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El Gobierno de Pedro Sánchez va a tener que lidiar con una patata caliente inesperada por el gran apagón del año pasado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dejado en manos de Moncloa la resolución del expediente abierto recientemente contra Red Eléctrica. Y es que el supervisor resolverá directamente el resto de procesos sancionadores, dirigidos contra varias de las centrales propiedad de las eléctricas privadas, pero ha dejado el eventual castigo a la empresa que preside Beatriz Corredor en manos del mismo Gobierno que puso al frente de la compañía a la exministra socialista.
La CNMC ha incoado ya una veintena de expedientes sancionadores por el cero eléctrico del 28 de abril que justo en una semana cumplirá su efeméride. Todos ellos, por infracciones «graves» sin riesgo para el suministro, salvo el de Red Eléctrica. La Comisión ha achacado al operador del sistema varias faltas calificadas como «muy graves» de sus responsabilidades esenciales, en particular, las relativas a garantizar la seguridad de suministro.
La clase de incumplimientos que ha detectado la CNMC explica por qué ese expediente ha quedado bajo el paraguas de Moncloa y no del supervisor. Fuentes técnicas lo describen como un «dardo envenenado» para el Ejecutivo, que desde el inicio de la crisis eléctrica ha respaldado la gestión del operador del sistema y a su presidenta.
La CNMC ha situado a Red Eléctrica en el centro del análisis técnico del incidente, y el Gobierno va a tener que retratarse. Hace meses, en el entorno de Moncloa hablaban de «responsabilidades políticas» y de que tendría que asumir las consecuencias del blackout aquello que quedase señalado cuando todo fuese aclarado. Doce meses después del cero eléctrico, no se han producido ceses ni dimisiones por el incidente. Dados los plazos de resolución que se manejan, de hasta 18 meses, es posible también que para entonces sea otro Gobierno el que acabe fijando la multa.
A diferencia de los expedientes en marcha contra las centrales de Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol, el proceso contra Red Eléctrica le corresponde resolverlo al Gobierno. Esto es así por el reparto de competencias, entre la CNMC y el Ministerio para la Transición Ecológica, activado por real decreto en el año 2019. El texto fijó el tipo de infracciones que le correspondía sancionar a cada organismo. Bajo la competencia del departamento que dirige Sara Aagesen quedó una larga lista de incumplimientos relacionados con la «fiabilidad y seguridad» del suminsitro, como los que ahora la CNMC ha atribuido a Red Eléctrica.
Al tipificar las presuntas infracciones del operador del sistema como «muy grave», el supervisor ha incrementado de forma sustancial el potencial sancionador. Este tipo de faltas están castigadas con entre seis y 60 millones de euros. Fuentes técnicas apuntan que las propuestas de sanción de la Comisión se situarán, con toda probabilidad, en la parte baja de la horquilla en todos los casos. «No se trata de quebrar el sistema, sino de evitar que la historia se repita». En el caso de Red Eléctrica, Moncloa tendrá la última palabra.
La ley, de hecho, deja amplio margen al Gobierno para graduar la sanción. Por ejemplo, la escala puede variar en función del «peligro resultante de la infracción», «la importancia del daño o deterioro causado», «los perjuicios producidos en la continuidad del suministro» o «la intencionalidad».
Entre los indicios de incumplimiento que la CNMC ha achacado a Red Eléctrica se apunta a un error de programación del resto de centrales de generación, que la empresa controlada por el Estado debe gestionar, a través de los mercados de servicios de ajuste. Es decir, el supervisor pone en duda la diligencia de la compañía que preside Corredor a la hora de diseñar el mix energético definitivo con el que España afrontó el día de la peor crisis eléctrica de su historia. La Comisión también cuestiona las «instrucciones necesarias para la correcta operación del sistema eléctrico» que debió emitir Red Eléctrica al resto de operadores aquel lunes negro.
Lo cierto es que todos los expedientes se encuentran en una fase inicial. A partir de ahora, las empresas podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas que estimen procedentes. Aunque lo habitual es que la incoación de un expediente sancionador acabe en multa, la CNMC se ha mostrado cautelosa y ha resaltado que ello no prejuzga la imposición de multas. También ha subrayado que eventuales sanciones no implican, necesariamente, que las empresas afectadas sean responsables del apagón.
La presión es palpable, tanto en el supervisor, como en el sector y también en el Gobierno. Ayer, la titular de Transición Ecológica indicó que su ministerio no va a «interferir» en los procedimientos de la CNMC. También insistió en que los expedientes se encuentran en una fase temprana y que se desarrollarán «de forma garantista y con el máximo rigor».
Sobre los incumplimientos atribuidos a Red Eléctrica, Aagesen aseveró que cuando culmine el expediente «es cuando se llevará a cabo el sancionador si realmente así lo estima la CNMC». No será inmediato. El supervisor, que tiene en marcha varias decenas de expedientes más que todavía no han visto la luz, tiene de plazo entre nueve y dieciocho meses para cerrarlos, en función de la gravedad de la infracción.
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