La inmigración es uno de los asuntos más espinosos de Alemania. El país alberga a más de tres millones de refugiados y personas bajo protección internacional, entre ellos más de un millón de ucranianos y cerca de un millón de sirios llegados durante la crisis migratoria de 2015, cuando Angela Merkel abrió las fronteras a quienes huían de la guerra y del colapso humanitario en Siria. Pero la contestación que marcó aquellos años ha dejado las calles para instalarse en las urnas, el Parlamento, los tribunales y el Ministerio del Interior. Uno de los detonantes de ese cambio fueron los apuñalamientos mortales de Mannheim, Solingen y Aschaffenburg.

En dos de esos casos, las autoridades habían rechazado previamente las solicitudes de asilo de los agresores o habían decidido que debían abandonar Alemania. La exigencia de un mayor control de la inmigración y de más seguridad dejó así de ser patrimonio casi exclusivo de la ultraderecha para convertirse en una demanda transversal, alimentada por las dudas sobre la capacidad del Estado para ejecutar expulsiones y hacer cumplir sus propias decisiones migratorias.

A ello se suma una población irregular difícil de cuantificar. Según los últimos datos de Eurostat, las autoridades alemanas detectaron en 2024 cerca de 250.000 personas sin permiso de residencia o estancia legal, la cifra más elevada de toda la Unión Europea y alrededor del 27% del total registrado en el conjunto comunitario.

El cambio en la política migratoria se percibe con claridad desde la llegada al poder de los conservadores de Friedrich Merz, que gobiernan en coalición con el Partido Socialdemócrata. El nuevo Ejecutivo —en el que figuras especialmente duras en materia migratoria, como el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, desempeñan un papel central— ha situado el endurecimiento migratorio en el centro de su acción de gobierno: más controles fronterizos, más devoluciones y una política de deportaciones más agresiva. Alemania mantiene controles en sus fronteras con Polonia, República Checa, Austria y otros países vecinos, una medida que hace apenas unos años habría resultado difícil de imaginar en el corazón del espacio Schengen. Responde así no solo a una creciente demanda social de mayor control y seguridad, sino también a uno de los principales argumentos que durante años impulsó el avance electoral de Alternativa para Alemania.

Alemania deportó el pasado año a más de 20.000 personas, la cifra más elevada de los últimos años. Se han reanudado los vuelos de expulsión a Afganistán y ampliado las deportaciones de delincuentes condenados a sus países de origen. Paralelamente, el Gobierno ha impulsado medidas para reducir el atractivo del país como destino migratorio. Los nuevos refugiados ucranianos, por ejemplo, ya no reciben automáticamente las mismas ayudas sociales que hasta ahora, una decisión que el Ejecutivo justifica por la necesidad de reducir incentivos y limitar el llamado efecto llamada.

El endurecimiento alcanza también al discurso político. Esta primavera, tras recibir con honores de Estado al presidente interino sirio, Ahmed Sharaa, Merz afirmó que alrededor del 80% de los más de 900.000 sirios residentes en Alemania deberían regresar a su país en los próximos años para participar en su reconstrucción. Berlín impulsa además, junto a otros socios europeos, una ampliación de la lista de países considerados seguros para acelerar la tramitación de solicitudes de asilo y facilitar las devoluciones, y ha suspendido la vía rápida hacia la nacionalidad alemana introducida por el anterior Gobierno, que permitía a determinados extranjeros obtenerla tras cinco años de residencia.

Tras una década de acogida masiva, el debate migratorio alemán ha cambiado de naturaleza. La pregunta dominante ya no es cuántas personas puede recibir el país, sino quién puede quedarse, quién debe marcharse y cómo evitar que Alemania siga siendo percibida como el destino más atractivo para quienes buscan un futuro mejor en la UE.

Y la situación es esa misma Unión Europea es muy similar a la que se está produciendo en Alemania. El endurecimiento de las políticas de inmigración ha sido muy notable y, además, medianamente rápido para los estándares europeos. Y la mayor evidencia de ello es que comenzó siendo una excepción extremista, los centros de deportación de Giorgia Meloni, está a punto de convertirse en una norma. Ya sólo quedan los últimos pasos para que los puntos de retorno, a los que los países podrán enviar a los inmigrantes, se aprueben definitivamente después de que en 2024 los países le pidiesen a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, "soluciones innovadoras".

Únicamente España se ha mostrado activamente en contra de los centros de retorno. El reto de países, o los han apoyado fervientemente o han preferido mantenerse en un discreto segundo plano. Es probable que cuando se vote en el Consejo de la UE, seguramente antes de verano, se constate que hay más Estados miembros que los rechazan. Pero muy probablemente saldrá adelante.

Y antes de todo esto, mañana mismo de hecho, ya entrará en vigor el Pacto Migratorio y de Asilo, que forma parte de la misma reforma que el Reglamento de Retorno y los centros de deportación. Esta norma provocará, entre otras cosas, un endurecimiento de las normas en frontera para las personas que solicitan asilo. Esto es, que entre menos migrantes en la UE y se eviten posibles retornos posteriores.

También se impondrá un nuevo sistema biométrico más estricto en el que se recopilarán huellas dactilares y riesgos faciales, y existirá asimismo un nuevo modelo de reubicación de inmigrantes dentro de la propia UE. Esto, sin embargo, se antoja complicado que se lleve a cabo tal como está definido ya que habrá no pocos países que van a hacer todo lo posible para no aceptar a ninguno. Porque Europa ya no quiere inmigrantes, o no por lo menos al nivel que los recibía hasta ahora.