Desde hace meses, el mantra m�s escuchado en las televisiones y radios conservadoras estadounidenses es el que arranca con la idea de que, si para entrar "a un bar o a un club o un aeropuerto" es necesario mostrar tu DNI, lo l�gico es que tambi�n tengas que hacerlo para poder votar. "No es nada descabellado, y de eso es de lo que deber�amos estar hablando", afirm�, por ejemplo, el pasado domingo el fiscal general interino del pa�s, Todd Blanche, intentando ganar puntos con el presidente Donald Trump. Y, desde luego, nada puede parecer m�s intuitivo y obvio, sobre todo a o�dos de un europeo, para quien acudir a las urnas sin un documento oficial es algo completamente inconcebible. Sin embargo, en pol�tica pocas veces las cosas son tan obvias como parece. Y algo aparentemente tan b�sico e innegociable como un carn� est� en el centro de una batalla pol�tica brutal y mucho m�s amplia, llena de maniobras, juego sucio y desinformaci�n, una batalla con d�cadas de abusos, opresi�n y restricci�n de derechos civiles en la memoria. Una disputa que podr�a dejar sin opci�n de depositar su papeleta a millones de ciudadanos, especialmente afroamericanos, hispanos o mujeres casadas.

El primer martes de noviembre, Estados Unidos celebrar� unas de las elecciones legislativas m�s importantes de las �ltimas d�cadas. Los estadounidenses tendr�n que decidir si las dos c�maras del Congreso siguen en manos republicanas o si le dan a los dem�cratas una victoria cr�tica para poder empezar una oposici�n efectiva contra la Administraci�n. En juego no est�n s�lo esca�os, presidencias de comit�s, las llaves de la agenda y los procedimientos, sino los recursos para frenar la apisonadora Trump y lanzar un torrente de investigaciones, llegando incluso a una nueva era de juicios pol�ticos (impeachments).

En Estados Unidos no existe un documento nacional de identidad �nico, v�lido y obligatorio en todo el pa�s. No existe, siquiera, un equivalente universalmente aceptado a nivel estatal. Se funciona con carn�s de conducir, tarjetas de identificaci�n o de residencia, n�meros de la Seguridad Social o diferentes alternativas menos fiables, pero generalmente aceptadas. Es el producto de un largo pulso sobre competencias para limitar el poder centralizado, pero tambi�n de una desconfianza hist�rica en la autoridad y la p�rdida de privacidad, y el resultado de constantes abusos de poder, sobre todo contra las minor�as, desde la �poca de las leyes conocidas como de Jim Crow.

Despu�s de la Guerra Civil, la 15� Enmienda prohibi� negar el voto por raza, pero los estados confederados encontraron mecanismos indirectos para hacerlo casi imposible en la pr�ctica, como pedir documentaci�n que los negros no ten�an, imponer impuestos para votar (poll taxes) que los afroamericanos, pobres, no pod�an pagar, o aplicar pruebas de alfabetizaci�n arbitrarias, cl�usulas conocidas como "del abuelo", que exim�an de todos estos tr�mites a los blancos si pod�an demostrar que sus antecesores hab�an votado antes de la guerra. A esto se sumaban la violencia sist�mica y la intimidaci�n oficial.

Un ejemplo cl�sico que usan los polit�logos es el de Misisipi, donde, en 1890, cuando se aprob� una Constituci�n, en torno al 90% de los hombres negros adultos estaba registrado para votar; en 1965, menos del 10% lo estaba. Las leyes que no permiten hoy votar a ex convictos tambi�n son brutales: en Tennessee, por ejemplo, el 21% de sus adultos negros no tiene derecho a voto por sus antecedentes. Seg�n la NAACP, una de las grandes organizaciones de derechos civiles, casi la mitad de los afroamericanos menores de 30 a�os no tienen un documento de identidad con su nombre y direcci�n actuales, por diferentes razones.

Pero esa anomal�a del DNI dentro del mundo occidental (algo menos dentro del anglosaj�n) se ha convertido ahora en un problema pol�tico de primera categor�a, liderado por la campa�a de Trump para que se apruebe inmediatamente su proyecto de 'Ley para salvar Am�rica', una propuesta que, entre otras cosas, requerir�a pruebas de ciudadan�a, certificados de nacimiento o prohibir�a el voto por correo (excepto por enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje). "Debe hacerse de inmediato. Tiene prioridad absoluta sobre todo lo dem�s. DEBE SER PRIORITARIO", escribi� recientemente el presidente en una publicaci�n en redes sociales. "Yo, como presidente, no firmar� ning�n otro proyecto de ley hasta que este se apruebe", avis�.

