Actualizado
Aprobado raspado y repleto de farolillos rojos. Es el resultado del nuevo examen que ha llevado a cabo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la reforma de las pensiones del Gobierno. Una evaluación adicional encargada por el Ejecutivo tras un primer informe emitido el año pasado en el que el organismo fiscalizador de las cuentas públicas arrojó unas conclusiones ligeramente más pesimistas sobre el cumplimiento de la denominada regla de gasto, pero que, en esencia, mantiene el tono y el veredicto: las medidas puestas en marcha para insuflar ingresos compensan lo suficiente el exceso de gasto previsto como para que no sea necesario aplicar más ajustes, pero en sí mismas no garantizan la sostenibilidad financiera del sistema. El resultado: más déficit público y una deuda disparada de aquí a 2050.
La AIReF se vio obligada a repetir el examen después de que la Comisión Europea instara al Gobierno a encargar una evaluación extraordinaria que incluyera el impacto de los grandes shocks en los datos macroeconómicos de los últimos años y calibrase correctamente el apartado de ingresos, que el Ejecutivo intentó inflar con las transferencias del Estado a través de un polémico real decreto que tuvo que modificar tras las advertencias de Bruselas. Con los nuevos cálculos, la institución presidida por Inés Olóndriz vuelve a constatar el cumplimiento de la regla de gasto en pensiones, pero advierte, como ha venido haciendo de manera reiterada en los últimos informes, de que las medidas aprobadas no garantizan la sostenibilidad del sistema.
En este sentido, el estudio de este año concluye que la regla de gasto de pensiones vuelve a cumplirse formalmente y que el gasto neto en pensiones -descontando del gasto previsto el incremento de ingresos proyectado en las reformas- se situará en el 13% del PIB promedio entre 2022 y 2050, tres décimas por debajo del umbral del 13,3% que fija la normativa. Estas previsiones suponen una mejora de casi dos décimas con respecto a su informe del año anterior, que preveía un gasto del 13,2%, que viene explicada por una mayor estimación del impacto de las medidas de ingresos para fortalecer el sistema.
En concreto, el gasto bruto público en pensiones se mantiene en el 14,6% del PIB promedio en el periodo 2022-2050, tras incorporar los datos observados de PIB y gasto en pensiones de 2024 y 2025, mientras que las medidas de ingresos se revisan al alza y se sitúan en el 1,6% del PIB en promedio entre 2022 y 2050. Esta mejora de dos décimas corresponde principalmente a una mayor expectativa de ingresos por cotizaciones de autónomos, tras haber incorporado los datos más actualizados de las regularizaciones de cuotas de 2023 y 2024.
En concreto, en el apartado de los ingresos se estima una aportación de 0,4 puntos del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI); 0,3 puntos por la evolución de las bases máximas de cotización; 0,1 puntos por la Cuota de Solidaridad; 0,3 puntos por la reforma de las cotizaciones de los autónomos; otros 0,3 a través de las transferencias del Estado; y 0,1 por las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); manteniendo en 0,0 las proyecciones tanto para el impacto de las medidas introducidas en la reforma laboral como de la regularización de inmigrantes. Respecto a este último punto, la AIReF prevé un impacto prácticamente nulo, con 0,03 puntos del PIB promedio hasta 2050. No obstante, durante la rueda de prensa en la que se ha presentado el informe este viernes los responsables del organismo han insistido en que el proceso aún es muy incipiente y, por tanto, las previsiones son preliminares y están rodeadas de una gran incertidumbre.
Durante la presentación, Olóndriz ha señalado que "no debería sorprender" que no haya cambios relevantes en los nuevos cálculos, ya que se trata de un análisis de algo estructural a largo plazo, por lo que es "difícil" que en un año "cambien tanto las cosas". Con todo, el nuevo informe deja claro que el cumplimiento formal de la regla no implica que desaparezcan las tensiones financieras sobre el sistema. Al contrario, advierte de que "el cumplimiento de esta regla no garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas". Así, alerta de que "en un escenario a políticas constantes en el que no operan las reglas fiscales, la deuda iniciaría una trayectoria ascendente a largo plazo impulsada por el proceso de envejecimiento de la población española, agravando la situación de vulnerabilidad de las finanzas públicas", pudiendo escalar hasta el 123% del PIB en 2050.
Por otro lado, la AIReF ha reiterado su visión de que existen problemas de diseño en la regla de gasto, ya que parte de una "visión parcial" de la sostenibilidad que se limita al gasto en pensiones en nivel sobre el PIB y a una definición "imprecisa" de medidas de ingresos. De hecho, la AIReF estima que, para financiar el aumento del gasto en pensiones esperado, las transferencias implícitas del resto de los Fondos de la Seguridad Social o de la Administración Central deberán aumentar 2,3 puntos, hasta alcanzar el 3,0% del PIB. "Este incremento, en ausencia de medidas, supondrá una minoración de los recursos disponibles para otras políticas de gasto o el recurso al endeudamiento, lo que parece difícil de compatibilizar con las exigencias y compromisos de los marcos fiscales europeo y nacional", alerta el organismo.
También lamenta que su vinculación a las previsiones del Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea impide incorporar la información más reciente sobre la situación del sistema público de pensiones y la economía en general y, en tercer lugar, critica que "no encaja en el nuevo marco fiscal europeo". Por todo ello, sugiere que se revise la regla de gasto.
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理，仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。