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Aquellos malditos lobistas
Santiago Cal · 2026-05-21 · via Portada

El liberal

"El sector profesional del 'lobby' en Espa�a lleva a�os pidiendo lo mismo: una norma exigente que distinga con claridad lo leg�timo de lo delictivo"

El empresario Julio Mart�nez.

El empresario Julio Mart�nez.EUROPA PRESS

Actualizado

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En el lobby del hotel Willard de Washington, hacia 1870, el presidente Ulysses S. Grant se refugiaba a fumar y a tomar brandi despu�s de las cenas oficiales. All� lo abordaban hombres con peticiones concretas: una concesi�n ferroviaria, un nombramiento, una ley a medida. La leyenda, popularizada en el siglo XX por el propio hotel, dice que Grant los llamaba �esos malditos lobistas� y que as� naci� el t�rmino. La historia es falsa: la palabra ya circulaba en EEUU desde 1808, y el Willard solo populariz� algo que llevaba d�cadas en los pasillos del Capitolio. Pero la imagen ha quedado, y plantea, con su ambig�edad, la pregunta que vuelve cada vez que un caso de presunto tr�fico de influencias salpica la actualidad: �d�nde termina el lobby y empieza el delito?

La respuesta t�cnica es razonablemente clara, al menos sobre el papel. El lobby, o representaci�n de intereses, es la actividad de quien defiende ante los poderes p�blicos las posiciones de empresas, asociaciones, sindicatos o think tanks intentando influir en una decisi�n legislativa, regulatoria o administrativa. Incluye reuniones, posicionamientos, informes t�cnicos y campa�as. Excluye el asesoramiento jur�dico, el di�logo social formal y cualquier interacci�n sin voluntad de influir. Es una profesi�n ordinaria en democracias avanzadas y un sector que en Espa�a emplea a varios miles de personas en consultoras, despachos y departamentos internos de las grandes compa��as.

El tr�fico de influencias, en cambio, es un delito tipificado en los art�culos 428 a 431 del C�digo Penal. Se comete cuando alguien usa la relaci�n personal o jer�rquica con un funcionario o autoridad para obtener una resoluci�n que le reporte un beneficio econ�mico. El bien jur�dico protegido es la imparcialidad del proceso p�blico de toma de decisiones. Y la diferencia con el lobby, aunque a un ojo distra�do pueda parecer tenue, es muy concreta: el lobista defiende argumentos verificables ante un decisor; el traficante de influencias vende acceso usando una relaci�n opaca de poder. El primero opera en el plano del debate. El segundo, en el del intercambio.

Que esa frontera quede borrosa en el debate p�blico espa�ol no es un accidente. Espa�a es uno de los �ltimos pa�ses de la Uni�n Europea sin una ley estatal que regule la actividad de los grupos de inter�s. El Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad, aprobado por el Consejo de Ministros en enero de 2025 y hoy en fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados, llega con quince a�os de retraso respecto al Registro de Transparencia europeo, doce respecto a Francia y once respecto al Reino Unido. La OCDE y el GRECO llevan a�os pidi�ndole a Espa�a una norma con registro obligatorio, huella legislativa, c�digo de conducta y supervisi�n independiente. Donde no hay reglas claras, todo parece sospechoso y nada es del todo punible.

La imputaci�n esta semana de Jos� Luis Rodr�guezZapatero por tr�fico de influencias, blanqueo, falsedad documental y organizaci�n criminal en el caso Plus Ultra es exactamente lo contrario del lobby leg�timo. La instrucci�n describe la mediaci�n de un ex presidente ante administraciones p�blicas a cambio de presuntas comisiones canalizadas mediante sociedades pantalla y testaferros. Eso describe otra cosa muy distinta del lobby. Describe la venta del acceso que da haber ocupado La Moncloa, en un esquema que sus presuntos clientes solicitaban precisamente porque ese acceso era opaco e impagable por otras v�as. Donde la regulaci�n falla, el delito gana terreno.

El sector profesional del lobby en Espa�a lleva a�os pidiendo lo mismo: una norma exigente que distinga con claridad lo leg�timo de lo delictivo. Les interesa m�s a ellos que a nadie, porque la confusi�n p�blica entre representaci�n de intereses y corrupci�n contamina por igual a los honestos y a los dem�s. Una buena regulaci�n no impide los Plus Ultra. Solo hace que sean m�s dif�ciles de camuflar, m�s sencillos de detectar y, sobre todo, imposibles de explicar como �haber ayudado a unos amigos�.