Actualizado Domingo, 21 junio 2026 - 23:40

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se dispone a la 9.00 horas de hoy a valorar una posible sanción por «falta grave» al juez Juan Carlos Peinado, por incluir en su auto de apertura de juicio oral a Begoña Gómez, esposa de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el siguiente argumento a la hora de justificar la retirada cautelar del pasaporte a Gómez para evitar que se fugue del país y se abstraiga de la acción de la Justicia: «Se alega, por el letrado de la acusada, que dada su condición de esposa del actual Presidente Del Gobierno, ello implica que en todo momento se encuentre custodiada por miembros de los Cuerpos de Seguridad Del Estado, pero [de] lo que no cabe duda es [de] que esos agentes, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores, pueden ser precisamente quienes colaboren para facilitar esa fuga».

Peinado, así, justificó la retirada del pasaporte en que los propios policías que custodian a Gómez pueden ser quienes la ayuden a huir, soliviantando a los sindicatos policiales, que salieron como un solo hombre a quejarse de «deslealtad institucional», y por supuesto al propio Gobierno, que tras semanas recibiendo insólitos reveses judiciales, con desgaste por momentos aparentemente insostenible, saludó el argumento de Peinado como agua de mayo, como la prueba del lawfare (instrumentalización y subversión de la Justicia con fines partidistas) que se ha convertido, tras la imputación del ex presidente Zapatero y la eclosión del caso Leire Díez, en el único salvavidas retórico de Moncloa.

El Gobierno, así, se dispuso a presionar de forma muy directa al Consejo General del Poder Judicial, dirigiendo su «más enérgica queja» a Isabel Perelló, su presidenta, para que sancione a Peinado y legitime así la argumentación de Moncloa desde que el magistrado arrancara la instrucción, y con la intención de extender metafóricamente el presunto agravio a los demás jueces que tienen al PSOE en su objetivo: la teoría de la persecución.

Así, después de que se conociera el auto en que Peinado imputa a Gómez tráfico de influencias, corrupción entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos en la mañana del sábado, los propios sindicatos policiales, encabezados por Jupol y SUP (Sindicato Unificado de Policía) salieron pocas horas después a pedir al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que les defendiera.

Responsables tanto del SUP como de Jupol dejaban traslucir a preguntas de este periódico que no salían precisamente a defender a Gómez ante su imputación, sino lógicamente a defender su «dignidad profesional», e incluso el «debido respeto institucional», al entender que Peinado se había excedido de forma «intolerable» -«es una barbaridad», decían en Jupol- al verbalizar que los propios escoltas de Gómez podían ayudarla a huir, o bien por decisión propia, o bien cumpliendo órdenes.

Ambas centrales pedían a principios de la tarde del sábado a Marlaska que actuara, y este diario supo a media tarde que desde Interior se preparaba una respuesta que, esperablemente, pudiera escenificar la oposición del Gobierno a la instrucción que Peinado ha llevado a cabo desde el inicio. Marlaska se pronunció mediante una nota pública hacia las 20 horas, denunciando un «grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho».

El ministro decía, según la nota, que las afirmaciones de Peinado son «un hecho de máxima gravedad», por lo que decidía «ponerlas en conocimiento de la presidenta del CGPJ al objeto de que se adopten, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones». Es decir, pedía al CGPJ que le diera un balón de oxígeno en su demanda de algún tipo de justificación para la reivindicación del lawfare.

Entretanto, fuentes del propio consejo lamentaban a EL MUNDO los términos en que Peinado ponía en cuestión la garantía de que la esposa del presidente del Gobiernono huyera hasta el juicio oral, repitiendo de algún modo los argumentos que alguna de las centrales sindicales deslizaba a este diario a media tarde del sábado: «Es verdad que el juez puede temer que puedan pasar cosas, porque las escoltas de este tipo de personalidades suelen ser simpatizantes, y en este país han pasado cosas como la huida de Carles Puigdemont por motivos similares a estos... El problema es la formulación, que es muy torpe y agresiva. Se podía argumentar lo mismo sin decirlo así».