La respuesta no admite ambages: «No hay ningún trabajador implicado», atajan con rotundidad sobre los casos de menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que son víctimas de explotación sexual. El Defensor del Pueblo ha solicitado las cifras precisas a todas las autonomías para realizar un estudio. Y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha comunicado que en el último año cinco de las tuteladas han sufrido situaciones de explotación sexual. «No es que ocurra durante la protección porque los niños estén en un centro y entonces se prostituyan», matizan sobre lo que consideran un estereotipo extendido. También marcan distancias respecto a los situaciones vividas por menores y que adquirieron una gran notoriedad política.

El caso Baleares, desatado en 2019, acabó cercando a Francina Armengol por la falta de controles en la protección; el caso en Valencia del marido de Mónica Oltra acabó provocando la dimisión de la entonces vicepresidenta autonómica en 2022 y el Ejecutivo madrileño se vio sacudido por la Operación Sana en 2022. En los cinco casos detectados en el último año en Madrid no hay trabajadores implicados, ni como proxenetas ni como abusadores, y «tampoco hay conexión entre ellos». No se trataría de una red, sino de casos puntuales, de los que no se aportan más detalles por protección de datos y del menor.

«Creer que es generalizado es muy simplista e irreal», defienden Ana Cristina Gómez, subdirectora general de Protección a la Infancia, y María Teresa Montes, coordinadora de Centros. Son el faro que alumbra a los profesionales al cargo de los 4.075 menores resguardados por la red del Gobierno regional. Relatan que los tutelados padecen una desprotección seria por circunstancias varias: abandono físico, negligencia de los tutores, maltrato, violencias, consumo de tóxicos, menores no acompañados... «Estos niños han tenido experiencias muchísimo más duras de las que puedo tener yo con 60 años», sentencian.

Con las chicas explotadas sexualmente, la vulnerabilidad es especialmente significativa. «Nuestra experiencia, cuando adoptamos la tutela, es que ya vienen con un recorrido de violencia o de abuso sexual intrafamiliar desde la infancia, con vivencias muy al límite, y, cuando están dentro de los centros, empiezan a confiar y a contar qué les pasa», explican. Ocurre también que «están exponiéndose a situaciones de riesgo graves, a veces cercanas a la prostitución o ya de prostitución, y, si la situación familiar no lo contiene, se aplica la medida de protección para ponerle freno». En tres años, han detectado 15 chicas padeciendo explotación sexual y, en el último año, esos cinco reseñados y que se han comunicado al órgano que lidera Ángel Gabilondo.

En 2019, una violación en grupo de una menor destapó una red de tráfico de drogas y de prostitución de niñas amparadas por el Gobierno balear. Hasta 16 adolescentes fueron víctimas, una cifra altísima, pues representaba nada menos que el 4,4% del total de tutelados. El caso del marido de Oltra llegó al Supremo, donde se confirmó una condena de cinco años. Y en Madrid, en 2022, se sentó en el banquillo a 27 acusados por delitos de agresión sexual, trata y tráfico de drogas, tras captar a niñas en centros de la Comunidad. Desarticulada la organización criminal por la Policía Nacional, y con tres tuteladas como testigos protegidos, la Consejería de Política Social, Juventud y Familia de Concepción Dancausa inició una auditoría del sistema de protección.

De hecho, desde 2023 cuentan con un Protocolo para la prevención, detección y actuación ante situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en la red de centros del sistema de protección, con un volumen de 90 páginas y referencias externas, sobre el que ya hacía dos años que estaban ocupándose cuando la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), conocida como Ley Rhodes, fijó la obligatoriedad a las entidades públicas de contar con dichas guías. Debían incluir especificaciones para el posible abuso sexual y la prostitución de menores en los centros.

Pero en Madrid fueron un paso más allá y elaboraron un Modelo de entorno protector y buen trato en la red de centros de protección de la Comunidad, compartido con otras instituciones como Policía, Guardia Civil, Sanidad o Salud Mental en «corresponsabilidad», y para que se ampliase a los más de 100 espacios en los que, a su vez, debían crear cada cual su sistema en equipo. Pues cerca de 2.000 tutelados se encuentran en acogimiento residencial y el resto, con familiares propios o familias alternativas.

