Gurutz Agirresarobe sale a diario de la cárcel de Basauri y disfruta de un fin de semana en su casa al aplicarle el polémico 100.2 La jueza de Vigilancia Penitenciaria constata también irregularidades la semilibertad al secuestrador de Aldaya y Delclaux
Gurutz Agirresarobe durante su declaración en la vista oral celebrada en el Audiencia Nacional.EFE/POOL
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Gurutz Agirresarobe Pagola, el etarra que acribilló a tiros a Joseba Pagazaurtundua el 8 de febrero de 2003, sale a diario de la cárcel de Basauri a las 8.00 horas de la mañana y regresa a las 21.30 horas al disfrutar de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario concedido por el Gobierno vasco. El Departamento de Justicia de la consejera socialista María Jesús San José le aplica esta semilibertad tan solo cinco meses después de que la Fiscalía abortara la concesión de un «precipitado» tercer grado que Covite tachó de «fraudulento». Agirresarobe pasó el pasado fin de semana en su casa gracias a un permiso especial.
El Gobierno vasco multiplica las concesiones del artículo 100.2 a los miembros de ETA a los que facilita su salida de prisión a diario y, como ha sucedido con Agirresarobe, premia con permisos de fin de semana a presos que en teoría se encuentran en segundo grado; el ordinario de cumplimiento entre rejas. Desde el pasado lunes 27 de abril, el asesinato de Pagaza abandona todos los días la cárcel de Basauri para presuntamente acelerar su proceso de integración social con un plan que no puede desarrollar dentro del centro penitenciario. El Departamento de Justicia controlado por el PSOE vasco ya intentó que Agirresarobe junto a los también ex miembros de ETA Jesús Narváez e Itziar Alberdi adelantaran su salida de la cárcel con la concesión de terceros grados el pasado mes de noviembre. Pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la concesión de los beneficios penitenciarios a los tres condenados por terrorismo. En el caso de Agirresarobe, el Ministerio Fiscal advirtió de que era «precipitado» permitir que Agirresarobe cumpliera su condena en semilibertad porque había contado con pocos permisos que acreditaran su adaptación y por «la lejanía» para llegar a cumplir las tres cuartas partes de la pena de 30 años de prisión que cumplimentará en 2033. Al asesino de Pagaza el Gobierno vasco le había concedido estar en su domicilio con una pulsera o control telemático sin ninguna obligación para regresar al centro penitenciario de Basauri.
Pero el recurso de la Fiscalía obligó a Agirresarobe a regresar a prisión hasta que el pasado día 27 el Gobierno vasco le autorizó a salir todos los días para presuntamente seguir un plan de resocialización que no puede llevar a cabo dentro de la prisión. El ex miembro de ETA logró ser inculpado por la Ertzaintza en 2010 por el asesinato de Pagaza porque extrajo su ADN de un botellín de agua que Agirresarobe había solicitado mientras estaba detenido. Esa prueba fue determinante para inculparle del asesinato del militante socialista y jefe de la Policía Local de Andoian porque Agirresarobe dejó su rastro genético en la taza de un café con leche que se tomó y dejó sin pagar instantes antes de tirotear a Pagazaurtundua en el bar Daytona de Andoain. En 2003, Agirresarobe era un etarra no fichado por la policía que residía en Hernani y que jugaba al rugby en el equipo de su pueblo. Emparejado con la también ex integrante de ETA Aitziber Ezkerra, la Ertzaintza le incautó cuando fue detenido de 6.000 euros que habían sido recolectados en una campaña a favor de los presos de la banda terrorista.
Agirresarobe entró en prisión el agosto de 2010 por orden del entonces juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska y además de los 30 año de cumplimiento de prisión tiene la prohibición de acercarse a menos de 50 kilómetros de San Sebastián y de la viuda y de los dos hijos de Joseba Pagazaurtundua. El Departamento de Justicia del Gobierno vasco no facilita información sobre cómo garantiza estas condiciones de las condenas de los etarras. Tampoco qué cantidades de las indemnizaciones a las víctimas han cumplimentado los miembros de ETA cuando se les deja en semilibertad. Agirresarobe fue castigado a indemnizar con 400.000 euros a la viuda de Joseba Pagazaurtunda y con 200.000 a cada uno de sus dos hijos. El Colectivo de Presos Vascos al que pertenece Agirresarobe abona unos 25 euros mensuales por etarra para cumplimentar el requisito de su teórico compromiso con las víctimas de sus actos terroristas.
La concesión del 100.2 para Agirresarobe se produce cuando los jueces de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional han revocado la semilibertad de terroristas como Soledad Iparagirre Anboto, Juan Manuel Carasatorre y Gregorio Vicario Setién. La juez Reyes Gimeno ratificó su decisión de anular la concesión del artículo 100.2 a Vicario Setién que el Gobierno vasco le había concedido. La juez de Vigilancia Penitenciaria desestimó en un auto del pasado 29 de abril el recurso que había presentado el abogado Txema Matanzas contra la anulación del 100.2. Matanzas pasó 10 años en prisión por integración en organizaciones vinculadas a ETA y solicitó que el secuestrador de José María Aldaya y de Cosme Delclaux completara su condena en semilibertad.
Gregorio Vicario fue condenado a 265 años de cárcel y la juez Reyes Gimeno en sus explicaciones sobre por qué rechaza la aplicación del artículo 100.2 describe las irregularidades utilizadas por el Gobierno vasco con los ex miembros de ETA. El auto constata que la Junta de Tratamiento de la prisión de Zaballa donde cumplía condena Vicario rechazó en noviembre de 2025 la concesión del tercer grado. Apenas dos meses más tarde y si contar con el criterio de la Junta de Tratamiento, la dirección de Zaballa -nombrada por la consejera San José- decretó la concesión del artículo 100.2 que fue concedido por la vicenconsejería de Justicia vasca.
En su escrito, la juez de Vigilancia Penitenciaria denuncia que la concesión de la semilibertad no respetó que existiera un «plan de ejecución», requisito básico que justifica la aplicación de una medida excepcional. Además, como ya advirtiera el juez José Luis Castro en el caso de Juan María Carasatorre, el Gobierno autonómico no justifica por qué concede a los etarras salidas diarias cuando también dentro de prisión pueden realizar programas de resocialización.