En aquella mañana del 13 de julio de 2021, el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas iba a decidir el primer rescate desde el parón que había provocado la polémica ayuda a Plus Ultra cuatro meses antes. La empresa elegida para esa nueva ola de rescates era la vasca Tubos Reunidos.
Se dio entrada a la reunión, según consta en el acta confidencial a la que ha tenido acceso EL MUNDO, a la responsable de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) que había tramitado el expediente de Tubos Reunidos y que no era otra que Rosario Martínez Manzanedo.
Esta interventora era directora de Participadas de la Sepi desde 2018 cuando la llevó al cargo el entonces presidente, Vicente Fernández Guerrero, que está actualmente investigado como cabecilla de más nivel en la trama de Leire Díez. Fernández conocía a Rosario Martínez de su etapa de interventor general de la Junta a las órdenes de la entonces consejera de Hacienda, María Jesús Montero. Montero le llevó a él a la Sepi en julio de 2018 y Fernández, a Martínez.
Rosario Martínez convenció aquel día de 2021 a los miembros del Consejo Gestor de que había que conceder 112,8 millones al grupo vasco Tubos Reunidos y allí lo aprobaron y elevaron al Consejo de Ministros que lo refrendó una semana después.
Extracto del acta confidencial del 13 de julio de 2021 elaborada por la Sepi
En más que sospechosa coincidencia, Tubos Reunidos contrató como asesor unos meses después de recibir el dinero a Vicente Fernández, que trabajaba también para la oscura Servinabar vinculada al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Fuentes oficiales de Tubos Reunidos confirman a este diario que la contratación de Vicente Fernández como asesor de esta industria vasca se extendió «entre diciembre de 2021 y noviembre de 2025». ¿Y en diciembre? Difícilmente podía seguir, porque fue detenido y tuvo que declarar por presunto cobro de comisiones ilegales de empresas ayudadas por el Estado, entre otras, la propia Tubos Reunidos.
Según la investigación del juez Santiago Pedraz, la trama de Vicente Fernández, Leire Díez y Antxón Alonso pudo cobrar al menos 114.950 euros del grupo vasco «a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por Mediaciones Martínez», la sociedad limitada que controlaban en Madrid. Tubos Reunidos declina detallar la retribución total pagada a su asesor procedente de la Sepi.
La empresa acaba de entrar en concurso de acreedores y presenta insolvencia para poder devolver el rescate en el plazo previsto que concluye en 2028. Su ayuda está resultando fallida como en Plus Ultra, aunque la aerolínea -beneficiada en este caso según el juez por otra trama, la de Zapatero- no está devolviendo a tiempo el rescate. Actualmente renegocia con la Sepi, como publicó este diario el pasado 13 de abril, un nuevo calendario de pagos tras incumplir un plazo importante el pasado marzo.
El juez Pedraz cree que la trama de Vicente Fernández tuvo un peso importante en el rescate de Tubos Reunidos e incluso amplió el pasado 9 de mayo su investigación secreta.
Además de Rosario Martínez, intervino en la mencionada reunión del Consejo Gestor en apoyo del rescate el vicepresidente de la Sepi Bartolomé Lora, aunque ya no era presidente en funciones y no tenía por qué asistir a estas reuniones tras haber sido sustituido por la actual presidenta, Belén Gualda.
Lora admitió en el Senado en su última comparecencia que, aunque Fernández tuvo que dimitir de presidente de la Sepi en 2019, seguía tratando asuntos con él, incluidos rescates, pese a estar fuera teóricamente del ente. Se multiplican las fuentes del grupo Sepi que aseguran que Fernández mantenía influencia y frecuentaba a presidentes y altos directivos tras haber dejado teóricamente el cargo. Mientras Montero se lo guardó durante más de un año, Fernández tenía información sobre todo lo que se tramitaba y la usaba en beneficio de la trama, según apunta el juez.
