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El Gobierno y el PSOE han resistido al primer juicio de un gran caso de corrupci�n de la era S�nchez. Durante un mes, los socialistas han vivido con cierto bochorno los hechos enjuiciados en el Tribunal Supremo cometidos presuntamente por quien fuera ministro de Transportes y ex secretario de Organizaci�n del PSOE, Jos� Luis �balos.
Comisiones ilegales en lo peor de la pandemia, enchufes en empresas p�blicas y prostituci�n son algunos de los asuntos que han aflorado en la vista que durante un mes ha dirigido con templanza el presidente de la Sala de lo Penal, Andr�s Mart�nez Arrieta. La sentencia llegar� previsiblemente antes del verano. Seg�n informan fuentes jur�dicas a EL MUNDO, la intenci�n del tribunal es comenzar a deliberar esta misma semana y que el fallo se conozca en un plazo razonable de tiempo.
Pero lejos de llegar a su fin el calvario judicial para los socialistas, lo cierto es que tan s�lo ha comenzado. El pr�ximo jueves est�n citados en la Audiencia Nacional, de nuevo, el ex asesor de �balos, Koldo Garc�a, y el empresario V�ctor de Aldama por las gestiones que ambos hicieron con el Gobierno de las Islas Baleares que lideraba Francina Armengol para la compra de material sanitario. El Ejecutivo auton�mico que encabez� la actual presidenta del Congreso contrat� con la empresa vinculada a la red corrupta Soluciones de Gesti�n para la compra de mascarillas durante la pandemia del covid. En la vista oral que ha tenido lugar en el Alto Tribunal, Aldama explic� c�mo se produjeron esas conversaciones con el Gobierno balear y lleg� a afirmar que se reuni� personalmente con Armengol.
Fuentes jur�dicas y fiscales indican que la sentencia que dicte la Sala de lo Penal ser� clave para su ramificaci�n en la Audiencia Nacional. En su informe final, el fiscal jefe Anticorrupci�n, Alejandro Luz�n, sostuvo que los miembros de la presunta organizaci�n criminal eran m�s que los enjuiciados en el Alto Tribunal. �Cada uno de los tres miembros de la organizaci�n contaba con una serie de personas orbitando a su alrededor, apoyado de manera puntual o continua tanto por otras autoridades y funcionarios del Ministerio de Transportes�, asegur� Luz�n.
Por otro lado, tal y como inform� EL MUNDO, Anticorrupci�n ha pedido en la Audiencia Nacional que la declaraci�n de Aldama y Koldo en el juicio de las mascarillas se una a la causa abierta en la Audiencia Nacional por la presunta financiaci�n irregular del PSOE. El Ministerio P�blico considera que esos testimonios pueden ser relevantes para avanzar en las pesquisas incoadas por el uso descontrolado de dinero en efectivo en Ferraz ya que son datos que �no eran conocidos hasta ahora� y de �inter�s� para el esclarecimiento de los hechos. El juez Ismael Moreno ya ha accedido a esa petici�n.
En tanto, en la causa incoada por los presuntos ama�os de obra p�blica desde el Ministerio de Transportes se est� a la espera de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aporte nuevos atestados para posteriormente proceder a la imputaci�n de las constructoras como personas jur�dicas, entre ellas de la multinacional Acciona, seg�n indican fuentes del caso. Adem�s, hay testificales pendientes de practicar como la de los responsables del bar Franky de Pamplona (Navarra), donde la trama liderada por el ex secretario de Organizaci�n del PSOE Santos Cerd�n presuntamente blanque� el dinero recibido de Acciona.
Y junto a estas investigaciones de la Audiencia Nacional, pr�ximamente hay otra fecha. El pr�ximo 28 de mayo arrancar� en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio al hermano del presidente del Gobierno, el m�sico David S�nchez P�rez-Castej�n.
La fecha de finalizaci�n prevista de las sesiones est� fijada para el 4 de junio. En el juicio se sentar�n en el banquillo de los acusados, por los delitos de prevaricaci�n y tr�fico de influencias, junto al hermano del jefe del Ejecutivo, el ex secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel �ngel Gallardo y el ex asesor de La Moncloa Luis Carrero.
Las penas reclamadas para el hermano del presidente del Gobierno suman tres a�os de prisi�n y 12 a�os de inhabilitaci�n, as� como diversas multas. En el apartado de responsabilidades civiles, y al margen de las multas, las acusaciones populares piden que S�nchez y el asesor devuelvan los sueldos ganados en la Diputaci�n.
Por �ltimo, junto a estas citas judiciales ya fijadas, quedan otras decisiones vinculadas a los tribunales que se conocer�n en las pr�ximas semanas y que ser�n claves como, por ejemplo, la de la Audiencia Provincial de Madrid avalando o revocando la decisi�n del juez Juan Carlos Peinado de enviar a Bego�a G�mez a un juicio con jurado por los delitos de tr�fico de influencias, malversaci�n de fondos p�blicos, apropiaci�n indebida y corrupci�n en los negocios en el sector privado. La peregrinaci�n judicial no ha hecho m�s que empezar.
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