Actualizado Sábado, 23 mayo 2026 - 00:10

La idea fue incubada durante el cambio de milenio en el invernadero febril de la burbuja inmobiliaria y consistía en levantar un macrocomplejo turístico-residencial en unos terrenos a las afueras de Ciudad Real. El 4 de diciembre de 2002 se colocó la primera piedra. El impulso del invento se atribuye a Valcansado S.A., sociedad del grupo Gedeco, y a la ambición de los hermanos Aurelio y Julio Álvarez.

Prometían entonces un complejo sobre 1.250 hectáreas repartidas entre Valcansado, La Dehesa del Emperador y La Atalaya: un parque recreativo, cultural y comercial llamado Los Sueños de Don Quijote; un hotel-casino con centro de convenciones; un espacio deportivo con campo de golf de nueve hoyos, otro de 18, zona de prácticas, casa club, piscina, tenis, pádel y gimnasio; y unas 2.000 viviendas iniciales, con previsión de superar las 5.000.

No era todavía Las Vegas, sino una especie de macrocomplejo de ocio y viviendas con disfraz cervantino y esteroides administrativos. El delirio se amplió después, cuando Harrah's/Caesars se vinculó al proyecto como socio del futuro hotel-casino —que nunca llegó a construirse ni a operar— y la idea empezó a venderse como un resort internacional con casino Caesars, hoteles, balneario, laguna artificial, tres campos de golf, hasta 9.000 viviendas y 6.500 millones de inversión anunciada.

Lo llamaron «El Reino de Don Quijote» y, en cierto modo, el nombre era perfecto. Don Quijote confundía molinos con gigantes. La España del ladrillo confundió suelo urbanizable con riqueza automática. Un casino era menos mundano si se envolvía en patrimonio literario; una recalificación sonaba menos brutal si venía escoltada por hidalgos y promesas de desarrollo; un pelotazo en medio del secano parecía más respetable si se vendía como destino cervantino.

El Reino de Don Quijote no fue solo el resultado de la ocurrencia de cuatro señores dibujando hoteles en una servilleta. Desde el principio, las administraciones participaron en su encaje público: tramitaron y aprobaron instrumentos urbanísticos, facilitaron su desarrollo territorial y lo presentaron como una oportunidad estratégica.

La iniciativa privada no halló trabas en la cadena institucional que debía discriminar entre una inversión solvente y una operación de urbanismo especulativo de alto riesgo.

La puerta institucional se la abrió la Junta de Castilla-La Mancha. En 2001, con José Bono, del PSOE, al frente del Gobierno autonómico, la Consejería de Obras Públicas empezó a tramitar el Proyecto de Singular Interés.

La otra pata fue el Ayuntamiento de Ciudad Real, entonces gobernado por Francisco Gil-Ortega, del PP. Bajo su mandato se colocó la primera piedra y el proyecto empezó a encajar en el planeamiento local.

Con ese tablero, aunque con Barreda reemplazando a Bono, el proyecto pasó de ciudad de ocio cervantina a Las Vegas manchega.

Y luego estaba Caja Castilla-La Mancha (CCM). CCM no era una administración, pero sí una caja regional con fuerte peso territorial y gobernanza politizada, como buena parte de las cajas de la época.

En el Reino de Don Quijote participó como accionista minoritaria —Cinco Días cifró su participación en el 12,8%— y concedió un préstamo de 24,5 millones de euros. La caja fue intervenida por el Banco de España en marzo de 2009 por problemas graves de liquidez, estabilidad y solvencia.

El proyecto empezó a torcerse cuando la cruda realidad dejó de financiarles la maqueta. En 2008, con el crédito ya agostándose, Harrah's/Caesars congeló su parte del plan: el casino no se levantó, los hoteles no llegaron y las viviendas se quedaron en promesa. La sociedad intentó seguir, pero el castillo se desmoronaba ya. En 2011 entró en concurso Gedeco Avantis, principal promotora, y después la propia sociedad El Reino de Don Quijote siguió su ejemplo.

En 2015, los acreedores aceptaron una quita del 40% sobre una deuda de 200 millones: en cristiano, renunciar a unos 80 millones para intentar cobrar algo. Caja Castilla-La Mancha también estaba dentro: a 30 de junio de 2009, tenía el 12,8% del proyecto, una inversión neta de 15,2 millones y riesgos por 27,1 millones.

¿El dinero público perdido directamente por El Reino de Don Quijote? No consta una cifra cerrada y atribuible solo a este proyecto; lo que sí consta es que una caja regional después intervenida quedó expuesta. Los famosos 6.500 millones de inversión anunciada no se perdieron porque eran humo promocional. La ruina real fue otra: unos 200 millones de deuda concursal, una quita de unos 80 millones, acreedores esquilmados, una caja intervenida y una Las Vegas manchega que terminó encontrando en 2022 una oferta judicial de 5,5 millones por los terrenos.

¿Y cómo quedó aquello? Como suelen acabar las grandes epifanías del ladrillo cuando se quedan sin orquesta: sin casino, sin Caesars, sin resort y sin ciudad nueva. Perduró el campo de golf, que sí sobrevivió; quedaron los viales, el suelo parcialmente urbanizado, las parcelas sin el futuro prometido y la iconografía perfecta para otra resaca ibérica: quijotes oxidados, rotondas, maleza y la sensación de que alguien canceló la fiesta antes de que llegaran los invitados.