Más de medio millón de euros. Ese fue el presupuesto mínimo, documentado en el auto judicial, que manejó la presunta organización criminal que el PSOE tuvo a sueldo para desactivar las causas judiciales de corrupción que afectan al partido, al Gobierno y a la familia del presidente, Pedro Sánchez. En concreto, la trama dispuso al menos de 538.225 euros para sufragar sobornos y dádivas, y generar bulos contra lo que llamaban, con interés de desacreditarla, "UCO patriótica".
Así se desprende del auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que desgrana los pagos a los miembros de la trama y los ofrecimientos de éstos a terceros. El instructor sostiene que "la estructura del partido soportó el coste de la actrividad investigada" y que Leire Díez en concreto habría tenido acceso a fondos con "finalidad delictiva" para realizar ofrecimientos y sobornos a cargos públicos y particulares involucrados en dichas causas judiciales.
El PSOE habría puesto a disposición de la trama tanto liquidez como sus propias dependencias y personal. Un botín de más de medio millón aderezado con la estructura de un partido arrinconado entre tramas corruptas para una presunta organización criminal con, de momento, 10 implicados: una ex militante socialista, tres abogados, un empresario, una periodista, tres políticos y un director de comunicación, todos ellos vinculados al PSOE.
Según la reconstrucción de los hechos que hace Pedraz, Leire Díez habría recibido un total de 39.225 euros del partido. La apodada fontanera del PSOE comenzó a percibir fondos de la formación el 26 de junio de 2024. Recibió no menos de cuatro pagos de 4.000 euros de la empresa Zaño Sociedad Consultora, propiedad del ex consejero socialista de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, también imputado en esta causa. El magistrado vincula la sociedad de Zarrías con el partido en base a un mensaje sobre estos pagos remitido a Leire por el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández. Fernández le viene a decir, cuando van a cesar los pagos, que hable con Santos Cerdán: "Porque él es tu cliente en última instancia". Pese a estas evidencias recogidas, este jueves, tanto el PSOE oficialmente como el ministro Puente, que ejerción como portavoz, insistían en que nada vinculaba a las cloacas con el partido socialista.
Pedraz, en su auto, ahonda: Cerdán y Díez articularon un segundo procedimiento sirviéndose de "la intermediación de dos sociedades administradas por el abogado Ismael Oliver". La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, falseó una nota de encargo mediante la que el partido abonó 27.225 euros a Estudio Jurídico I. Oliver & Partners. El abogado abonó esa misma cantidad a la fontanera desde una segunda sociedad, Oliver Gruppe SL., "con el objetivo de romper la trazabilidad de los fondos", refleja Pedraz, añadiendo que es el propio Oliver quién dice a Díez que efectuaría la operación de tal forma "para que no se vinculen".
El letrado se habría incorporado a la organización tras la puesta en libertad del comisionista Víctor de Aldama. Según las comunicaciones de Leire que recoge el auto, el letrado habría sido designado para planificar una nueva estrategia jurídica al alimón con el abogado Jacobo Teijelo. La participación de este último, apunta Pedraz, aún depende de las futuras investigaciones que puedan practicarse. No obstante, "comenzó una dinámica de actuación coadyuvante a los intereses y objetivos de la organización", y percibió hasta 125.000 euros del PSOE, indica el auto, previa "confección de una nota de pago" tramitada por Leire a través de Cerdán y "rubricada en última instancia" por la gerente del partido.
En mayo de 2024, el PSOE paga a la periodista Patricia López unos 20.000 euros. La periodista, ya fallecida, "se puso a disposicón de la actividad investigada" a través de Leire y Cerdán, señala el auto. López trabajó en el diario Público antes de fundar, en 2022, Crónica Libre, y fue a través de la sociedad del medio como percibió los pagos del PSOE. "Para ello, Santos Cerdán habría dispuesto que se abonara esta cantidad a través de una campaña de publicidad, habiendo sido Ion Antolín (entonces director de Comunicación del PSOE), el encargado de gestionarlo". Al ponerse en contacto con la periodista, Antolín le especificó que la cuantía rondaría la ya especificada.
La periodista, actuando de forma conjunta con Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, obtuvo determinadas informaciones a cuya difusión, señala el juez, el grupo "otorgaba un papel relevante". Dentro de esta línea de acción, Pedraz destaca la "intervención preponderante" de Crónica Libre, el medio fundado por López. Según unas anotaciones intervenidas a Díez, la instrucción vincula la "creación del periódico" con la denominada "Operación PSOE".
Entre las informaciones publicadas, en algunos casos se trataba de grabaciones del archivo del comisario Villarejo y otros asuntos relacionados con distintas causas judiciales. El auto también apunta a la publicidad que se dio en medios de difusión nacional a las denuncias presentadas ante la Fiscalía por la propia trama en contra de la actuación de la UCO, lo que hizo germinar el "despectivo y contaminante" título de la "UCO patriótica".
Con el fin de obtener las informaciones comprometidas que buscaban, la trama ofreció dádivas económicas a personas involucradas con las causas abiertas que perjudicaban al partido o al Gobierno, así como a los fiscales que llevaban las mismas. Es el caso del fiscal Anticorrupción José Grinda, uno de los objetivos principales de la organización, a quien incluso se le llegó a ofrecer la posibilidad de abonarle 300.000 euros, de nuevo según las anotaciones de Díez, para que archivara las causas que de él dependían, o bien a cambio de información sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Y ya en el marco del caso Koldo, la trama realizó ofrecimientos al comandante Villalba, entre ellos garantizarle protección judicial en esta causa -estaba imputado- y rehabilitarle profesionalmente, una propuesta "de trascendencia económica", según el magistrado instructor. Asimismo, los miembros de la organización tentaron con 50.000 euros a Carmen Pano, un soborno del que, "como del efectuado al fiscal José Grinda, se evidenciaría el acceso por parte de Leire a fondos con esta finalidad delictiva".
En sede policial, Pano había declarado que entregó 90.000 euros en efectivo en Ferraz, por lo que la organización criminal efectuó dicho ofrecimiento a través de Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo en el reciente juicio en el Supremo. Antes de la declaración judicial de Pano, con esos 50.000 euros, De la Hoz trató de condicionar o modificar la testifical.
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