Esta es la historia de un emprendedor de éxito al que vamos a llamar Raúl. Alguien que parecía un producto fascinante diseñado para uno de esos canales de YouTube que tanto triunfan entre los jóvenes que describen un éxito súbito en los negocios inmobiliarios o en inversiones en criptomonedas. Se trataba de un universitario de 26 años con estudios en Empresariales y Marketing que había montado una empresa de nutrición con una marca llamada IberoSarm que el año pasado facturó 1,7 millones de euros.

Con mucho dinero en su cuenta, Raúl decidió independizarse de casa de sus padres. Lo hizo sin abandonar su perfil discreto, casi monacal, muy lejos del exhibicionismo de los triunfadores digitales que presumen en sus vídeos de reloj de gama alta, piscina y coche deportivo. Este joven se alquiló un piso en un barrio madrileño de clase media y siguió desplazándose en un viejo Peugeot 309.

El marketing del negocio de Raúl se basaba en una agresiva estrategia de publicidad liderada por Rod Montana, un polémico youtuber cuyos vídeos más virales consisten en dar consejos machirulos para ligar con mujeres y asesorías para ponerte cachas.

Todo parecía ir bien para IberoSarm hasta el mes de mayo, cuando se produjo su colapso. No fue debido al precio del petróleo provocado por la guerra de Irán ni por el riesgo de desaceleración económica detectado en la Eurozona, sino por un golpe ejecutado por la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Resulta que IberoSarm, en realidad, era un entramado clandestino de una potentísima red de tráfico de medicamentos que controlaba en España la distribución de Moduladores Selectivos de los Receptores de Andrógenos (SARM, en sus siglas en inglés). Hablamos de unas sustancias químicas con efectos similares a los de la testosterona y los esteroides anabolizantes que cada vez son más populares en determinados circuitos de gimnasios. Aunque originalmente fueron creados como medicamentos, hoy en día los SARM están prohibidos para el uso humano debido a sus graves riesgos para la salud, con efectos como la atrofia testicular y la impotencia.

«Su aceptación en las nuevas generaciones se debe a que no se pinchan ni se toman en pastillas, sino que se ingieren en gotas mediante un dosificador», explica Miguel Ángel Marcos, miembro de la Unidad Técnica de la Guardia Civil especializado en el tráfico de medicamentos. «Estos delincuentes los vendían a través de las redes sociales como anabolizantes sin efectos secundarios que amplían la masa muscular y reducen el cansancio, lo que por supuesto era mentira. No olvidemos que se trata de sustancias cuyo impacto real en la salud todavía no ha sido debidamente estudiado».

El funcionamiento de la red de Raúl se dedicaba a comprar el principio activo en el extranjero, concretamente en China, Bulgaria y Turquía, países con mucho menos control sanitario que España, y traían la mercancía por carretera en formato polvo. En un laboratorio local lo mezclaban con excipientes, envasaban el contenido en goteros y lo distribuían. Raúl había conseguido controlar casi todo el mercado nacional de SARM.

Esta operación policial es una nueva prueba del desconocido mundo subterráneo que esconde el tráfico ilícito de fármacos, un negocio que mueve más dinero a nivel global que la cocaína, la prostitución y el tabaco de contrabando. Según un informe de The Pacific Research Institute de 2020, sus ventas alcanzan anualmente un valor estimado en 200.000 millones de dólares.

«Es necesario que la gente y los medios de comunicación sean conscientes de lo que genera esta actividad delictiva. Un periodista enseguida escribe una noticia si se requisan cinco kilos de cocaína, pero cuando hablamos de viales y dosis de medicamentos, aunque sean grandes cantidades, no interesa», dice Marcos.

La OMS presenta un diagnóstico inquietante: la mitad de los medicamentos comprados en sitios web que ocultan sus direcciones físicas son falsos y la situación en muchos países subdesarrollados, incapaces de luchar contra las mafias, no deja de empeorar. Sólo en África uno de cada 10 fármacos en circulación resulta ser fraudulento y hay muchos antibióticos y medicamentos contra el cáncer de etiquetado truculento.

