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El PSOE tuvo a sueldo a una presunta organización criminal, liderada por su ex secretario de Organización Santos Cerdán, cuyo objetivo era desactivar las causas judiciales de corrupción que afectan al partido, al Gobierno y a la familia del presidente Pedro Sánchez. Así consta en los autos dictados por el juez de la Audiencia NacionalSantiago Pedraz que ordenó ayer una nueva operación contra la corrupción en el partido del Gobierno, personándose desde primera hora de la mañana la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE, en la madrileña calle Ferraz. Los agentes de la UCO tenían orden de incautarse de libros contables, contratos del partido, facturas con gastos, hojas de visitas, el registro de acceso en vehículos a la sede socialista, datos sobre el pago de campañas publicitarias, clonados de cuentas de correo electrónico de empleados así como el plan de prevención de delitos de Ferraz.
En las resoluciones, adelantadas ayer por EL MUNDO, el magistrado sostiene que Cerdán asumió «la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno». El objetivo era «obstaculizar» los procedimientos judiciales en los que se investigaba «a miembros del partido o de la familia del presidente del Gobierno».
El inicio de la trama es situada por el juez en la imputación de la esposa del presidente, Begoña Gómez, y en los cinco días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez tras la apertura de esas diligencias penales a su mujer. Pedraz califica de «punto de inflexión» el encuentro que tuvo lugar en Ferraz, después de que el presidente enviara su Carta a la Ciudadanía. «En esa reunión del 26 de abril de 2024 participarían Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Juan Manuel Serrano, así como varios miembros de la estructura orgánica del partido entre los que se encontraba el propio Santos Cerdán o Ion Antolín (director de Comunicación del PSOE)», indica el magistrado.
En las resoluciones abundan, además, las alusiones al presidente del Gobierno y su familia. Por ejemplo, Leire Díez envía un mensaje el 25 de abril del 2024 -un día antes de la reunión en la sede del PSOE- al ex presidente de la SEPI Vicente Fernández donde le dice lo siguiente: «Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente».
Asimismo, en unas anotaciones manuscritas incautadas a Díez, esta afirma que «intentamos contactar con el PSOE dos años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe». Además, la ex militante socialista, expuso el 29 de abril de 2024, a Fernández lo siguiente: «El presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo».
También alude al presidente Pedro Sánchez la conocida como la fontanera del PSOE cuando explica que, «por orden del One», Cerdán indica que el objetivo es lograr la nulidad de causas judiciales vinculadas al sector de los hidrocarburos y del denominado caso Koldo, que ha llevado a prisión al también ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Por otro lado, el empresario Javier Pérez Dolset y Díez le explican que cuando sale la imputación de Begoña Gómez «entonces el presidente ya dijo que se limpie todo».
Pedraz subraya que «desde sus inicios» el PSOE «soportó» el coste de la actividad desplegada por la presunta organización criminal, «permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de las funciones administrativas» de la trama, «aportó sus dependencias para la celebración de sus reuniones» y sufragó el «coste de la logística» de algunos de los miembros de la red.
El instructor afirma que Cerdán, gracias a su «rol superior», ordenó que se pagara a Leire Díez, 4000 euros mensuales de los fondos del partido. La organización criminal, en «ejecución de dicho plan», ofreció «a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales, de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos». Asimismo, «se estableció como premisa atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales por los magistrados instructores (son los casos de los magistrados Biedma, Ayala o Peinado)». Motivo por el cual, prosigue Pedraz, «se dirigieron sucesivas denuncias infundadas contra la magistrada encargada de la instrucción de la causa en la que está imputado David Sánchez Castejón (hermano del presidente del Gobierno), la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada o la UCO».
Junto a Cerdán y Díez, la Audiencia investiga a otros cargos del PSOE. Pedraz imputó ayer la gerente de la Secretaría de Organización del partido, Ana María FuentesPacheco. Según el juez, «al menos como cómplice en la comisión de los delitos y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces».
Además, el instructor está indagando en la actuación de otros dos miembros destacados del PSOE: Juan Manuel Serrano, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, y Juan Francisco Serrano, diputado y ex número 2 de Cerdán. Pedraz indica que sobre ellos hay «indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan», si bien considera que «habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal».
Por otro lado, en esta causa han sido imputados al empresario Pérez Dolset, el ex consejero socialista de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, el abogado Ismael Oliver, el letrado Jacobo Teijelo -que ejerce la defensa de Santos Cerdán por el amaño de obra pública- y el guardia civil Juan Sánchez Yepes.
El juez explica que para canalizar el PSOE los pagos de estos trabajos propios de las cloacas del Estado a Leire Díez, Zarrías «prestaría su sociedad» mientras el letrado Ismael Oliver canalizó parte de estos fondos al tiempo que éste asesoraba a la formación política.
Junto al registro de facto que tuvo lugar ayer en Ferraz durante todo el día, la UCO también registró la casa de Cerdán en el pueblo navarro Milagro, el domicilio de Dolset y el despacho de Zarrías. En la causa, se investigan delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. El juez prevé alzar el secreto de sumario al término de la operación anticorrupción.
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