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La preocupación por el futuro de las pensiones se ha consolidado como una de las grandes inquietudes económicas de la sociedad española. Las noticias que llegan de los vecinos europeos son inquietantes -Alemania, sin ir más lejos, va a establecer una pensión privada obligatoria y a vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida- y aunque aquí el Gobierno asegura que las reformas puestas en marcha serán suficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema, en el ámbito técnico y académico circulan informes que arrojan importantes dudas sobre esa conclusión y suscitan preocupación.
Por mencionar solo un organismo que ha dado la voz de alarma, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha reiterado en numerosas ocasiones que la reforma de Pedro Sánchez -diseñada por el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, bajo la tutela de Bruselas, y desplegada en su totalidad por la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz- no garantiza la sostenibilidad del sistema. Y el sentir de una amplia mayoría de los ciudadanos es que en los próximos años las pensiones públicas afrontarán importantes problemas de financiación y que los grandes perjudicados, quienes soportarán las peores consecuencias, serán las generaciones más jóvenes.
Así lo recoge una encuesta sobre pensiones y educación financiera elaborada por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), que revela que un 68% de los españoles está muy o bastante de acuerdo con que el pago de las pensiones se convertirá pronto en un problema importante para la economía. Y entre quienes comparten esa preocupación, el 70% considera que los jóvenes serán los principales perjudicados por esta situación, frente a apenas un 17% que señala a los mayores como grandes afectados.
La encuesta llevada a cabo por el think tank entre una muestra representativa de 1.127 hombres y mujeres, de nacionalidad española, de entre 18 y 75 años, da fe de la creciente sensación de desequilibrio generacional que se está instalando en el debate público. Y es que más de la mitad de los españoles (en concreto, el 56%) considera que los pensionistas disfrutan actualmente de una mejor situación económica que los trabajadores menores de 40 años.
De hecho, solo uno de cada cuatro encuestados cree que los jóvenes están en mejor posición económica que quienes ya cobran una pensión, una percepción que alimenta la idea de que las generaciones más jóvenes no solo afrontan peores condiciones económicas en el presente, sino que también soportarán en el futuro una parte significativa de los costes derivados del envejecimiento de la población y del aumento del gasto en pensiones.
La encuesta constata también una notable falta de confianza en las reformas aprobadas durante los últimos años. Entre la población activa, el 79% considera que los cambios realizados hasta ahora no serán suficientes para garantizar el cobro de su futura pensión de jubilación. Pero hay un dato más preocupante si cabe, y es que la desconfianza alcanza su nivel más elevado entre las personas de entre 31 y 45 años, una generación inmersa en la creación de hogares y familias, donde nueve de cada diez encuestados creen que las reformas actuales resultarán insuficientes. Y ante esta perspectiva, el 93% de los trabajadores que aún no se han jubilado da por hecho que el sistema sufrirá nuevas modificaciones antes de que llegue su retiro.
Pese a la conciencia generalizada sobre los problemas del sistema, la encuesta muestra una fuerte resistencia social a las principales medidas planteadas para garantizar su sostenibilidad financiera. En concreto, la propuesta que genera mayor oposición es la de retrasar progresivamente la edad de jubilación hasta los 70 años. El 87% de los encuestados rechaza esta medida y el 70% considera que la actual edad legal de jubilación, situada en 67 años, ya es demasiado elevada.
Tampoco encuentra respaldo aumentar los años de cotización necesarios para acceder a una pensión contributiva, ya que el 73% se muestra contrario a esta posibilidad. Y las medidas destinadas a incrementar los ingresos del sistema tampoco logran mayoría: el 66% rechaza la creación de un impuesto específico para financiar las pensiones y el 54% se opone a elevar las cotizaciones sociales que pagan trabajadores y empresas.
Las dudas sobre la sostenibilidad del sistema se trasladan también al plano individual, ya que dos de cada tres trabajadores mayores de 30 años afirman estar muy o bastante preocupados por la posibilidad de que su futura pensión no les permita mantener un nivel de vida cómodo. Y ante la incertidumbre sobre el futuro del sistema público, una mayoría de los españoles considera razonable complementar la jubilación mediante inversiones o ahorro privado. Así lo cree el 59% de los trabajadores, sin embargo, el respaldo a esta estrategia aumenta claramente con el nivel de renta: entre los hogares con ingresos superiores a 3.000 euros mensuales, el apoyo alcanza el 72%, mientras que desciende significativamente entre quienes afirman llegar con dificultades a fin de mes.
La única vía de reforma que obtiene un respaldo relativamente amplio es el refuerzo del carácter contributivo del sistema. En este sentido, el 58% de los españoles considera que las pensiones deberían estar más vinculadas a las cotizaciones realizadas durante la vida laboral, frente al 42% que prioriza que las prestaciones garanticen un nivel de vida suficiente con independencia de lo aportado. Este resultado sugiere que, aunque la sociedad rechaza medidas concretas que impliquen mayores costes o sacrificios, sí existe una mayoría favorable a reforzar la relación entre esfuerzo contributivo y prestación futura.
Así, para Funcas, este sería el único "punto de apoyo" para una eventual reforma. El think tank considera que hay una base suficiente de respaldo social a una reforma que articule mejor la relación entre las prestaciones por jubilación y las cotizaciones efectuadas a la Seguridad Social. "El éxito de una reforma en este sentido solo podría residir en un diseño técnico acertado, que, además de mejorar la sostenibilidad financiera de las pensiones, se explique bien a los ciudadanos de todas las generaciones y genere así la confianza de que, cuando se jubilen, van a contar con prestaciones de la Seguridad Social justas y previsibles", concluye Elisa Chuliá, investigadora de Funcas y responsable de la encuesta.
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