El área que más vigilan los tribunales ya no dependerá de la imputada Ana María Fuentes, aunque Ferraz la mantiene en la gerencia
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, conversa con la presidenta del partido, Cristina Narbona, durante la reunión de la Ejecutiva Federal de este lunesEFE
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El PSOE retira a la gerente del partido, Ana María Fuentes, la dirección de una oficina clave en cualquier proceso que pueda sufrir el partido de imputación judicial: la de Cumplimiento Normativo.
Fuentes dirige actualmente la llamada Oficina de Cumplimiento Normativo, pese a que ella misma se encuentra investigada judicialmente por su presunta colaboración con la trama de Santos Cerdán, pero dejará de depender de ella e incluso desaparecerá de su organigrama, según se desprende de los anuncios realizados este lunes por la dirección del PSOE.
Este departamento es clave para los tribunales a la hora de calibrar si una entidad cuenta con mecanismos suficientes para evitar, en lo posible, casos de corrupción interna y el hecho de que siga bajo dirección de una persona imputada, como es Fuentes, no favorece la defensa del PSOE, según expertos jurídicos consultados. Eso no supone que Fuentes salga de la gerencia, el control de las cuentas, porque el partido mantiene su respaldo a esta ex diputada andaluza de confianza de Cerdán, pero sí disminuir su poder.
«La Oficina de Cumplimiento Normativo del PSOE está dirigida por Ana María Fuentes, la directora gerente, conforme a la normativa interna del PSOE. No obstante, tenemos prevista una modificación de esa normativa que se llevará al Comité Federal», señala un portavoz a este diario.
La propia secretaria de Organización, Rebeca Torró, no entró en este detalle en su rueda de de prensa de este lunes, pero sí aseguró que se dará cumplimiento «al 100%» a las 13 medidas que anunció Pedro Sánchez, el pasado año para lo que llamó la «regeneración» del partido tras la caída de Cerdán. Y, entre ellas figuraba que la Oficina de Cumplimiento Normativo pase a depender directamente de la Comisión Ejecutiva Federal y no de la gerente como hasta ahora. La propia Ejecutiva presidida este lunes por Sánchez y Cristina Narbona escuchó ayer el planteamiento de Torró.
En el PSOE no vinculan este cambio y su anunciado «fortalecimiento» de la autonomía de este departamento de compliance a las investigaciones judiciales en curso, sino a que era una medida ya prevista. Sin embargo, no se ha ejecutado en el último año desde que la anunciara Sánchez el 5 de julio de 2025.
Ahora sí se prevé que el Comité Federal del PSOE apruebe la modificación necesaria en la normativa interna el día 27. Este movimiento coincide con el ansia mostrada este lunes por el partido en resaltar las bondades de su sistema de cumplimiento normativo, como si temiera que este flanco le conduzca a la políticamente explosiva situación de imputación del PSOE como persona jurídica. «Se han llevado a cabo una serie de iniciativas con el objetivo de situar al PSOE a la vanguardia de partidos políticos en España en materia de cumplimiento, control, transparencia y rendición de cuentas», según un documento distribuido en Ferraz.
Entre ellas, «el refuerzo de la cooperación interna de la Oficina de Cumplimiento con otros órganos del partido y la dirección-gerencia con el objetivo de consolidar una verdadera cultura de cumplimiento basada en la legalidad, la transparencia, la responsabilidad individual y colectiva». Así lo afirma el PSOE admitiendo implícitamente que tan obvia cultura no está aún consolidada en el partido en el poder.
Esta oficina de cumplimiento ha sido dirigida por Fuentes desde su creación en 2018, pero en la dirección de este área ya no figurará quien desempeñe la gerencia, según el documento de Ferraz. Tendrá un director propio y, en su comité, figurará también el director de la asesoría jurídica y, si es necesario, «podrán participar personas externas independientes».
Todos estos cambios en un partido en el que, en la etapa de Fuentes, se han falseado, según el juez, facturas para pagar a la trama. Además, se ha doblado el uso de efectivo y se han batido récords de gasto en proveedores con dinero público. «Entendemos que no hay causa para imputar al PSOE», defendió Torró. Quizá ya demasiado tarde.