Insta al Ministerio a regular las ratios a nivel estatal para poder cambiar a su vez su decreto regional y mejorar las condiciones de las trabajadoras

Concentración de las trabajadoras del ciclo de educación de 0 a 3 años.EFE
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La marea verde, el movimiento en defensa de la educación pública contra los recortes surgido en Madrid en 2011, se ha convertido en 2026 en una marea de camisetas amarillas -mucho menos numerosa- que el domingo se manifestó en la capital para reclamar subidas salariales y reducción del tamaño de las aulas, entre otras medidas. La situación más problemática es la de las trabajadoras -la inmensa mayoría son mujeres- de las escuelas de la primera etapa de Educación Infantil, conocida como el 0-3 años, que tienen salarios mileuristas y ratios excesivas. La gestión de estas escuelas está en manos de las autonomías y de los ayuntamientos, pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso señala directamente al Gobierno de Pedro Sánchez y le responsabiliza de «causar un daño directo a las profesionales y a las familias».
La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha enviado una carta a la ministra de Educación, Milagros Tolón, en donde le acusa de mantener una «actitud pasiva» ante los «problemas que afectan al primer ciclo de Educación Infantil, y muy especialmente a las condiciones laborales de sus profesionales». ¿Por qué?
El Gobierno madrileño recuerda que el artículo 14.7 de la Lomloe, la ley educativa estatal, dice que es el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, quien debe encargarse de «la regularización de los requisitos» de los centros de Infantil, «incluida la relación numérica alumno-profesor, las instalaciones y el número de puestos escolares». «Seis años después, esa regulación sigue sin existir», alerta.
El Ministerio de Educación ha impulsado un proyecto de ley para regular las ratios de alumnos por aula, pero el primer ciclo de Infantil no aparece contemplado en él, «pese a tratarse de un ámbito cuya regulación básica decidió asumir el Gobierno central», argumenta el Gobierno madrileño, que responsabiliza de los problemas que tienen las escuelas infantiles a la falta de «una actuación a nivel estatal».
Un decreto obsoleto
La Lomloe incluye una disposición transitoria que indica que los centros que atienden a niños menores de tres años tienen un plazo para adaptarse a unos requisitos mínimos de ratios, instalaciones y número de puestos escolares. Madrid dice que, como el Ministerio no ha regulado estas cuestiones, «ello obliga a mantener vigente el decreto 18/2008», una norma madrileña que se encuentra obsoleta y desfasada.
Las trabajadoras madrileñas de estas escuelas quieren actualizarlo y adaptarlo a las nuevas realidades. Según ese decreto, las ratios máximas son de hasta ocho bebés menores de un año por aula (lo ideal es que sean tres), de hasta 14 niños de uno y dos años por aula (exigen que sean cinco) y de hasta 20 niños de dos y tres años por aula (deberían ser como mucho seis).
El Gobierno de Ayuso dice tener una «voluntad clara de actuar y de atender las necesidades del sector, pero este trabajo está condicionado a las respuestas del Ministerio, ya que la Comunidad de Madrid no puede modificar unilateralmente esta normativa sin vulnerar el reparto competencial establecido por la propia Lomloe».
«Una actuación autonómica en este sentido podría ser contraria a la Constitución y objeto de recurso por el propio Ministerio, con el consiguiente perjuicio para las profesionales y los centros», lamenta. Y redunda: «A esta falta de desarrollo normativo se añade una actitud institucional desleal, que está generando confrontación en la calle y una tensión innecesaria en un sector especialmente sensible».
Regulación estatal
Por eso, le pide a Milagros Tolón que convoque «a la mayor brevedad posible» la Conferencia Sectorial de Educación para abordar este problema junto a las autonomías y facilitar que se incorpore una regulación de Infantil al proyecto de ley.
Hace dos semanas, las trabajadoras de las escuelas infantiles madrileñas de 0-3 años, tanto las dependientes del Gobierno regional como las del Ayuntamiento y las privadas, iniciaron una huelga indefinida para reducir las ratios y pedir «salarios dignos» que desató el pánico entre las familias porque no tenían con quién dejar a los niños. Hoy el sindicato CCOO anunciará movilizaciones en toda España para mejorar las condiciones de estas escuelas.























