menos dos golpes relevantes contra la organización. El más reciente se produjo el pasado jueves en Madrid, donde agentes de la Policía Nacional arrestaron a Luis José R. R., alias Mamera, de 30 años, considerado por las autoridades peruanas uno de los principales responsables de Los Gallegos, una de las facciones más violentas vinculadas a la banda venezolana. Sobre él pesaba una notificación roja de Interpol por presuntos delitos de organización criminal, homicidio, extorsión y tráfico de drogas cometidos en Perú. La detención confirmó que miembros destacados de la estructura criminal han tratado de utilizar España como refugio mientras la organización expande su actividad fuera de América Latina.