Tubos Reunidos tuvo en todo caso otro poderoso valedor: el Gobierno del PNV. En la mencionada acta consta que Rosario Martínez acompañó el expediente con una carta de la Consejería de Industria del Gobierno vasco, dirigida entonces por la peneuvista Arantxa Tapia, en favor de que le fuera concedida una fuerte ayuda estatal. También la Universidad de Deusto la respaldó.
El PNV era entonces, como ahora, esencial para la permanencia de Pedro Sánchez en Moncloa, así que Tubos Reunidos contó con un respaldo político extra además de los informes favorables en la Sepi de su asesor jurídico (Simmons&Simmons en este caso) y el financiero (BDO Auditores) que se unieron a los positivos del Ministerio de Industria de Reyes Maroto y de Transición Ecológica, de Teresa Ribera. En el caso de este último, el rescate fue defendido en la reunión por el actual subsecretario del Ministerio, Miguel Ángel González Suela, al ausentarse aquel día la que es ahora vicepresidenta Sara Aagesen.
¿Y ahora? Por un lado el Gobierno vasco presiona al central para que no sea exigente con Tubos Reunidos en la devolución de los 112,8 millones. Por otro, Pedraz atribuye a la trama dos vías de financiación: comisiones de las empresas a las que ayudaba el Estado y pagos encubiertos del propio PSOE. El presunto negocio era cobrar mordidas gracias a su influencia en la Sepi y usar parte del dinero en intentar desbaratar investigaciones judiciales que perjudicaran al Gobierno. Repugnante, mientras el contribuyente ve su ayuda en grave riesgo.
A punto de cumplirse cinco meses de la operación de EEUU con Donald Trump, la élite empresarial venezolana mantiene un cauto optimismo. Mireya Cisneros preside el importante holding venezolano We Cisneros que, al tener intereses diversificados en el petróleo, el sector inmobiliario o telecomunicaciones, dispone de datos reales sobre la evolución económica del país. En su intervención la semana pasada en el congreso anual de Ceapi en México, Cisneros no fue pesimista por el enorme potencial del país, pero resaltó que aún falta seguridad jurídica como para dar por certificado un cambio que permita relanzar inversiones. Por otra parte, la élite iberoamericana congregada en Ceapi -el primer congreso con la exministra Ana Pastor como secretaria general- apuesta ya por cambio inminente en Cuba.
El hasta ahora vicepresidente de Mango, Jonathan Andic, se ha apartado del cargo con respaldo «unánime del consejo de administración», mientras se le investiga por posible asesinato de su padre. El consejo de Mango queda así sin miembros de la familia accionista por primera vez desde su fundación, dando la señal de que nadie está por encima de la marca. Su caso contrasta con otro protagonista judicial de la semana, el PSOE, que mantiene en nada menos que la gerencia a Ana María Fuentes, mientras está imputada de graves delitos vinculados con las cloacas de Ferraz. Salvando las distancias entre unos y otros casos, es surrealista que el partido en el poder tenga el listón ético y de gobernanza más bajo que empresas privadas, incluso las no cotizadas como Mango, ante una investigación judicial.
El mes próximo llega la junta de accionistas de Indra que tiene que validar el espectáculo de cambios en la cúpula con Moncloa de por medio. La presidenta de la Comisión de Nombramientos de Indra, Virginia Arce, ha tenido que vestir la designación de Ángel Simón de cara a la junta como si lo hubiera propuesto un head hunter, aunque fue lanzado por Moncloa y la Sepi para sustituir a Ángel Escribano. Es incuestionable que Simón tiene currículum para presidir una gran empresa cotizada, pero en el informe para los accionistas se etiqueta a Simón de «otro externo», pese a que fue la Sepi la que presionó para que fuera elegido. Sin embargo, Arce dice que la Sepi le ha «confirmado» por escrito que «el señor Simón no nos representa». El brazo industrial del Gobierno sólo reconoce a sus tres representantes oficiales en el consejo. Engañoso.
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