Los mejores recuerdos de Elena durante sus vacaciones en un pueblo de la sierra de Cádiz transcurren junto a un lago artificial al que acudía a menudo con su hermana y su abuela. "Lo pasábamos muy bien y me divertía muchísimo", cuenta la joven, que hoy tiene 19 años y vive en Francia. Elena pasó muchas vacaciones de su niñez y su adolescencia en este lugar privilegiado donde sus abuelos habían comprado una casa. Pero no todos los recuerdos de aquellos días en un pueblo blanco de la sierra gaditana son luminosos. Una noche del verano de 2018, un amigo de la familia, padre de un niño de 10 años con el que Elena solía jugar, la convenció de que se quedara a dormir en su casa y la violó de madrugada. Después cogió un cuchillo de la cocina y la amenazó con matarla si contaba algo. En ese instante se acabó la infancia feliz de Elena, que tenía 12 años, y comenzó una espiral autodestructiva, violenta y desesperada que a punto estuvo de acabar con su vida.

Ocho años después, la sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado al violador a una pena de 10 años de prisión por agresión sexual sobre un menor de 16 años y a otros seis meses de cárcel por un delito de amenazas. El condenado deberá indemnizar a la víctima con 9.000 euros, una cantidad que difícilmente resarcirá todo el sufrimiento vivido, que alteró su conducta y la llevó en varias ocasiones al hospital por un proceso agudo de ansiedad y depresión con autolesiones e intentos de suicidio.

Durante años, la niña bloqueó el recuerdo de la violación. En el verano de 2022 comenzó a ir a terapia con una psicóloga, a la que finalmente relató de forma progresiva lo que había sufrido: primero los tocamientos y después la violación. Contó que solía jugar con un niño de 10 años, hijo de unos amigos de sus abuelos. Y que una tarde, el padre del menor la invitó a quedarse a dormir en su casa.

Todos se acostaron en la misma cama, incluidos los dos amigos y un bebé de 15 meses del matrimonio. Cuando los demás dormían, el condenado comenzó a tocarle las nalgas y los pechos y ésta intentó zafarse de él retirándole la mano. Pero, como insistía en los tocamientos, la niña salió de la cama y se fue al cuarto de baño. El hombre la siguió, la empujó bruscamente contra la pared, le quitó la ropa, le puso la mano en la boca para que no gritara y la violó. La dejó tendida en el suelo sangrando y en estado de shock. Después se fue a la cocina y cogió un cuchillo, para volver al cuarto de baño y colocárselo en el cuello mientras le decía que si contaba algo la mataría.

Denuncia ante la Gendarmería

En una de las sesiones con la psicóloga, la madre de Elena oyó parte del relato tras la puerta de la consulta y, en mayo de 2023, decidió presentar denuncia ante la Gendarmeria.

Durante su declaración en el juicio, el abuelo de Elena contó que, tras conocer lo sucedido, llegó a encararse con el agresor en un bar y le dijo "de todo". Éste se limitó a agachar la cabeza. La abuela explicó a su vez que su nieta le había transmitido su miedo a que el agresor fuera hasta Francia para matarla.

El informe de la psicológa clínica que la trató relata episodios de pánico, cólera, culpabilidad, tristeza y vergüenza. La niña sufrió trastornos del sueño y alimenticios y presentaba un riesgo suicida elevado, con dos tentativas de suicidio por intoxicación medicamentosa y conductas de automutilación.

En su informe académico constan sanciones disciplinarias por violencia física y actitud irrespetuosa; absentismo escolar significativo, expulsiones del centro escolar por peleas y comportamiento irrespetuoso. En sólo dos meses, fue protagonista de hasta 20 incidencias por comportamientos inadecuados con compañeros. Todo este cuadro clínico y académico es perfectamente compatible con un trauma por los abusos sufridos, concluye el dictamen pericial aportado a la causa, que describe trastornos psíquicos con predominio de ansiedad "perfectamente compatibles con una violación con amenazas". El mismo perito aclaró durante el juicio que la tardanza en relatar los hechos se explica por "el vínculo de amistad entre los abuelos y el acusado y los sentimientos de lealtad y vergüenza que pudiera tener la menor".

"Es pronto aún para saber si la condena me ha aliviado. Pero estoy contenta porque puede evitar que les ocurra lo mismo a otras víctimas", explica Elena, que ha accedido a responder a unas preguntas de EL MUNDO a través de su abogada, Inés Alba Palerm.

La víctima no está del todo satisfecha con el resultado del proceso, porque cree que no sirve para reparar todo lo que lleva soportando desde hace casi ocho años: "Considero que la justicia española es mucho más justa que la francesa. No obstante, sigo pensando que 10 años y medio de prisión y 9.000 euros de indemnización es muy poco para compensar los daños morales y físicos que todo esto me ha causado".

Tras la violación, Elena volvió al pueblo de la sierra de Cádiz en varias ocasiones. La primera vez sufrió varias crisis de ansiedad pero poco a poco logró procesar lo ocurrido: "Volver a Cádiz no me causa sufrimiento porque, con el paso de los años, soy plenamente consciente de que no soy yo quien debe sentirse culpable".

La abogada de la acusación considera que esta sentencia demuestra que los delitos sexuales también pueden probarse años después de haberse cometido. "Muchas personas creen erróneamente que una agresión sexual ocurrida años atrás no puede acreditarse si no existen evidencias físicas o biológicas, como ADN o informes médicos obtenidos inmediatamente después de los hechos. Sin embargo, es posible hacerlo si existe una declaración sólida, persistente y verosímil de la víctima cuando aparece corroborada por elementos periféricos objetivos. Espero que este caso sirva para que otras víctimas comprendan que el paso del tiempo no les priva de su derecho a ser escuchadas ni de la posibilidad de obtener justicia", añade la letrada.