Alega ahora que no pudo saber que era delito y pide la nulidad de una investigación que considera "prospectiva"
Miguel Ángel Gallardo (ex líder del PSOE extremeño) y el hemano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Audiencia Provincial de Badajoz.AFP
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La defensa del hermano de Pedro Sánchez arrancó ayer el juicio por su presunto enchufe en la Diputación de Badajoz esgrimiendo un nuevo argumento: que David Sánchez Pérez-Castejón cayó en un «error de prohibición completo», es decir, que no tuvo forma de saber que su contratación, su posterior cambio de funciones a lo que él deseaba y el fichaje final de su amigo como su colaborador fueron actuaciones delictivas.
Así lo expuso en la Audiencia Provincial el abogado Emilio Cortés, que anticipó al tribunal que desarrollaría esa tesis a fondo en el informe final. No dio más detalles, si bien la jurisprudencia ha permitido en ocasiones aplicar el error de prohibición cuando existían informes técnicos -de interventores, etc.-, que habían avalado previamente las decisiones ilegales. En todo caso, la oferta al tribunal para que acoja esa tesis -aplicada en rarísimas ocasiones y que supone la absolución- es subsidiaria de la inicial: que no hubo delitos.
La primera sesión del juicio se centró en peticiones que debía resolverse antes de iniciar la fase de prueba. La defensa de David Sánchez expuso varias cuestiones previas, entre ellas alguna que suponía la nulidad completa de la investigación, al considerarla «prospectiva».
Resaltó que ninguno de los delitos por los que Manos Limpias presentó denuncia en 2024 aparecía en el escrito de acusación final por el que se le solicitan a su defendido tres años de prisión. Fue repasando la denuncia hasta llegar a «la piedra filosofal», el «enganche popular»: la referencia a que el empresario juzgado en el caso KoldoVíctor de Aldama actuó en la localidad portuguesa de Elvas, donde residía el hermano. «¡Esto es una pura invención, esto es mentira! ¡Ahora, cuando se ha celebrado el juicio de Aldama, esto es una falacia!», gritó entonces Cortés. «No levante el tono de voz. Vamos a seguir de forma sosegada», intervino el presidente.
La defensa de Sánchez también solicitó la nulidad por la vulneración del derecho a la intimidad, al haberse reclamado miles de correos de cuentas corporativas de la Diputación de Badajoz sin justificación para una injerencia de ese calibre. Otras defensas insistieron luego en ello. De nuevo, debería suponer la anulación de la causa, a su parecer.
También se pronunció sobre el «absentismo laboral» que se reprocha al hermano. «Nunca en España, y no lo ha sido en su devenir histórico, ha constituido infracción criminal declarada». En su declaración ante la juez, el hermanísimo» -así le llamaban algunos testigos- no supo decir dónde estaba su despacho ni cuáles eran sus funciones de «Coordinador de las Actividades de los Conservatorios a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas».
En el banquillo se sientan 11 acusados. La defensa de tres de ellos volvió a plantear la aparente falta de imparcialidad del tribunal que sin éxito ya se había alegado. A su juicio, los magistrados habían entrado tan a fondo en la resolución de los recursos del caso que habían quedado contaminados para juzgarlo. Al auto con que ratificaron que habría juicio «se le dio configuración de una sentencia condenatoria» a la que solo faltaba fijar la pena, afirmó Rafael Arenas, mencionando lo jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, extremadamente cuidadoso en este ámbito.
Las siete acusaciones populares se opusieron a las cuestiones previas de las defensas en el orden en que se personaron en la causa: Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Vox, Liberum,Iustitia Europa y PP.
La última intervención en el juicio -que se retoma el lunes- fue la de la Fiscalía, que no ve delito y que, tras no conseguir el archivo, propugna ahora absoluciones. Respaldó parcialmente a las defensas. Begoña García Boró pidió retirar a David Sánchez el delito de aceptación de nombramiento ilegal, por prescripción. Es, en todo caso, el más leve y solo conlleva multa. También apoyó retirar un delito al ex presidente de la diputación y ex líder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo. En este caso, porque nunca se le interrogó sobre ello.
La fiscal, sin embargo, rechazó de plano lo más trascendente: que se hubiera producido una investigación prospectiva: «Defendemos la legalidad de la investigación».