Actualizado Miércoles, 24 junio 2026 - 22:38

En 2025, una multinacional neerlandesa planteó una inversión de 350 millones de euros en la provincia de Soria, con el objetivo de generar 1.100 empleos, lo que hubiera tenido un impacto directo en pequeños pueblos como Almarza, Quintana Redonda, Tardelcuende o Berlanga. A día de hoy, el proyecto se encuentra sin realizar, aunque no está desestimado, por la dificultad que la empresa ha encontrado para alojar a esa nueva población trabajadora: la falta de oferta residencial ha provocado que esta gran inversión destinada a la España vaciada se quede en el limbo.

Encontrar una vivienda de alquiler en una gran urbe, como Madrid o Barcelona, es cada vez más difícil. De primeras, es lógico imaginar que en los pequeños pueblos de España este problema desaparece, pero todo lo contrario: más de la mitad de las personas que intentaron alquilar una vivienda en un pueblo de menos de 1.000 habitantes acabaron fracasando al no encontrar opciones, según el estudio publicado por la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Tierras del Jiloca y Gallocanta, en 2020. El dato contrasta con la gran cantidad de viviendas en desuso: 3,8 millones, el 14% del total del parque español de vivienda, según los últimos datos del Ine.

La dificultad de alquilar no se debe a unas buenas cifras de ocupación, sino a una falta de oferta, como en las grandes ciudades. De hecho, cuanto más pequeño es el pueblo, más residencias están vacías, pese a la incapacidad de conseguir una vivienda en alquiler. En los municipios de menos de 100 habitantes, el 70% de las viviendas están vacías o se usan muy ocasionalmente, en los pueblos de entre 100 y 500 personas, esta proporción es del 57%: en resumen, más del 30% del parque de vivienda de los municipios de menos de 1.000 habitantes está en desuso, según el informe Poblaciones en peligro del Observatorio del Alquiler.

Todo ello se traduce en una pérdida de acceso a los servicios básicos para los vecinos de estas localidades. Es el caso de Ana Ballester. Vive en una villa de Castielfabib (Valencia) que tiene menos de 100 habitantes. Es madre de dos hijos de 8 y 11 años, uno con diversidad funcional, que están matriculados en un Colegio Rural Agrupado (atiende a los niños de diferentes edades y de siete pueblos distintos, dividiéndose físicamente en tres "aularios"). Ballester explica a este periódico la dificultad para cubrir las plazas del profesorado: "Hay muchas bajas continuadas y cuesta cubrirlas después. Ha habido años que, bien entrado octubre, aún existía la incertidumbre de quién iba a dar clase a nuestros hijos".

En cuanto a las consultas médicas, Ballester explica que su acceso a urgencias, de momento, es bueno, pero que últimamente la amenaza de quedarse sin él planea sobre las cabezas de los integrantes de la comarca a la que pertenece la villa en la que vive, el Rincón de Ademuz (Valencia). Estas son las consecuencias de la espiral de empobrecimiento territorial que se inició con el éxodo rural hacia las grandes ciudades: cuanto menos acceso se tiene a servicios básicos, menos personas quieren residir en los pequeños pueblos, lo que provoca que haya menos recursos para pagar la sanidad pública y que haya menos niños para llegar al cupo mínimo de los colegios.

De hecho, en 2023, la cifra total de centros de salud y consultorios en España cayó a 13.075, marcando el mínimo en 12 años, tras tres ejercicios consecutivos de descensos. En la última década, han cerrado más de 250 escuelas en toda España, la inmensa mayoría ubicadas en zonas de caída demográfica y dedicadas a infantil y primaria. Y en cuanto a los bancos, entre los años 2008 y 2021 alrededor de 900 municipios perdieron su última sucursal bancaria, siendo el 96% de ellos, rurales.

De esta forma, se produce el bloqueo del crecimiento demográfico de los pueblos, que podrían revitalizarse si fueran capaz de absorber la demanda de vivienda de aquellos que huyen de los altos precios de los grandes núcleos de población. Así lo cuenta Alba María Martínez, una joven periodista autónoma que lleva años viviendo en Torrebaja, un municipio valenciano de 400 habitantes, también perteneciente al Rincón de Ademuz: "Cada vez más gente joven quiere venir, pero nunca llegan porque directamente no hay casas".

Ballester, además de madre de dos hijos, es agente de desarrollo local en el ayuntamiento de Castielfabib. Una de sus funciones es trabajar para que las personas que no tienen ningún vínculo con la zona del Rincón de Ademuz encuentren una solución habitacional. Es ella misma la que explica que "hay un porcentaje muy elevado de casas vacías que llevan cerradas muchísimos años". El paso del tiempo ha provocado que muchas de ellas no estén acondicionadas para la residencia de inquilinos, lo que constituye otro problema a la hora de encontrar la tan ansiada residencia: "Estamos consiguiendo poner algunas viviendas en alquiler aconsejando a los propietarios que los gastos de esas reformas los sufraguen los inquilinos, a cambio de varios meses de carencia de del alquiler", explica a EL MUNDO.

Si hay casas vacías, ¿por qué no se alquilan?

El informe del Observatorio del Alquiler detecta cinco motivos por los que los propietarios de estas viviendas deciden no incluirlas en el mercado inmobiliario: inseguridad jurídica relacionada con la posibilidad de sufrir impagos u okupación, viviendas que son heredadas por varios hermanos y no son capaces de ponerse de acuerdo para alquilar o vender, apego emocional de los propietarios a dichas residencias, baja rentabilidad y deterioro o mal estado de la propiedad, con unos altos costes de rehabilitación.

Este último caso es el de José Ferrer, un prejubilado de 61 años que vive en el pueblo de Fonz (Huesca). Esta pequeña localidad oscense, de la que Ferrer fue alcalde durante 12 años, cuenta con algo menos de 1.000 habitantes. El ex alcalde tiene una vivienda en propiedad en el pueblo, pero renuncia a ponerla en alquiler por los altos costes que suponen una rehabilitación: "Tendría que invertir en torno a los 150.000 euros para poder acondicionarla, porque es Bien de Interés Cultural. No vale con una reforma de pladur y aluminio, que sería más barata", explica en conversación con este periódico.

Los bajos precios de alquiler de la zona disuaden completamente a Ferrer de introducir esta propiedad en el mercado inmobiliario. Explica que con el dinero que tiene que gastarse en esa rehabilitación, podría comprarse otra casa en cualquier otro sitio de la zona, y que para "400 o 500 euros mensuales que cobraría" a sus inquilinos es completamente imposible plantearse la inversión.