La sentencia del Tribunal Supremo por el caso Koldo da por probado todo lo que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, atribuía a los acusados. Reflejo de ello es que los magistrados imponen unas penas casi idénticas a las que reclamaba el Ministerio Público. La excepción de Víctor de Aldama no lo es: en su informe final, el fiscal jefe respaldaba reducir sus penas para eludir el ingreso en prisión, aunque no tuviera la autorización para solicitarlo formalmente.

Estos son los hechos que el Alto Tribunal ha considerado probados y su traslación delictiva:

LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL. Las penas más altas (cinco años y medio a José Luis Ábalos, cinco a Koldo García) corresponden al delito que lo engloba todo: la pertenencia a una organización criminal que conformaron los tres acusados cuando Ábalos accedió a Transportes, con Koldo de asesor, y contactaron con el empresario. "En el desarrollo de estas relaciones personales, pronto vieron los acusados la oportunidad de obtener un común beneficio económico. [...] Convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el Partido Socialista, este podría favorecer, a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama".

UN SUELDO FIJO PARA EL MINISTRO. Lo primero de todo fue ponerse un sueldo. El empresario aceptó pagar 10.000 euros mensuales "para atender los gastos fijos de José Luis Ábalos, al que se sumarían otras cantidades". El cohecho se prolongó durante 34 meses. Dos de las mensualidades se recogieron en República Dominicana. Además, Aldama tentó al ministro con un piso en la Castellana de Madrid que Ábalos tuvo bajo su control como garantía de que cobraría las comisiones prometidas.

ESTRENO CON LAS MASCARILLAS. El primer negocio llegó con la pandemia, aprovechando la necesidad de compra de material sanitario. Los condenados utilizaron la "ascendencia" de Ábalos para que la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, resultara adjudicataria de dos contratos de suministro de mascarillas de Puertos del Estado y ADIF, dependientes de Transportes.

El Supremo indica que, sobre una previsión de compra de 60 millones de euros, Ábalos y Koldo reclamaron dos millones y medio millón, respectivamente. Las cifras las anotó Aldama en sus previsiones de gastos. Los hechos se traducen en el doblete delictivo de cohecho y tráfico de influencias. Se descarta el uso de información privilegiada, dado que era notorio que el Gobierno estaba a la búsqueda de material sanitario.

TRABAJO SIN TRABAJAR Y PISO A LA NOVIA. Por entonces, Ábalos mantenía una relación sentimental con Jésica Rodríguez. "Aprovechándose de la privilegiada situación por su condición de ministro", hizo gestiones para que "fuera contratada por alguna empresa Pública". Y, además, "sin que tuviera que desempeñar, como contraprestación, ninguna actividad laboral". Fue contratada por Ineco y Tragsatec, lo que le vale a Ábalos el delito de tráfico de influencias. Que además no fuera jamás a trabajar, con conocimiento del ministro, le añade el de malversación.

A eso se añaden las gestiones para que Aldama, además de la mensualidad de 10.000 euros, se hiciera cargo "como gasto fijo" de un piso de lujo en el edificio Torre de Madrid para alojar a su novia. Por este cohecho se acabaron abonando 82.295 euros.

OTRA AMIGA PERSONAL, TAMBIÉN COLOCADA. No solo colocó y puso piso a su pareja sentimental. También entabló "una relación personal" intensa con una militante socialista a la que conoció en un mitin en Gijón. También a ella, Claudia Montes, le buscó un puesto público en Logirail, que también colgaba de Transportes. Además, cuando ella decidió no ir a trabajar, Koldo se encargó de que se volatilizara el expediente que se le había abierto. Otro tráfico de influencias.

VACACIONES GRATIS POR LA NOTA DE AIR EUROPA. Debido a la crisis provocada por la pandemia, al ministro le llegó otra petición de Aldama: que Transportes emitiera una nota de prensa que anticipara la concesión del rescate a Air Europa para tranquilizar a los acreedores. "Ábalos, asumió la petición y encargó la redacción de una nota", dice el Supremo. La contraprestación fueron 10 días gratis en un chalé de Marbella. El Supremo atribuye la decisión de este cohecho a Aldama, dejando fuera una vinculación directa a la aerolínea.

CHALÉ FRUSTRADO PARA ÁBALOS. El Supremo examina también lo sucedido en relación con Villafuel, la sociedad que buscaba una licencia de hidrocarburos. El tribunal no ve probado el tráfico de influencias para que se le concediera, principalmente porque Transportes no era competente para ello. Pero sí se demostró en el juicio que los responsables de la sociedad compraron un chalé para el ministro que debía servir de pago a las gestiones. Lo disfrutó un tiempo, hasta que se demostraron infructuosas y, además, el ministro fue cesado. El chalé se traduce en un nuevo delito de cohecho.