En los países ricos el problema es diferente, la amenaza se centra en una medicina que no es de supervivencia, sino de modo de vida. La agencia de cooperación policial de la UE, Europol, plasmó esta inquietud en un informe reciente: «Se prevé que este fenómeno sea generalizado y que el constante aumento de la demanda genere oportunidades continuas para el crimen organizado».

El ranking de medicamentos más pirateados en España lo encabezan los potenciadores sexuales, que son importados de laboratorios chinos e indios; le siguen medicamentos adelgazantes de la familia Ozempic; la codiciada toxina botulínica procedente de Asia, con Corea del Sur como principal productor; medicamentos dopantes; psicotrópicos que incluyen las gamas de antidepresivos y ansiolíticos que salen de las farmacias con fines ilegales para el mercado negro nacional o para venderse en el Norte de África; y, por supuesto, los citados SARM incautados a Raúl.

Para combatir el tráfico, Marcos y los demás vigilantes del medicamento -fuerzas policiales, Ministerio de Sanidad, las consejerías del ramo y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) - rastrean las redes sociales en busca de claves que lleven a laboratorios clandestinos y aduanas contaminadas. Todo en busca de actores del contrabando y la piratería muy distintos entre sí: mafias, países indolentes respecto a la persecución del crimen, farmacéuticos corruptos que desvían medicamentos del circuito legal y usuarios irresponsables que incumplen la ley cuando compran por internet productos que exigen receta sin disponer de ella.

El trabajo policial no tiene la espectacularidad de una redada en la que se requisan fardos de coca, armamento pesado o se descubre en un sótano a mujeres explotadas sexualmente viviendo en condiciones infrahumanas. Las imágenes de los vídeos de sus operaciones muestran estanterías y cajas de cartón desordenadas con miles de pastillas que se tardan muchas horas en catalogar, laboratorios que parecen hijos bastardos del Quimicefa y clínicas para inyectarse bótox pirata que tienen más apariencia de piso de estudiantes que de centro hospitalario del primer mundo. El peligro está empaquetado.

La principal amenaza que presenta este negocio es el riesgo para la salud, ya que es frecuente encontrar en los análisis periciales una dosis con un ingrediente incorrecto, que incluya un componente tóxico que no contemplaba el medicamento original o que provoca indirectamente reacciones peligrosas en el cuerpo, como puede ser la resistencia a los antimicrobianos. Por ello la desconfianza ha de ser total. Casi lo mejor que le puede pasar al consumidor es que la droga clandestina sea, sin más, completamente ineficaz.

«Conocí a una mujer a la que habían inyectado un bótox adulterado», cuenta Marcos. «Desde entonces sufre migraña crónica y su vida es un infierno». Según Naciones Unidas, medio millón de personas murió el año pasado en todo el mundo por la toma de fármacos falsificados.

En 2025, en España hubo 100.000 intentos de estafa de farmacias ilegales, dedicadas principalmente a la venta online de fármacos de la familia Ozempic que contienen semaglutida y la Viagra. «El comprador ante una pantalla de ordenador tiene una menor percepción del riesgo cuando adquiere estos medicamentos», explica Lucía Ferrero, destinada en Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta en el Grupo Antidopaje de la Policía Nacional.

Las ventas virtuales sin control suponen, además de los riesgos médicos, pérdidas económicas muy importantes, tanto para las tesorerías de los sistemas sanitarios como para las compañías farmacéuticas. Eso sin olvidar el daño que hacen a la innovación, ya que el fraude desincentiva la investigación de nuevos fármacos. El comprador tampoco se escapa. «Es muy habitual que el medicamento que adquiera por esos canales no le llegue nunca», advierte Ferrero.

Por eso el ciberpatrullaje ha de ser constante. El cierre de anuncios digitales de ventas fraudulentas auspiciado por la Agencia Española del Medicamento se ha duplicado en cinco años. Se pasaron en 2019 de unos 600 a 1.350 en 2024.

