80.000 maestros y profesores de la Comunidad Valenciana están llamados desde hoy a una huelga indefinida que puede paralizar el final de curso en los centros públicos de Primaria y Secundaria. Se trata de la primera gran movilización que sufre el Gobierno de Juanfran Pérez Llorca, el primer reto al que se enfrenta desde que llegó al Palau el pasado mes de noviembre, con posturas muy enfrentadas. No había habido una convocatoria de esta magnitud, apoyada por los cinco sindicatos del profesorado (STEPV, UGT, CCOO, ANPE y CSIF) y por los estudiantiles, desde 2012. El primer dato de seguimiento avanzado por Educación es del 23,96%, que ha elevado hasta el 47% a las 13 horas y hasta el 50,12% a las 17 horas. Los sindicatos hablan de un seguimiento cercano al 90%.

Hace semanas que las reivindicaciones están sobre la mesa. Los representantes sindicales hicieron llegar a las Mesas de Trabajo 40 reivindicaciones que debía atender la Conselleria de Educación que dirige la también profesora Carmen Ortí. Entre ellas, como pilares, están la bajada de la ratio en las aulas, la reducción de la burocracia, la cobertura de bajas, el incremento de las plantillas, la inversión en infraestructuras, la protección del valenciano y la mejora salarial. Los docentes en la Comunidad Valenciana son los peor pagados de todas las autonomías y aseguran que han tenido una pérdida de poder adquisitivo del 20% en la última década. Por eso, reclaman una mejora salarial que no tienen desde 2010.

Fue bajo el Gobierno del PP, con Francisco Camps en el Palau y Alejandro Font de Mora como conseller de Educación, cuando vieron actualizados sus sueldos. En concreto, en mayo de 2007 se pactó un incremento progresivo de entre 103 y 308 euros hasta 2010 a través de complementos, sexenios e incrementos por cargos directivos. En total, ese gasto supuso para las arcas autonómicas 173,5 millones de euros. Desde entonces, las únicas subidas han sido las generales aprobadas por el Gobierno de España para todos los funcionarios.

La reclamación ahora es que haya una subida equivalente al poder adquisitivo perdido, que cifran en entre 300 y 525 euros al mes. A pesar de que no es la única demanda, es la primera a la que respondió el Consell. La contraoferta ha sido una mejora de 1.050 euros brutos en tres años, lo que supone 75 euros brutos más al mes. Considera que las demandas sindicales alcanzarían los 2.400 millones, algo "inasumible" en la situación de infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana. Por eso, Educación defiende que su propuesta es más de lo que el Botànic ofreció en sus ocho años de Gobierno ante las cinco reclamaciones de subida de salarios que los sindicatos hicieron hasta en cinco ocasiones y fueron rechazadas, aunque no sin coste.

Los sindicatos recuerdan que hubo movilizaciones y que a ellas respondió la Conselleria con medidas que beneficiaron las condiciones de trabajo del profesorado: se incrementaron las plantillas, se puso en marcha el Plan Edificant para la mejora de los centros y se revirtieron algunos recortes arrastrados de los gobiernos populares. Ahora sienten que ni esto está dispuesto a ceder el actual Consell. Mientras ellos reclaman más profesorado, Educación defiende que ha contratado a 8.082 docentes, más de 5.000 en los últimos dos cursos. En cuanto a las infraestructuras, asegura que en esta legislatura lleva invertidos 160 millones. Todo, con unos presupuestos marcados por la dana, con poco margen de maniobra y prorrogados en este 2026.

"Hay calendarios de negociación establecidos para solventar sus demandas. Algunas están solucionadas o en vías de solución. Y seguimos abiertos a negociar", recordaba este domingo el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy. Pero, con la mano tendida, apuntó a los sindicatos: "STEPV, CCOO y UGT no quisieron negociar cuestiones como la reducción de la burocracia. Se marcharon sin escuchar", explicaba. Porque, desde la Generalitat, se entiende este conflicto como un pulso fundamentalmente económico con una vertiente política manejada por la izquierda para paralizar el final del curso y dirigir el malestar de las familias contra el Gobierno valenciano.

El pulso, incluso dialéctico, se evidenció cuando Educación hizo su propuesta de servicios mínimos: todos los profesores de Bachillerato formarían parte para no perjudicar a los alumnos que se presentan a las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en junio. Dos de los sindicatos convocantes denunciaron esta decisión, que ahora está en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).

El siguiente movimiento de Educación fue enviar una carta a las familias, firmada por la consellera Ortí, en la que informaba de cómo en los últimos años habían dado respuesta a varias de las demandas que llevaban a la huelga y defendía su postura de servicios mínimos: "Ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical". En los mismos términos se expresana McEvoy a pocas horas del inicio de los paros: "Pedimos responsabilidad al profesorado para que cumplan los servicios mínimos y que no afecte a los más débiles. Que no sean moneda de cambio. Apelamos a la responsabilidad de los sindicatos para que no los boicoteen".

Esto, desde el punto de vista de los docentes, es un señalamiento que trata de provocar un enfrentamiento entre profesores, familias e incluso alumnos.

Coste de la huelga indefinida

Si los sindicatos juegan con la fuerza de paralizar un final de curso ante el inmovilismo del Consell, Pérez Llorca tiene como mano la posibilidad de que los paros vayan perdiendo seguimiento. Y es que el coste en salario de quienes secundan la huelga, indefinida, puede ser alto.

En Primaria, la media será de unos 171 euros al día. En 19 días, un maestro consumiría su sueldo. En Secundaria la cifra es aún mayor: 190,84 euros por día.

Hasta el momento, por las mismas razones que ahora paran de manera indefinida, el profesorado salió a las calles el 11 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, sin que fueran atendidas sus reivindicaciones, lo que les ha llevado a subir la presión en este final de curso.