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Al menos ocho de las 11 comunidades que gobierna el PP se preparan ya para emprender una batalla legal contra el Real Decreto para regularizar de manera extraordinaria a al menos medio mill�n de inmigrantes. Se trata de la Regi�n de Murcia, la Comunidad de Madrid, Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, Arag�n, Cantabria, Castilla y Le�n y Galicia. Unas lo han decidido y otras lo estudian con detenimiento, pero las ocho tienen la determinaci�n de oponerse al procedimiento aprobado por el Consejo de Ministros el martes.
Otras dos -Extremadura y La Rioja- a�n no explicitan si est�n ya estudiando la v�a judicial, y s�lo una se desmarca por ahora: Andaluc�a. Fuentes de la Junta lo justifican por las circunstancias propias de esta comunidad: �Estamos en campa�a, no es el momento a�n de entrar ah��. �Estamos con la cabeza en las elecciones�, justifican otras fuentes cercanas a Juanma Moreno.
EL MUNDO ha sondeado a las 11 comunidades gobernadas por el PP, y la noticia no es tanto la unidad de acci�n de casi todas ellas, como que Andaluc�a se inhiba en un momento en el que Moreno trata de culminar su estrategia �atrapalotodo� desde la centralidad pol�tica. El PP andaluz ha dise�ado una campa�a en la que su candidato maximice los r�ditos de la gesti�n llevada a cabo con la mayor�a absoluta, pero en la que tambi�n logre pisar el menor n�mero de callos posibles, ya que hay un porcentaje notable de ex votantes socialistas que lo prefieren a �l antes que a Mar�a Jes�s Montero.
Esto lo resumen de forma muy gr�fica en el PSOE andaluz: �Si Juanma se dedica s�lo a sonre�r y a hacer de madre caritativa de los andaluces, saca de nuevo la absoluta�. El PP est� total y enf�ticamente en contra del real decreto. Alberto N��ez Feij�o calific� ayer de aut�ntico �disparate� la decisi�n de regularizar �a granel� a personas que han delinquido y �cuentan con antecedentes policiales�.
El PP dar� la batalla legal contra este decreto y plantea llevarlo al Constitucional y al Tribunal de Justicia de la UE, pero en G�nova tienen m�s esperanzas puestas en los recursos que puedan articular las comunidades aut�nomas: �Hay que tener en cuenta que los partidos no tenemos legitimaci�n ante el Supremo en un real decreto que no nos afecta directamente como partidos. Sin embargo, las CCAA s� tienen intereses leg�timos, como son sus servicios p�blicos o las pol�ticas activas de empleo�, explican en la directiva de Feij�o.
Isabel D�az Ayuso fue la primera en anunciar que dar� la batalla jur�dica contra el decreto, adem�s de pedir su suspensi�n cautelar. �S�, lo recurriremos a los tribunales�, confirman sin duda alguna en Sol.
Murcia va por el mismo camino: �Aquello que pueda ser susceptible de recurrirse en los tribunales lo recurriremos�, asegur� Fernando L�pez Miras. En Baleares no tienen dudas: recurrir�n y pedir�n suspender el decreto cautelarmente. �Una regularizaci�n hecha as�, sin consenso y sin dar voz a las comunidades, es un paso m�s en la imposici�n de la pol�tica migratoria del Gobierno�.
La Xunta de Galicia est� �estudiando a nivel jur�dico el texto�, que conoci� ayer por la ma�ana, �por el BOE�. �Hab�amos formulado unas alegaciones y no parece que se nos hiciese mucho caso�, descuentan fuentes cercanas a Alfonso Rueda, dando a entender que recurrir�n: �No cerramos ninguna puerta�.
El Gobierno de Arag�n tambi�n ha anunciado que interpondr� todas las acciones judiciales posibles ante el real decreto, igual que la Generalitat Valenciana, como confirm� su presidente, Juanfran P�rez Llorca. En Cantabria son muy claros: �Se va a estudiar el decreto y si hay alguna posibilidad, se recurrir�. Y en Castilla y Le�n, el Consejo de Gobierno lo tratar� este jueves, con visos a emprender las mismas acciones judiciales que el resto.
Las fuentes consultadas por este diario en la Junta de Extremadura y en La Rioja a�n no se decantan.
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