Los expertos alertan de un inminente repunte de los litigios entre inquilinos y propietarios

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El Congreso de los Diputados tumb� este martes el Real Decreto-ley sobre la pr�rroga del alquiler y la limitaci�n de precios. El nuevo portazo de PP, Vox y Junts, junto a la abstenci�n del PNV, anticipa una etapa de incertidumbre. Seg�n los expertos, la norma del Ejecutivo, que se mantuvo vigente apenas 30 d�as y de cuya derrota el propio Pedro S�nchez ya era �consciente� el d�a de su anuncio, abre ahora un limbo legal entre propietarios e inquilinos. Esta situaci�n hace prever un repunte de la litigiosidad, especialmente entre aquellos arrendatarios que, siguiendo las directrices del Gobierno, ya hab�an solicitado formalmente la extensi�n de sus contratos.

El rechazo parlamentario deja sin red, seg�n estimaciones de Oxfam Interm�n, a 1,2 millones de contratos que expiran en los pr�ximos dos a�os, de los cuales 630.000 lo hacen este mismo 2026. No obstante, la propia vicepresidenta segunda, Yolanda D�az, hab�a insistido hace unas semanas en que los inquilinos estar�an a salvo: �En 30 d�as salvaremos a muchos seres humanos�.

Los expertos en derecho inmobiliario advierten de que la �imprudencia� de alentar a exigir una extensi�n sin base parlamentaria segura ha generado escenarios de alta volatilidad en el mercado. Alejandro Fuentes-Lojo, abogado del Bufete Fuentes-Lojo, aclara que en este caso los propietarios tienen las de ganar: �Puede oponerse a conceder dicha pr�rroga bas�ndose en que jur�dicamente no procede otorgar una extensi�n que, en el momento del vencimiento del contrato, ya no est� en vigor�.

El escenario cambia si el propietario ya acept� la solicitud antes de que el decreto decayera. En ese caso, el acuerdo prevalece. �Como se ha aceptado la pr�rroga, le vincula y tendr� que respetarla esos dos a�os por mucho que luego la norma quede derogada�, explica Fuentes-Lojo.

Sobre esta duda, la abogada especializada en derecho inmobiliario y socia de AF Legis, Arantxa Goenaga es categ�rica: �Si el propietario lo acept� no va a poder revocarlo y por lo tanto deber� aceptar dicha pr�rroga ya que dio su consentimiento y en el momento en que produjo efectos la norma estaba vigente�. Una postura respaldada de forma un�nime por los juristas, que recuerdan que, en ese caso, el acuerdo ya es absolutamente vinculante.

Ante la posibilidad de que muchos inquilinos se nieguen a abandonar las viviendas bas�ndose en el decreto fallido, podr�an perder un pleito por expiraci�n de plazo. En ese caso, no solo tendr�an que marcharse, sino que podr�an ser condenados a pagar las costas judiciales e indemnizar al propietario por los perjuicios de la demora.

Por su parte, Goenaga aporta un matiz importante sobre la situaci�n de los arrendatarios. Aunque coincide en que �el riesgo en un procedimiento judicial siempre es el de la imposici�n de costas�, advierte que �con lo que duran actualmente los procedimientos judiciales y lo dif�cil que est� el mercado inmobiliario, el inquilino puede llegar a considerar que le sale econ�micamente a cuenta porque si tiene que buscar otro piso deber� pagar m�s de renta y por supuesto la dificultad de encontrarlo�.

La ausencia de este dique legal disparar� el sobreesfuerzo financiero de los inquilinos del 35% al 62%, una brecha dif�cil de asumir si se considera que los precios del alquiler han escalado un 52% desde 2021 mientras los ingresos apenas han subido un 23%. En la pr�ctica, este escenario amenaza con transformar mensualidades de 800 euros en recibos de 1.200 euros, empujando a casi tres millones de personas a los denominados desahucios invisibles o mudanzas forzosas por la absoluta incapacidad de afrontar la renta.

A este clima se suma la advertencia de Fuentes-Lojo, quien recuerda que un juicio de desahucio puede llegar a alargarse un a�o. Por ello, su principal recomendaci�n es revisar el contrato para �estar seguro de que en ese caso procede la oposici�n o la pr�rroga� y ser conscientes de los tiempos judiciales, valorando siempre �la conveniencia de negociar tambi�n una salida pactada�.