El auto del magistrado Santiago Pedraz describe la actividad de la presunta organización criminal integrada por el ex secretario de Organización del PSOE.
El interior de la sede del PSOE, en la calle Ferraz, durante los registros de la UCO este miércoles.
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El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sostiene en el auto dictado contra 'las cloacas del PSOE' que el ex secretario de Organización del partido Santos Cerdán "habría puesto a disposición de la trama criminal la propia estructura del partido".
En ese sentido, el juez indica que "desde sus inicios" el PSOE "soportó" el coste de la actividad desplegada por la presunta organización criminal, "permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de las funciones administrativas" de la trama, "aportó sus dependencias para la celebración de sus reuniones" y sufragó el "coste de la logística" de algunos de los miembros de la red.
En el auto, adelantado por EL MUNDO, el instructor sostiene que Cerdán, gracias a su "rol superior", ordenó que se pagara a la denominada fontanera del PSOE, Leire Díez, 4000 euros mensuales de los fondos del partido.
Pedraz ha imputado, además, a la gerente de la Secretaría de Organización del partido, Ana María Fuentes Pacheco. Según el juez, "al menos como cómplice en la comisión de los delitos y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces".
De la gerente del PSOE, Pedraz recalca que "emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la trasferencia de fondos con destino Leire Díez".
Según la investigación judicial fueron víctimas de la trama dedicada a extorsionar a jueces, fiscales y guardias civiles el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, el fiscal José Grinda, el fiscal Ignacio Stampa, la empresaria Carmen Pano (que confesó haber llevado bolsas de dinero en efectivo a Ferraz) o agentes de la UCO como el teniente coronel Antonio Balas, entre otros.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha irrumpido a primera hora de la mañana en la sede del Partido Socialista, ubicada en la madrileña calle de Ferraz, en busca de documentos y contratos que acrediten la actividad de la presunta organización criminal.
En la causa, que permanece bajo secreto de sumario, se investigan delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.