El Banco Central Europeo reevaluará si Juan Carlos Barrabés puede seguir siendo miembro de la cúpula del Banco Santander tras el auto judicial de este sábado, según ha podido saber EL MUNDO.

El juez Juan Carlos Peinado envía ya a juicio oral a Barrabés por los delitos de «tráfico de influencias y corrupción entre particulares» con indicios de que formó un singular equipo con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que favorecía a ambos.

Fuentes conocedoras próximas al BCE consultadas aseguran que el auto judicial del sábado de apertura de juicio oral «es un salto cualitativo», al pasar de imputado a acusado y que obliga a revisar su idoneidad como consejero del Banco Santander.

Un portavoz del BCE se limitó a señalar a este diario sobre Barrabés que su institución «no puede confirmar ni desmentir si se ha abierto expediente para evaluar la honorabilidad de Juan Carlos Barrabés». Sin embargo, otras fuentes precisan que el expediente está en preparación a la espera de pronunciamiento en España de la Audiencia Provincial, la instancia a la que Barrabés ha recurrido para que desautorice al juez Peinado.

La sospecha creciente es que el empresario tecnológico aragonés ayudaba a Gómez en 2020 y 2021 a montar la cátedra en la Complutense que iba a servir de trampolín para que la cónyuge de Sánchez hiciera un negocio futuro con una plataforma digital para pymes. Y, en paralelo, ella le apoyaba en la obtención de contratos públicos con fondos europeos.

Aunque la Audiencia Provincial ha corregido en no pocas ocasiones la controvertida instrucción de Peinado, sí ha avalado hasta ahora la imputación de Barrabés y tiene difícil tumbarla, porque, por un lado, la propia Fiscalía Europea ve indicios de irregularidades en dos contratos arrancados en 2021 a la empresa pública Red.es, en que recibió apoyo explícito de, entre otros, Begoña Gómez siendo su esposo presidente en ejercicio. Ambos suman 12,2 millones.

Por otro lado, el juez ha tenido incluso que abrir una pieza separada centrada en Barrabés por otra adjudicación de cuatro millones de euros en Red.es también en 2o21 ante los hallazgos de la Fiscalía Europea con un informe de la UCO.

Según las reglas europeas, los bancos de la Eurozona sólo pueden nombrar o mantener como consejeros a personas que cumplan los requisitos de, entre otros, «reputación, honestidad e integridad». Barrabés ha logrado mantener su estatus fit and proper -idóneo- mientras está imputado. Con ese aval, la presidenta del banco, Ana Botín, ha promovido incluso su renovación hace unas semanas -le une con él una larga y antigua amistad-, pese a los problemas de salud que arrastra.

La banquera habría incomodado sobremanera a Pedro Sánchez, si hubiera osado en esas fechas apartar a Barrabés del consejo contradiciendo el relato monclovita de que, en el caso Begoña Gómez «no hay nada».

Finalmente, en la junta de accionistas del 27 de marzo, Barrabés fue renovado tres años como «consejero independiente» con sólo un 1% de votos en contra. A eso se remite el banco. Sin embargo, es muy improbable que agote mandato en el banco, si la Audiencia confirma que de la imputación actual pasa al banquillo .

El aragonés niega irregularidades y tiene derecho a presunción de inocencia, pero la reputación es esencial para participar en la administración de un banco y más, si es sistémico, como el cántabro. La guía del BCE dice que «aunque en el procedimiento penal existe la presunción de inocencia, el simple hecho de que una persona esté procesada es relevante para la idoneidad. En la evaluación, deberá tenerse en cuenta toda la información existente con respecto a la idoneidad de la persona designada, así como sobre la fase en la que se encuentra el procedimiento y el valor probatorio de la supuesta conducta ilícita».

La Fiscalía Europea recabó un informe del interventor judicial que es demoledor sobre las irregularidades en la adjudicación de Red.es a empresas de Barrabés. Hace reproches como el de que ha habido «adulteración de la valoración técnica». Y afirma: «Incumpliendo la Ley, la valoración de los criterios técnicos no evaluables mediante fórmula fueron valorados por la Mesa de Contratación, que no era competente».

La UCO, por su parte, añade también irregularidades en la tercera adjudicación sobre la que se ha abierto pieza separada. Todo esto habrá de ser esclarecido, pero el hecho de que Fiscalía Europea -ya que no la nacional-, los interventores del Estado o el BCE se impliquen en el caso rompe la narrativa de que de todo viene de «organizaciones ultraderechistas».

Eso, en cuanto a Barrabés, pero no hay que olvidar que la Universidad Complutense reclama a Gómez «provisionalmente un perjuicio de 113.509,32 euros» por el famoso software que ella quería explotar desde su empresa. No deja de ser otra muestra de deterioro institucional español que Moncloa no haga autocrítica ante hechos que sí activan a instituciones europeas.