El Consejo de Ministros aprueba la actualización de las entregas a cuenta de 2026 por tercera vez, ya que las dos primeras no fue convalidada en el Parlamento
El ministro de Hacienda, Arcadi España, este martes en la rueda de prensa del Consejo de MinistrosEFE
Actualizado
El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un real decreto-ley para actualizar las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos, etc.), que subirán un 7,7% en 2026, una medida que ve la luz en plena crisis política pero que tendrá que ser convalidad en el Parlamento, después de haber sido rechazada dos veces en el Congreso.
Además, según ha explicado en rueda de prensa el ministro de Hacienda, Arcadi España, el Gobierno ha dado luz verde también a que las corporaciones locales que tuvieran superávit en 2025 puedan destinarlo a inversiones "financieramente sostenibles" en las que por primera vez se incluirán las dedicadas a vivienda que se realicen este año y los cuatro siguientes.
En concreto, se transferirán 157.731 millones de euros en concepto de entregas a cuenta a las comunidades autónomas, un 7% más que el año anterior, y si se suma la liquidación pendiente de hace dos años recibirían en total más de 170.300 millones de euros, un 7,7% más y "la cifra más alta de la historia", ha destacado el ministro, quien ha destacado que sería una financiación un 64% más alta que la recibida en el año 2018, el último del Gobierno del PP de Mariano Rajoy.
Las entidades locales, por su parte, recibirían 29.200 millones, un 8,8% más que el año anterior y un 67,5% más que en 2018.
"Es la tercera vez que actualizamos las entregas a cuenta. La primera fue en diciembre y la segunda en febrero y no fueron convalidados en el Congreso. Espero que el PP reflexione y convalide una medida que es buena para las entidades locales y las comunidades y que ha sido reclamada por ellas (...) Pido al señor Feijoo que apoye al menos a sus comunidades autónomas y apoye unas medidas que son buenas para el conjunto del sistema y los ciudadanos", ha apuntado.
La aprobación de este real decreto-ley en el Consejo de Ministros se produce en plena crisis política del Gobierno, con claras señales de debilidad ante los casos de presunta corrupción que le acechan y un apoyo en cuestión de sus socios parlamentarios.