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El Gobierno desvi� al menos otros 8.500 millones de euros de partidas previstas con fondos europeos para destinarlos al pago de pensiones, ingreso m�nimo vital, otros gastos sociales e incluso aportaciones a Correos. As� aflora en la relaci�n de "expedientes de modificaciones presupuestarias" remitida por Hacienda al Congreso de los Diputados a la que ha tenido acceso EL MUNDO. Son las realizadas, seg�n el Ministerio, por la situaci�n de pr�rroga de los Presupuestos de 2023 en vigor.
Esta cifra se une a los 2.389 millones ya detectados por el Tribunal de Cuentas en 2024 y supone que la falta de presupuestos dispara el uso de esta ingenier�a financiera con los fondos europeos y que s�lo en dos a�os la reasignaci�n suma 10.000 millones como m�nimo. El Gobierno no aclara otros 3.000 millones adicionales para pensiones de funcionarios en 2025 que podr�an haber sido financiados tambi�n por esta v�a.
Se acelera as� el uso de las transferencias de Bruselas para gastos corrientes aprovechando la dificultad y el retraso en la ejecuci�n de los fondos. En 2025, el enjuague pr�cticamente cuadriplica el de 2024 que es el �ltimo fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. El Gobierno alega que no hay nada ilegal en esta t�cnica y que el Plan de Recuperaci�n, Transformaci�n y Resiliencia (PRTR) acordado con la UE se terminar� cumpliendo en todo caso.
La ingenier�a consiste en dar de alta un gasto corriente que necesita el Gobierno y, para que sea posible financiarlo en las cuentas prorrogadas, proceder a dar de baja otro asignado al llamado Mecanismo de Recuperaci�n y Resiliencia (MRR) de la UE con el argumento de que no hac�a falta gastarlo a�n ese a�o.
Una gran partida resuelta con este apa�o presupuestario es la decisi�n del Consejo de Ministros del 8 de julio de 2025 de reforzar con 2.984 millones el sistema de la Seguridad Social �en cumplimiento del Pacto de Toledo�. �Es necesario incrementar la dotaci�n de cr�dito existente para el ejercicio 2025 para hacer frente a las transferencias del Estado al presupuesto de la Seguridad Social�, anunci� el Gobierno sin desvelar, al carecer de Ley de Presupuestos, de qu� partida echaba mano para ese dinero. Finalmente, lo que hizo la ministra de Hacienda de la �poca, Mar�a Jes�s Montero, fue dar de baja partidas millonarias previstas con cargo al citado MRR.
Montero recurri� sobre todo a fondos europeos previstos para el Instituto para la Diversificaci�n y Ahorro de la Energ�a (IDAE) para �incentivos a la instalaci�n de puntos de recarga o a la adquisici�n de veh�culos el�ctricos�, �el desarrollo de energ�as renovables innovadoras� o �el despliegue del almacenamiento energ�tico�.
Otro ejemplo es el acuerdo del Consejo de Ministros de ese mismo d�a por el que se acord� destinar 1.327,8 millones para �los complementos de pensiones m�nimas del Sistema de la Seguridad Social�. Esta inyecci�n supuso dar de baja en la misma cuant�a dos expedientes previstos para �Apoyo a Proyectos Estrat�gicos para la Transici�n Industrial�.
Un caso similar son los 1.300 millones aprobados tambi�n el pasado a�o para �la financiaci�n del Ingreso M�nimo Vital�. Montero retir� el grueso, 928 millones, tambi�n de la misma partida mencionada para la transici�n industrial, pero tambi�n ara�� cerca de 100 millones del llamado Perte de Econom�a Circular y de fondos europeos para �competencias digitales transversales�previstos para comunidades aut�nomas. Incluso aplic� un tajo de 4,25 millones de un proyecto financiado por la UE para �la implementaci�n de un sistema de predicci�n de la calidad de aire� en el Centro de Supercomputaci�n de Barcelona. As� pudo reunir los 1.300 millones que requer�a el Ministerio de Inclusi�n de Elma Saiz.
Seg�n el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Hacienda no ha justificado suficientemente la base legal para hacer estos enjuagues y, de acuerdo con varios de sus consejeros, es una irregularidad, porque la normativa no lo permite. La Ley de Pr�rroga de los Presupuestos de 2023, que son los �ltimos aprobados, impide mover partidas de fondos europeos fuera de las previstas para el Mecanismo de Recuperaci�n y Resiliencia, que es el que reparte m�s de 100.000 millones de fondos europeos a Espa�a. Eso lo defienden no s�lo los consejeros a propuesta del PP, sino una nombrada en la cuota del PSOE, Isabel Rodr�guez. El resto del bloque gubernamental afean el uso sin ser tan rotundos sobre su irregularidad.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, argumenta en sus alegaciones al Tribunal de Cuentas que es l�cita esta operaci�n, por considerar que la normativa �en ning�n caso impide que esos cr�ditos [previstos para el Mecanismo de Recuperaci�n y Resiliencia] puedan ser financiadores de expedientes de modificaciones de cr�dito con destino a otros programas del Presupuesto del Estado�. Pone como ejemplo que el uso para pagar pensiones de funcionarios jubilados en 2024 �correspond�a a cr�ditos sobrantes del Ministerio de Industria� que, a juicio de Hacienda, no necesitaba ese a�o para cumplir con la UE.
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