El Gobierno ha atendido a los sindicatos y ha bajado el tope máximo de alumnos por aula. Pero la evidencia científica advierte de que esta medida es muy costosa, el equivalente aproximado al dinero que el Ministerio de Educación dedica a las becas, y, si bien da cierta tranquilidad a los profesores y a los padres, no tiene efecto sobre el rendimiento académico de los alumnos.
El think tankEsadeEcPol ha analizado el impacto del proyecto de ley que debe ser aprobado aún por el Congreso de los Diputados. Reduce las ratios máximas de 25 a 22 alumnos por aula en Primaria y de 30 a 25 estudiantes en la ESO, además de que cada niño con necesidades educativas especiales contará como dos cuando la reforma se apruebe, si los grupos parlamentarios llegan a un acuerdo.
Eso implicaría contratar a más profesores y abrir, por tanto, nuevas aulas. La memoria económica de la norma aprobada por el Consejo de Ministros asegura que no va a suponer un incremento de costes para las arcas públicas. Aunque no cuantifica la medida dice que la caída de la población infantil absorberá el ajuste de forma natural y sólo Ceuta y Melilla necesitarán recursos adicionales.
Sin embargo, esta afirmación es desmontada por la investigación realizada por Lucas Gortázar, director adjunto de EsadeEcPol, y José Montalbán, investigador de este organismo así como profesor de Economía en la Universidad de Estocolmo. El trabajo estima que la apertura de nuevas aulas sí generará un incremento del gasto aunque la natalidad descienda.
Utilizando datos del Ministerio, el INE y los informes internacionales PISA, TIMSS y PIRLS, llega a la conclusión de que en la próxima década 2027-2026, el coste presupuestario neto medio será de al menos 2.818 millones de euros anuales, descontando ya el impacto de la caída de la población en edad escolar, lo que supone un acumulado de 28.184 millones en el conjunto de los 10 años. Es una cantidad similar al presupuesto que tiene el Ministerio de Educación para becas universitarias y no universitarias O el equivalente a más de lo que se gasta una región como Castilla-La Mancha en educación.
«La memoria económica del proyecto de ley dice que la bajada de ratios no supondrá costes, pero no han hecho público ningún dato que lo evidencie. Nosotros hemos hecho las cuentas y, realizando una estimación conservadora, sí vemos un efecto», señala Gortázar, que pide abrir «un debate serio» antes de aprobar el proyecto de ley porque «es mucho dinero el que se está poniendo encima de la mesa».
Sobre todo, añade, teniendo en cuenta que el efecto de la bajada de ratios sobre el rendimiento académico de los alumnos «no es significativo», según la evidencia científica. Lo recuerda el estudio: reducir cinco alumnos por clase se asocia con una mejora media de las notas de los alumnos del 1,25% de la desviación estándar. No es gran cosa. Ayuda, eso sí, a mejorar el bienestar de los profesores (en un 5% de la desviación estándar) y a tener más contentas a las familias (un 2,5%) porque se reduce la probabilidad de que haya conductas disruptivas en el aula.
Pero los autores ven que hay otras soluciones más eficaces. Por ejemplo, dar complementos salariales a los profesores que impartan clase en centros difíciles mejora el rendimiento en Matemáticas y Lectura entre el 7% y el 8% de la desviación estándar, mucho más que el 1,25% de la bajada de ratios. Mientras que dar clases particulares a los alumnos rezagados tres veces a la semana tiene un efecto del 26% de la desviación estándar, el equivalente a unos seis meses de progreso en el aprendizaje.
El trabajo señala que añadir 7.300 euros anuales al salario bruto de todos los docentes, el equivalente a una subida cercana al 21% sobre su sueldo actual, saldría mejor que bajar las ratios de forma uniforme en todas las aulas, que han calculado que tendría un impacto real en la satisfacción de los profesores como si sólo les hubieran subido un 6% el sueldo.
¿Por qué entonces el Gobierno ha optado por esta salida? «Las reformas docentes profundas requieren acuerdos entre actores con preferencias divergentes. La reducción de ratios, en cambio, no exige ese trabajo de coordinación debido a que la palanca es presupuestaria, la ejecución recae en cada autonomía y el efecto operativo es directo», responden los autores.
Gortázar y Montalbán consideran preferible acotar esa bajada de ratios únicamente a los centros de alta complejidad y riesgo educativo, algo que supondría aproximadamente 564 millones de euros anuales, no 2.818 millones. Pero recomiendan, sobre todo, sustituir la primera medida por la combinación de otras dos que tienen mayor repercusión en el rendimiento educativo: implantar un MIR educativo para mejorar la calidad de los profesores (1.500 millones de euros al año) y dar tutorías en pequeños grupos a los alumnos rezagados (1.080 millones anuales). La factura ascendería, por tanto, a 2.580 millones de euros; es decir, 238 millones menos que bajar el número de alumnos por aula.
El trabajo hace una estimación concreta para un colegio de Primaria donde se pasaría de 25 a 20 alumnos, lo que supondría poner cuatro aulas en vez de las tres actuales. Ese aula adicional obligaría a hacer reformas en el centro, que cifran en 70.000 euros repartidos en 25 años, el equivalente a 2.800 euros al año. Si a esa cantidad se le suma el sueldo del personal adicional que habría que incorporar a la plantilla (han sido conservadores y lo han cifrado en 60.000 euros), sale un coste real de 63.000 euros anuales.
A eso habría que descontar el dividendo demográfico; es decir, lo que el sistema se va a ahorrar con la reducción de alumnos en edad escolar por la caída de la natalidad. Los autores la cifran en un ingreso de 33.000 euros por la reducción de estudiantes de 100 a 88 (un 12%). El coste presupuestario para cada escuela sería, por tanto, un neto anual de 30.000 euros.
El estudio también refleja que tres comunidades -Madrid, Andalucía y Cataluña- absorben conjuntamente cerca del 63% del coste total. Si a este grupo se suma la Comunidad Valenciana, superan el 72% del coste nacional. Es, por tanto, una reforma «asimétrica» y, además, «no se distribuye de forma neutra por nivel socioeconómico del alumnado». Los centros más ricos concentrarán un 31% del gasto de las administraciones frente al 22% de los más pobres. «Esto se debe a que las aulas que rebasan el nuevo tope están más concentradas en zonas urbanas con mayor demanda y, por tanto, con perfiles socioeconómicos más altos», explican.
«Esta política, por tanto, presenta un coste muy elevado por los efectos que puede producir», sintetizan los autores, que insisten en que hay que «invertir donde la evidencia indica que el retorno educativo es mayor, es decir, especialmente en alumnado de menor nivel socioeconómico».
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