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Los suizos decidirán este domingo en referéndum si incorporan a la Constitución federal el objetivo de mantener la población residente por debajo de los 10 millones de habitantes antes de 2050. De aprobarse, la iniciativa impulsada por el Partido Popular Suizo (SVP/UDC) convertiría a Suiza en el primer país europeo que introduce en su Constitución un objetivo demográfico explícito vinculado a la inmigración.
Las últimas encuestas otorgan una ligera ventaja al no, con un 52% de intención de voto frente al 45% del sí, aunque el resultado sigue abierto.
La iniciativa, bautizada como "No a una Suiza de 10 millones", obligaría al Gobierno a intervenir cuando la población alcance los 9,5 millones de habitantes. Las medidas deberían centrarse principalmente en la inmigración, el asilo y la reunificación familiar. Como último recurso, el texto contempla incluso revisar o denunciar el acuerdo de libre circulación de personas que regula las relaciones entre Suiza y la Unión Europea.
Actualmente Suiza cuenta con 9,1 millones de habitantes, frente a los 7,3 millones que tenía en 2002. Más de una cuarta parte de la población residente es extranjera. La inmigración constituye el principal motor de ese crecimiento en un país donde la natalidad se encuentra en mínimos históricos.
Para los promotores de la iniciativa, el país se acerca a sus límites físicos y sociales. Argumentan que el crecimiento de la población está agravando la escasez de vivienda, encareciendo los alquileres, saturando las infraestructuras de transporte y aumentando la presión sobre los servicios públicos. "Cualquiera que ame Suiza, haya nacido aquí o no, quiere que siga siendo un lugar seguro, próspero y donde merezca la pena vivir. De eso trata precisamente esta iniciativa", sostiene Nils Fiechter, una de las caras visibles de la campaña.
La propuesta ha sido impulsada por el Partido Popular Suizo (SVP/UDC), principal fuerza política del país y referente histórico de la derecha soberanista europea. Aunque formalmente se presenta como una iniciativa de sostenibilidad, la campaña ha girado en torno a algunos de los temas tradicionales del partido: inmigración, asilo, seguridad y presión sobre las infraestructuras.
Pero la oposición a la propuesta es igualmente amplia. El Gobierno federal, la mayoría de los partidos, las organizaciones empresariales, los sindicatos y, de forma poco habitual, los cantones, las ciudades y los municipios han formado un frente común para pedir su rechazo.
El ministro de Justicia, Beat Jans, una de las principales voces de la campaña del no, sostiene que los problemas de vivienda, transporte o presión sobre los servicios públicos no pueden resolverse mediante una reducción drástica de la inmigración. "Esta iniciativa pone en peligro el bienestar de la población", advirtió recientemente.
La consulta también tiene una importante dimensión europea. Si el límite de población acabara obligando a restringir la libre circulación de personas, Suiza podría verse forzada a renegociar algunos de los acuerdos que regulan sus relaciones con Bruselas. Rudolf Minsch, economista jefe de Economiesuisse, la principal organización empresarial del país, recuerda que "la Unión Europea sigue siendo, con diferencia, el socio comercial más importante para Suiza", y advierte de que una ruptura podría generar incertidumbre económica y empresarial.
Los sectores económicos temen además una creciente escasez de mano de obra. Más de 360.000 trabajadores cruzan cada día las fronteras suizas para trabajar en hospitales, industrias tecnológicas, empresas farmacéuticas, fábricas de relojería y servicios públicos.
Las advertencias no son únicamente políticas. Un estudio reciente del Instituto Demografik de Zúrich calcula que la aprobación de la iniciativa podría provocar un déficit de hasta 329.000 trabajadores a tiempo completo en 2050. El informe parte de un escenario en el que la inmigración neta se reduciría a unas 40.000 personas al año, el nivel considerado compatible con el objetivo de no superar los 10 millones de habitantes. Los sectores más afectados serían la sanidad, la industria avanzada, la hostelería y las tecnologías de la información. "Ningún cantón quedaría indemne", advirtió Manuel Buchmann, principal autor del estudio.
El referéndum se sigue con atención en toda Europa, en tanto que desplaza el debate migratorio a un terreno poco habitual. Mientras países como Alemania, Dinamarca o Países Bajos discuten cómo reducir la inmigración o gestionar mejor la integración y la presión sobre la vivienda, los suizos votarán algo diferente: si el país debe fijar un límite máximo de población y utilizar la política migratoria para hacerlo cumplir.
En última instancia, los suizos no decidirán únicamente sobre una cifra. Votarán entre dos temores contrapuestos: el miedo a que el crecimiento demográfico altere el modelo de país que conocen y el temor a que limitar la inmigración debilite la economía que ha sustentado su prosperidad durante décadas.
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