La ley exigir�a que las personas presenten prueba documental de ciudadan�a al registrarse para votar y una identificaci�n con foto al momento de depositar la papeleta, pero tambi�n que los estados compartan los datos de registro de votantes con el Gobierno, algo que muchos se han negado a hacer. Las elecciones son competencia estatal, no federal, pese a los intentos de Trump de asumir el control. Su propuesta tambi�n fijar�a responsabilidad penal personal para los funcionarios electorales que infrinjan la ley, una medida de presi�n adicional tras los muchos pleitos que el l�der republicano lanz� en 2020 o las difamaciones de su equipo a funcionarios, por las que figuras como Rudolph Giuliani fueron condenados y embargados.

Trump sostiene que cada a�o votan millones de inmigrantes ilegales, a los que los dem�cratas traen en masa al pa�s para conservar el poder. No hay ninguna evidencia de nada remotamente parecido. "Numerosos estudios han llegado a la misma conclusi�n: los casos de votantes no ciudadanos son extremadamente raros. Un estudio nuestro de 2017 analiz� 42 jurisdicciones donde se emitieron 23,5 millones de votos y hall� tan s�lo unos 30 casos de votantes no ciudadanos, lo que representa el 0,0001% del total. La Fundaci�n Heritage, defensora de la Ley SAVE [Safeguard American Voter Eligibility Act], document� �nicamente 68 casos de votantes no ciudadanos desde la d�cada de 1980, de entre m�s de mil millones de votos emitidos", denuncia el Centro Brennan, uno de los cr�ticos m�s duros.

El Gobierno, con un Trump cada vez m�s impaciente, intenta desesperadamente sacar adelante la Save America Act, mientras usa al FBI y al Departamento de Justicia para investigaciones sobre presuntos fraudes pasados. Los aliados del presidente dentro del mundo MAGA exigen que movilice todos los recursos, como, por ejemplo, desplegar la Guardia Nacional o las agencias migratorias. "�Tienen toda la maldita raz�n en que vamos a hacer que ICE rodee los colegios electorales en noviembre! Puedes quejarte y llorar todo lo que quieras, pero nunca m�s permitiremos que roben una elecci�n", declar� hace no mucho Steve Bannon, gur� de la derecha alternativa mundial, avisando de las consecuencias, tambi�n para gente como �l mismo, si los dem�cratas recuperan el Congreso.

Ahora mismo, los nueve jueces est�n evaluando tambi�n si las leyes federales permiten o no que se cuenten votos por correo recibidos despu�s del d�a de la elecci�n, aunque hayan sido enviados antes. Algo que tendr�a efectos importantes, ya que desde la pandemia mucha gente ha cambiado sus din�micas de voto presencial. Todo va a pasar de una forma u otra por el Supremo, ahora o antes de las pr�ximas presidenciales, dando a la instituci�n un poder decisivo. Adem�s, m�s de 30 estados celebrar�n elecciones para sus cortes supremas este a�o, incluidos Wisconsin, Carolina del Norte y Montana, donde las decisiones judiciales han sido puntos de conflicto pol�tico, y en Michigan, Nevada, Ohio, Texas y Wisconsin, donde los resultados podr�an cambiar el equilibrio de poder judicial.

Al mismo tiempo, los estados est�n inmersos en una carrera brutal de gerrymandering, esto es, para redise�ar interesadamente los distritos legislativos contrarreloj. Son medidas que se llevan haciendo desde el siglo XIX y pueden ara�ar hasta cuatro o cinco asientos en los estados m�s grandes. Ya lo han hecho Texas o California, y hay otra docena de casos en marcha. La semana pasada, en una victoria clave para Trump, la mayor�a conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos anul� una disposici�n clave de la hist�rica de derechos civiles de 1965 al dictaminar que el mapa electoral de Luisiana se hab�a elaborado de forma inconstitucional para crear dos distritos de mayor�a negra. "Ese mapa es una manipulaci�n electoral inconstitucional", escribi� el juez Samuel Alito en nombre de los seis conservadores. Todas son manipulaciones, pero esa la tumbaron.

Horas despu�s del fallo, la C�mara de Representantes de Florida, controlada por republicanos, aprob� un mapa agresivamente redibujado que podr�a darle a los conservadores cuatro esca�os adicionales, poniendo en peligro a varios congresistas dem�cratas. Trump ha instado a los suyos a redibujar sus mapas "incluso a los que ya han comenzado a votar", afirmando en Truth Social que esto dar�a a los republicanos "m�s de 20 esca�os en las midterms".

