La última promoción de acceso al Cuerpo Superior de la Inspección denuncia más de un año de espera para incorporarse a sus puestos
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
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Una promoción entera de inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que son los funcionarios encargados de vigilar y exigir el cumplimiento de las normativas laborales y de prevención de riesgos en empresas públicas y privadas, lleva medio año cobrando dinero público y sin trabajar porque el departamento que cuelga del Ministerio que dirige Yolanda Díaz aún no les ha asignado un puesto. Aprobaron la oposición en marzo de 2025 y finalizaron su formación en diciembre, pero seis meses después siguen a la espera de incorporarse al cuerpo, y la perspectiva es que no lo hagan hasta 2027, agrandando cada vez más el agujero al erario público.
"Hay 45 personas que llevan desde diciembre de 2025 en su casa cobrando mil y pico euros sin hacer absolutamente nada", resume uno de los afectados, que prefiere mantener el anonimato. Su situación jurídica actual es la de "funcionarios a la expectativa de destino" y, como tal, están percibiendo la remuneración básica de 1.200 euros brutos mensuales. El gasto total supera los 50.000 euros al mes para la Administración y, de mantenerse los actuales retrasos hasta 2027, el desembolso acumulado rebasará el millón de euros en retribuciones públicas destinadas a personal ya seleccionado y formado que continúa sin prestar servicio efectivo debido a retrasos y disfunciones administrativas en el proceso de incorporación.
Hace unos días, representantes de la promoción se reunieron con la Secretaría General de la Inspección de Trabajo para solicitar una previsión de incorporación. Según relatan, la respuesta fue que todos los trámites siguen su curso ordinario, aunque sin ofrecer un calendario concreto. "Nos dicen que el procedimiento transcurre con normalidad, pero no nos dan ninguna fecha y todo apunta a que nos iremos a 2027", lamenta un miembro de la promoción que ha participado en las conversaciones que mantienen los afectados con el organismo y que explica que él y sus 44 compañeros están atrapados en un proceso administrativo que depende de la resolución previa de un concurso de traslados de inspectores en activo.
Subinspectores a la espera
La situación afecta también a los 26 inspectores que accedieron por promoción interna desde el cuerpo de subinspectores. En su caso continúan trabajando, pero desempeñando las funciones y cobrando el salario de su categoría anterior. "Son personas que están asumiendo una enorme carga de trabajo y que siguen cobrando como subinspectores pese a haber aprobado para ejercer como inspectores", explica uno de los portavoces del colectivo.
Los afectados denuncian además otro problema añadido: el deterioro de los conocimientos adquiridos durante la preparación y el curso selectivo. "Si finalmente nos incorporamos en marzo de 2027, habrán pasado dos años desde que aprobamos y más de un año desde que terminamos la escuela", lamenta uno de ellos. "La memoria llega hasta donde llega. Se pierde totalmente el contacto con la materia", afirma.
EL MUNDO se ha puesto en contacto con el Ministerio de Trabajo para consultar sobre la situación de estas más de 70 personas y la respuesta apunta a otro ministerio: "Los trámites de la contratación de funcionarios son competencia del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública". Sin embargo, quien determina y gestiona la incorporación efectiva de los inspectores (tanto de acceso libre como de promoción interna) es la Subsecretaría y del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS), que depende de Yolanda Díaz.
Una situación insostenible
La demora está afectando de forma desigual a los miembros de la promoción. Algunos son jóvenes que no han podido independizarse ni planificar su futuro profesional. Otros abandonaron empleos en el sector privado para opositar y ahora afrontan dificultades económicas.
"Hay compañeros con hijos que han tenido que buscar otro trabajo porque con esta retribución no pueden mantener a su familia", explica uno de los afectados. "También hay personas que estaban pensando en formar una familia o acceder a una vivienda y ahora sus proyectos están bloqueados", explica.
Su situación suele darse con relativa frecuencia en la Administración. Sin ir más lejos, el pasado mes de mayo trascendió que más de 4.000 opositores que aprobaron en 2025 las pruebas para el Cuerpo de Gestión Civil del Estado aún esperaban a que les fuese asignado su destino, un limbo que se prolongó durante meses tras un arduo proceso selectivo.