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Hace unos cinco meses el Ministerio de Sanidad pactó el borrador del Estatuto Marco con los sindicatos de clase, aquellos representantes en Ámbito de Negociación (SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF sin CIG-Saúde). Se suponía que ese texto firmado en enero era el que Mónica García había llevado al Consejo de Ministros el pasado martes.
A la guerra abierta con el colectivo médico, García podría sumar la rebelión de más 227.000 profesionales de enfermería que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, porque la reforma a trámite no se ajusta a lo rubricado en enero. El principal sindicato que los representa y perteneciente a la mesa del ámbito, Satse, a través de un comunicado, ha mostrado su rechazo frontal al texto que empieza ya su tramitación.
El sindicato de enfermería considera esto como un "atropello injustificado", que califica de "traición institucional" y "una tomadura de pelo" a todo el colectivo de Enfermería y Fisioterapia. "Máxime cuando está en ciernes una reunión del Consejo Interterritorial con unas propuestas que vulneran claramente el marco jurídico que rige la negociación sindical y ningunean a todo sindicato que pertenezca al Ámbito de Negociación", añade.
En su presentación formal a principios de año, en una comparecencia conjunta de Mónica García con los representantes sindicales, entre ellos Laura Villaseñor (presidenta de Satse), la ministra defendió que se había alcanzado un acuerdo "que llevamos trabajando de manera casi artesanal desde hace más de tres años con los sindicatos del ámbito para este nuevo Estatuto Marco".
Entonces, Villaseñor destacaba la incorporación de más de 100 medidas a ese "texto anticuado tras tres años de trabajo". Y, al tiempo, exponía que este acuerdo "es solo un paso en el camino y se necesita implicar al resto de los ministerios, sobre todo Hacienda", por eso subrayó "la necesidad de que se implique a todo el Gobierno".
Hoy, la situación es diferente y Satse denuncia que "se han producido recortes en derechos y avances esenciales ya comprometidos, por lo que, a pesar de la fase de audiencia pública que se abre, entiende que esta deriva ya merece el uso de todo tipo de medidas que se están valorando".
Satse apunta que se trata de un texto que dista de lo acordado en aspectos esenciales, como la posibilidad de que se pueda regular la jubilación anticipada por razón de la penosidad inherente a la actividad en el ámbito sanitario, así como el acceso a la jubilación parcial de forma ágil y en igualdad de condiciones con el resto de personas trabajadoras.
La organización sindical señala que el actual texto no contempla este aspecto ya que el Ministerio de Sanidad solo podría instar el inicio del procedimiento que permitiría que el Ministerio de Seguridad Social determine en un futuro el acceso a la jubilación anticipada por razón de la actividad para el personal estatutario. Y en lo que respecta a la jubilación parcial, no se recoge que se haga efectivo este derecho de forma directa e inmediata a su puesta en vigor, por lo que no sería un derecho accesible para este personal.
Satse resalta, además, que el texto que ahora se somete a audiencia e información pública contempla modificaciones sobre conceptos retributivos que tampoco comparte, porque resultan perjudiciales para el colectivo de profesionales de la sanidad pública. "Se han producido recortes en derechos y avances ya comprometidos que no vamos a permitir", apunta.
El sindicato argumenta que "parece mentira" que se tenga que recordar a un Gobierno y a las comunidades autónomas que "cualquier modificación relacionada con jornada, clasificación profesional, retribuciones, organización del trabajo, representación profesional o estructuras específicas de negociación debe abordarse desde una perspectiva global del Sistema Nacional de Salud y mediante los cauces de negociación legalmente establecidos", señala.
La organización sindical reclama quetodos estos asuntos respeten plenamente el papel del Ámbito de Negociación y que cualquier acuerdo que pudiera adoptarse preserve expresamente los procesos negociadores actualmente abiertos o pendientes.
También pide a Sanidad que se eviten decisiones que puedan interpretarse como soluciones "corporativas o excluyentes" respecto del conjunto de profesionales, y que las autonomías, como administraciones responsables de la gestión de los servicios sanitarios, participen activamente en el fortalecimiento de los espacios de negociación colectiva y diálogo social. De otra forma, se reserva el derecho de iniciar cualquier tipo de medida de reacción ante esta cuestión que hará saber en los próximos días.
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