«Se trabaja mucho desde la prevención. El primer paso es que se vinculen con los educadores y que estos empiecen a desmontar el desencanto y rechazo absoluto hacia los adultos que ya traen. Se les proporciona un ambiente organizado y seguro donde poder ver su plan de futuro, sus gustos, sus inquietudes... Y también con programas mixtos, de salidas o vacaciones con familias, para que viniendo de modelos marginales, desestructurados, puedan ver otros que son sanos y otras maneras de relacionarse, qué es el verdadero afecto y cómo manifestarlo», detalla María Teresa Montes. Y añade su compañera: «Hay mucha intervención educativa, muchos ojos y mucha detección en las salidas: saber qué pasa cuando se ausentan o si es en el entorno familiar donde se puede dar la violencia sexual, limitarlas. Estamos muy en contacto con Policía a nivel general, para cualquier situación de una chica en la que sepas que puede estar pasando algo».

Disponen de indicadores que disparan las alarmas de los profesionales: «Desde el punto de vista físico, a lo mejor puede resultar fácil porque una chica puede tener lesiones, pero también se observa la tristeza o la ansiedad. O también lo cuentan las adolescentes, como: 'Salgo del Metro y siempre hay unos tipos que ofrecen dinero'. Porque en Madrid está pasando esto», denuncian. «Van buscándolas cerca de los centros y, en función de su vulnerabilidad, les ofrecen unas cosas u otras. Ya desde 2022, cualquier cosa que pase fuera de lo normal, los centros nos tienen que informar. Eso nos ha generado mucho trabajo; nos ayuda a prevenir también situaciones de delincuencia».´

"SON PERSONAS ROTAS"

Una vez que los educadores detectan la violencia sexual, sea porque, «hace cuatro o cinco años, el niño estaba en casa con un tío, un padre, el vecino o el novio de la madre y pasó y lo cuentan ahora, cuando están en confianza», o «porque ha ocurrido en ese momento», se les deriva a Barnahus (Casa de los Niños), un servicio donde se realiza una primera valoración y se trata el caso en coordinación con la Justicia. «Hay que ver si ese relato del niño se puede grabar, si tiene garantías para que sirva en un procedimiento judicial». Pues la Comunidad, como tutora de los menores, puede denunciar y personarse en tribunales, al tiempo que el juzgado hace un seguimiento.

Después, si la víctima necesita tratamiento e intervención psicológica, se le atiende en el Centro de Atención Psicoterapéutica en Violencia Sexual Infantil y Adolescente. «Ahí salen muchas cosas con los pequeños, porque lo tienen muy normalizado y no saben muy bien qué es lo que les ha pasado, y a lo mejor lo representan con un dibujo o jugando con muñecos, porque el adulto siempre les dice: 'Este es nuestro secreto'. Para las adolescentes es un espacio más terapéutico, son otras situaciones. Se da mucho que ellas tienen relaciones y consideran que es su novio y tiene 40 años, mientras que ellas tienen 14 o 15 años», comentan.

Si aun con estas medidas, la gravedad del menor tutelado lo requiere, la Comunidad dispone de otros tres centros [no concretan su nombre por, de nuevo, proteger a sus residentes]: dos, enfocados en trastornos de conducta y problemas emocionales arduos, con 13 y 50 plazas, y otro que es sólo para posibles víctimas de trata, con cinco plazas. «Podemos normalizar su vida, pero el daño que tiene es un daño irreversible. Son personas rotas. Y han aprendido que son un objeto, no sólo sexualmente, y hay chicas que se exponen a situaciones de riesgo, porque ya forman parte de eso. Están en una situación tan desgastada que buscan esas situaciones de afecto, de afectividad falsa, de peligro, porque les da también la sensación de hay alguien ahí».

Frente al estigma que enfrentan estas víctimas, porque la población e, incluso, en los Juzgados, apuntan, «se las trata como medio delincuentes al parecer ya tan adultas y se les culpabiliza a ellas», defienden: «Son menores muy vulnerables, hay que ayudarlas a que salgan de ahí». Y señalan hacia otras causas: «La falta de responsabilidad parental de los últimos años es bestial. Y son un reflejo de lo que sucede en la sociedad. Si suben los delitos de protección sexual, nos suben en Protección. Hay muchísima violencia sexual intrafamilar muy normalizada. Si sube la salud mental tras la pandemia, repercute en Protección». Desde su mirada experta, recuerdan el fin esencial con los tutelados: «Que vean que la vida puede ser otra cosa. Que disfruten de ir al instituto, de una salida a la piscina o de tomar una pizza un viernes». Como cualquier adolescente.