A pesar de los esfuerzos resulta muy sencillo entrar en el mercado negro. En el servicio de mensajería Telegram aparecen varios chats si se escribe buy sell ozempic. Se trata de canales en inglés, ruso y árabe. «Muchos son sólo timos para atraer a gente», explica un agente que se dedica al rastreo en internet. Quien quiera encontrar medicamentos falsos de verdad necesita ciertos trucos, como puede ser escribir el nombre del medicamento con alguna falta de ortografía o introducirse en populares plataformas de venta de segunda mano en categorías insospechadas, que están menos monitorizados por las empresas, como pueden ser material de oficina o muebles para su camuflaje.

«Cuando recibimos información, contactamos con las plataformas para su retirada y hay que reconocer que la mayoría actúan en pocas horas», explica Manuel Ibarra, jefe de Inspección y Control de la Aemps.

Un problema añadido al que se enfrentan los vigilantes es la gran revolución tecnológica de la inteligencia artificial. Lo explica la agente Ferrero: «Nos estamos encontrando con páginas web de venta cada vez más sofisticadas que son diseñadas con IA para mostrar comentarios falsos de clientes satisfechos y se ilustran con imágenes irreales del supuesto laboratorio que fabrica el medicamento que venden, cuando en la realidad lo más probable es que la mezcla la hayan hecho en un fregadero».

Cuando se pregunta por las causas del crecimiento tanto de mafias como de delincuentes solitarios, los vigilantes coinciden en que la clave está en los beneficios enormes y las penas poco severas. «Hay más rentabilidad y menos peligro que practicando el tráfico de drogas», añade Miguel Ángel Marcos, de Guardia Civil.

El tráfico de medicamentos sin licencia o la venta de fármacos falsificados conlleva penas de prisión en España de seis meses a cuatro años, multas de seis a 18 meses e inhabilitación especial para ejercer una profesión sanitaria u oficio de uno a tres años. Esto en los casos más graves. Muchos traficantes logran librarse de la entrada en prisión. «En este mundo nos encontramos con muchísima reincidencia», reconoce Lucía Ferrero.

Un endurecimiento de las penas puede ser una opción que el legislador contemple en los próximos años. Por el momento, los recursos dirigen la estrategia persecutoria a un mayor abanico de delitos relacionados con el crimen farmacéutico, como son el fraude a la Seguridad Social, la estafa, el blanqueo de capitales o la evasión fiscal.

Aunque ningún vigilante del medicamento se atreve a estimar la cantidad de medicamentos fake que se mueve en España, lo cierto es que las operaciones policiales y el cierre de tiendas digitales es constante. Sólo en los últimos dos meses han pasado muchas cosas. Se ha desarticulado un grupo criminal que traficaba con sustancias dopantes y medicamentos ilegales que escondían 11.500 comprimidos de varios tipos de anabolizantes y 15.000 pastillas para tratar la disfunción eréctil. También acaba de dictarse la sentencia que considera probado que el profesor universitario y médico Marcos Maynar e Ignacio Bartolomé Sánchez suministraron sustancias no autorizadas a deportistas profesionales y amateurs mediante envíos postales camuflados como suplementos. Sin olvidar que han sido cerradas varias clínicas estéticas en Tarragona, Valencia y Alicante, además de una red que traficaba con bótox y ácido hialurónico que operaba en España, Lituania y Reino Unido. Entre el arsenal incautado había 1.200 viales de bótox y 382 jeringuillas de ácido hialurónico.

«En este mundo nos encontramos con muchísima reincidencia»

Respecto a los medicamentos destinados a fines estéticos, cada vez más abundantes, la escritora Leticia Sala, autora del ensayo Dame veneno que quiero vivir (Anagrama) sobre el miedo a envejecer, ve una tendencia peligrosa de la propia sociedad que favorece el fraude.

