Desde el Ejecutivo buscan trasladar un mensaje de "tranquilidad" y cumplimiento de los requisitos, pese a que el PSOE está en ebullición, en un momento delicado
Pedro Sánchez, el miércoles, antes del inicio de la sesión de control al Gobierno en el Congreso.Efe
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La decisión del juez José Luis Calama de imputar a José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de la investigación del rescate a la compañía Plus Ultra ha impactado en la política nacional. El Gobierno y el PSOE están inmersos en gestionar el shock. Mientras los socialistas aguardan posibles novedades, como pudiera ser en los próximos días el conocimiento del sumerio o ya el día 2 de junio la declaración en sede judicial del ex presidente del Gobierno, el planteamiento se basa en blindar la decisión gubernamental y el procedimiento administrativo del rescate.
El Ejecutivo defiende que Plus Ultra cumplía con los requisitos para ser rescatada y que la adjudicación de los préstamos se basa en un "marco reglado, donde no cabe la discrecionalidad, ni la arbitrariedad y ni la discriminación". Desde La Moncloa, el propio Pedro Sánchez en persona, siempre han defendido la "pulcritud" de los préstamos, porque cada vez que se les cuestiona por este asunto remarcan que es un dinero que las compañías tienen que devolver.
Fuentes del Gobierno, en medio de la tormenta desatada por la imputación de Zapatero y los registros, entre otras sedes, al despacho que utilizaba él mismo y el que ocupaban sus hijas, buscan trasladar un mensaje de "tranquilidad" y cumplimiento de los requisitos, pese a que el PSOE está en ebullición, en un momento delicado.
Explican que la resolución favorable del expediente por parte del Consejo Gestor se tomó en base a "media docena de informes técnicos. Todos ellos avalaron y confirmaban el cumplimiento por parte de Plus Ultra de los requisitos establecidos". Posteriormente, Consejo de Ministros autorizó la propuesta del Consejo Gestor y el 9 de marzo de 2021, Plus Ultra Líneas Aéreas recibió una ayuda con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) por importe de 53 millones.
Respecto a las críticas de que se rescatase a una compañía que tenía pocas aeronaves y que, de hecho, en el momento del rescate sólo tenía un avión operativo, en el Ejecutivo contraponen que como compañía aérea, "formaba parte de un sector estratégico, como así lo marcaba la normativa, y cumplía los requisitos en una empresa de este sector".
En un ejercicio que busca encapsular el daño y el desgasgte que supone que un referente del socialismo como es Zapatero esté siendo investigado por presuntos delitos de corrupción, desde el Ejecutivo desgranan que el expediente de Plus Ultra fue tramitado y avalado por los servicios técnicos de SEPI, que contó con el asesoramiento de "sendos asesores financiero y jurídico externos"; fue revisado "infructuosamente" por el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, por la Fiscalía, por numerosas acusaciones populares, y también por un perito judicial; analizado por la Comisión Europea, "que no halló ninguna irregularidad en el régimen de ayudas de Estado"; y fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, "concluyendo la legalidad de la ayuda".
Respecto al hecho de que Plus Ultra no estuviera al corriente con la Seguridad Social, lo que supondría un incumplimiento para ser rescatada, desde el Gobierno se escudan en la figura del aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social, que, desgranan es una herramienta habitual que solicitan muchas empresas en momentos puntuales, y que durante la pandemia de la Covid se utilizó de forma más intensiva.
"La concesión del aplazamiento en concreto a Plus Ultra se ciñó en ese momento a la normativa vigente y al proceder normal en una situación de este tipo. Todos los aplazamientos concedidos finalizaron por pago", señalan.