El sistema estadounidense, inconcebible para un espa�ol, complejo y contraintuitivo, lleva funcionando, mal que bien, muchas d�cadas. Y hay una enorme literatura acad�mica y un amplio consenso entre los expertos electorales y las autoridades estatales de ambos lados del espectro pol�tico en que es bastante s�lido, seguro, efectivo y casi inmune al fraude, sobre todo al "masivo". Pero es tambi�n un sistema enormemente complicado, lento y caro, que se presta a las teor�as de la conspiraci�n por el voto electr�nico, los recuentos eternos, las tabulaciones. La Administraci�n Trump, la primera en incentivar esas teor�as, asegura que sigue investigando posibles v�nculos con Venezuela para el "robo" de 2020, buscando en vano evidencias de las obsesiones del l�der.

El DNI no es el principal problema, pero es uno f�cil de tergiversar. Estados como California, por ejemplo, no lo exigen para poder votar (salvo la primera vez que se hace). Pero eso no quiere decir que no haya verificaci�n. El control de identidad existe, pero se hace en distintas fases del proceso. Al registrarse hay que dar datos como nombre, direcci�n, fecha de nacimiento y, normalmente, n�mero del carn� de conducir o del identificador estatal o los �ltimos cuatro d�gitos del n�mero de la Seguridad Social. Y esos datos se cotejan contra bases de datos oficiales, antes y despu�s del voto. Tambi�n se revisan la direcci�n y la firma que consta en el registro y, si no coinciden, el voto puede ser rechazado o se pide una verificaci�n adicional. Tambi�n hay estados (incluidos muchos dominados por los republicanos desde hace medio siglo) en los que se usan verificaciones indirectas, como el sistema de vouching, mediante el cual un votante registrado del mismo distrito puede acompa�ar a otra persona al colegio electoral y firmar un juramento confirmando su direcci�n. O, como sucede en Iowa, donde, si un votante se olvida su identificaci�n, otro votante registrado puede dar fe de su identidad. Adem�s, los registros y censos se purgan constantemente para eliminar a personas fallecidas o que se hayan mudado.

La ley de Trump exigir�a que una persona demostrara su ciudadan�a presentando un certificado de nacimiento original, un pasaporte o un certificado de naturalizaci�n. Obtener esos papeles tiene costes directos, en d�lares, pero tambi�n indirectos, ya que llevan tiempo, implican mucha burocracia y las oficinas que expiden identificaciones est�n infrarrepresentadas en zonas rurales y comunidades de color. El Centro Brennan estima que m�s de 21 millones de estadounidenses carecen de f�cil acceso a ellos. Por no hablar de las mujeres que hayan cambiado su apellido al casarse. Se estima que cerca de la mitad de la poblaci�n de Estados Unidos no tiene pasaporte vigente. La amplia mayor�a no dispone de una copia de su certificado de nacimiento original y, a menudo, los certificados de nacimiento no reflejan el nombre actual de la persona, si lo ha cambiado. Se calcula que 69 millones de mujeres casadas adoptaron el apellido de sus maridos y no tienen el que figuraba en su certificado de nacimiento, por lo que tendr�an que demostrar su derecho en un tr�mite engorroso.

Cuando un estado como Kansas, a instancias de un pol�tico obsesionado con el supuesto fraude -al que Trump fich� en su primer mandato-, adopt� el requisito de presentar prueba de ciudadan�a, se estima que en torno a 35.000 ciudadanos -el 12% del total de solicitantes- no pudieron registrarse a tiempo. Y eso no ten�a en cuenta tr�mites adicionales, como obtener un certificado de nacimiento original o solicitar un pasaporte. En los primeros tres a�os tras entrar en vigor la ley, aproximadamente uno de cada siete solicitantes de registro electoral fue bloqueado por falta de documentaci�n, con casi la mitad de los afectados menores de 30 a�os. Al examinar los intentos de registro de no ciudadanos se encontraron 67 casos, pero menos de 40 personas lo lograron, el 0,002% de todos los votantes registrados. "Kansas ya nos demostr� el efecto de las leyes que exigen prueba de ciudadan�a: impedir el voto a personas con derecho, no a quienes no son ciudadanos. La Save America Act podr�a extender este efecto a nivel nacional, lo que significa que 21 millones de estadounidenses sin f�cil acceso a los documentos requeridos y 37 millones que se registraron a trav�s de sistemas que la ley desmantelar�a podr�an quedar excluidos del voto", denuncia Max Flugrath, portavoz de Fair Fight Action. "Esa es la raz�n, no los ilegales", concluye.