«Hay gente que considera, por ejemplo, el bótox como una cosa exclusiva de privilegiados, de gente de mucho poder adquisitivo», dice Sala. «El problema es que, al ser visto como algo deseable, como una especie de lujo silencioso en el que las arrugas son vistas como un fracaso, incita a que los más vulnerables se expongan más a la hora de acceder a él por tener menos recursos».

Esto acelera atajos para buscar medicamentos que son caros. El precio de un tratamiento con toxina botulínica en España por los cauces legales oscila entre los 300 y los 500 euros por sesión, dependiendo de las zonas del rostro trabajadas. Sin duda, una cantidad importante para mucha gente.

La acción de esta toxina impide temporalmente la contracción de los músculos faciales. Produce así un efecto de desactivación muscular y suaviza las arrugas. Dura entre tres y seis meses, hasta que el músculo recupera la función. «Hago una analogía con la heroína en mi libro no porque ambas sustancias sean comparables, que quede claro, pero sí por sus efectos: duran un tiempo y luego necesitas más cantidad para lograr el mismo resultado». En definitiva, hay un mercado que garantiza el consumo de muchos clientes que repiten. Algo que saben los delincuentes.

Más aún cuando el bótox estético se ha masificado. El informe de 2022 de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética recoge que en todo el mundo se realizaron 34 millones de procedimientos estéticos, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos. Nueve millones fueron tratamientos con la toxina botulínica, un 26% más respecto a 2021.

En España, según la Sociedad Española de Medicina Estética, la edad media de los pacientes bajó de 35 a 20 años en 2021. Casi la mitad fueron con la toxina botulínica. En los últimos años se ha popularizado lo que se conoce como baby bótox, una inyección con dosis más baja que tiene fines preventivos. «Esto lo que significa es que se lo inyecta gente sin arrugas», dice Sala. Es decir, más consumidores entran en juego.

Un interés que también se vive por los medicamentos adelgazantes que son usados por pacientes que no son diabéticos ni tienen problemas de obesidad. Una presión aspiracional que Johann Hari recoge en su libro Adelgazar a cualquier precio (Ed. Península).

«El siguiente riesgo aparecía cuando mucha gente, al no poder conseguir Ozempic de la marca registrada, recurría a productos sin marca, falsificados, el equivalente químico a adquirir un bolso falso de Louis Vuitton», escribe Hari. «Se vendían en tiendas de belleza, en spa, o se encargaban por internet».

El guardia civil Marcos cree que uno de los grandes peligros de estos chutes por motivos estéticos es la falta de profesionalización. «Muchos practicantes de tratamientos estéticos que hemos detenido creían de veras que bastaba para aplicarlo una titulación de auxiliar de enfermería de hace no sé cuántos años o un curso de peluquería. Cuando hablamos de medicamentos, tiene que ser tratado por un médico y en un lugar con las medidas sanitarias exigidas por ley. No es algo con lo que se pueda frivolizar».

En el presente, la sociedad medicalizada se encuentra ante un gran problema de salud pública que presenta una radiografía impactante. Esta se arma con una escalada del consumo no controlado con una mayor demanda de algunos fármacos en concreto; un mayor número de fabricantes en todo el mundo; una actividad muy lucrativa con altos beneficios y bajos riesgos, organizaciones criminales con vínculos con distintos países y, sobre todo, el camuflaje que ofrece internet.

En el futuro, todo dependerá de los próximos descubrimientos de la ciencia y su impacto en el anhelo de las sociedades ricas. ¿Imaginan lo que supondría un fármaco millonario que eliminara la calvicie? Piensen también en los beneficios que supondría un tratamiento que regenere la piel y deje a un sexagenario con la cara de un bebé o de una viagra sin ningún efecto secundario.

De lo que no hay duda es de que los criminales seguirán rastreando el deseo como taxidermistas sociales. ¿Y sus vigilantes? «No sabemos cuáles serán las moléculas en fase de investigación que puedan ser mañana susceptibles de falsificación», dice Manuel Ibarra. «Pero sí que los reguladores tendremos que crear alianzas con las plataformas digitales y estar todavía más pendientes de las demandas sociales».