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El 10 de febrero de 2025, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo llevar hasta la playa del Algarrobico un atril para hacer una declaración solemne. El Gobierno iba a iniciar de inmediato el proceso de expropiación del suelo sobre el que se levanta el hotel ilegal. Montero, que se estrenaba en aquellos días como secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Junta, se atrevió incluso a dar un plazo: en cinco meses sería posible demoler el edificio, «símbolo de los desmanes urbanísticos», dijo entonces vehementemente. «Vamos a hacer realidad algo que debería haber sucedido hace mucho tiempo», sentenció la ministra.
La vicepresidenta se pilló claramente los dedos poniendo fecha al derribo. Pero, sobre todo, rompió con el consenso que, tras años de trifulca, la Junta y el Gobierno central habían alcanzado para avanzar juntos y repartirse el coste de la demolición y la posterior renaturalización del entorno. La vía de la expropiación se convirtiría en un nuevo litigio interminable contra la promotora de los terrenos, advirtió entonces la Junta. Y así ha ocurrido. En cambio, ni el Gobierno ni María Jesús Montero hicieron entonces lo que sí estaba en sus manos, que era exigir a los concejales socialistas que dejaran de bloquear, una y otra vez (tanto desde el gobierno municipal como desde la oposición) el proceso para declarar nula la licencia que un alcalde socialista concedió en 2003 a la empresa Azata del Sol para levantar el hotel en un suelo protegido, tal y como le viene exigiendo al alcalde de Carboneras el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desde hace dos años con amenaza incluso de multa diaria.
Este miércoles, cinco concejales socialistas (junto una concejal no adscrita) volvían a impedir que el pleno diera luz verde al trámite tantas veces aplazado. Exigían que para someter a votación el mismo se aportara un informe económico y jurídico que evalúe el coste patrimonial que supondría para el Ayuntamiento la anulación de la licencia, teniendo en cuenta que la empresa Azata tiene ya solicitada una indemnización de 70 millones de euros a las administraciones por perjuicios y lucro cesante.
La preocupación de los socialistas tiene que ver con la losa que el Algarrobico puede convertirse para las arcas municipales si la empresa promotora sigue adelante con su reclamación. Hoy es ésa la obsesión de los ediles. Pero, durante años, defendieron que el hotel era un proyecto necesario para la promoción turística y económica y para la generación de empleo en Carboneras, pese a la aberración paisajística y urbanística que supone, además de la ilegalidad que significó conceder permiso para su construcción, en pleno Parque Natural del Cabo de Gata- Níjar y sin respetar el dominio marítimo terrestre, como ha dejado constancia en su sentencia el Tribunal Supremo.
Cabe recordar en este punto que fue un alcalde socialista, Cristóbal Fernández, el que concedió la licencia en 2003, y fue el gobierno socialista de Manuel Chaves el que bendijo la operación, promoviendo un cambio en la ordenación del parque natural para la playa del Algarrobico, que pasó de tener un nivel de protección C1, por su alto valor ambiental, a un D2, «urbanizable». Esa recalificación se realizó sin pasar por los trámites obligados, en lo que el Supremo definió como una «triquiñuela». Por eso, una licencia que había sido concedida con el amparo de la Junta acabó siendo nula según la decisión de la Justicia.
Con el aval de la administración autonómica, el Ayuntamiento autorizó un hotel de 400 habitaciones cuyas obras casi habían concluido cuando las protestas de Greenpeace pusieron el foco de todo el país sobre el disparate urbanístico del Algarrobico. Entonces, la que era en aquel momento ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, apoyó la movilización y dejó a la Junta y al gobierno socialista de Carboneras en entredicho por su actuación.
Durante muchos años, los concejales socialistas siguieron defendiendo el proyecto por lo que suponía para el despegue turístico de la zona y la creación de empleo. Y ahora lo hacen porque temen que puedan derivarse responsabilidades patrimoniales para quienes aprobaron aquella licencia.
Nunca hasta esta semana el PSOE a nivel regional o federal había exigido a sus concejales que dejen de sabotear la recuperación de la playa del Algarrobico. El secretario general de los sociliastas, José María Martín, anunció ayer por fin la apertura de expedientes a los cinco ediles por haber desafiado el compromiso de María Jesús Montero.
"El hotel El Algarrobico se va a tirar sí o sí. Un atentando contra el medioambiente de semejante envergadura trasciende el nivel de decisión político local y es una prioridad del PSOE andaluz y nacional", afirmaba ayer el Partido Socialista en una nota de prensa, tras anunciar la suspensión temporal de militancia, con efectos inmediatos, de los cinco concejales de Carboneras.
"Al mantener los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Carboneras una posición contraria al acuerdo de la dirección del PSOE-A, optando por el aplazamiento del pleno para el próximo lunes, la dirección provincial del PSOE de Almería ha solicitado la suspensión temporal de militancia de todos los miembros del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Carboneras, medida que será ejecutada mañana mismo por los órganos federales del partido", afirmaba en el mensaje el PSOE andaluz.
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