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Suiza rechazó ayer incorporar a su Constitución federal el objetivo de impedir que la población del país supere los 10 millones de habitantes antes de 2050. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular Suizo (SVP/UDC), principal fuerza política del país y referente de la derecha nacional soberanista europea, obtuvo alrededor del 45% de los votos a favor frente a un 55% en contra.
La propuesta encerraba una paradoja. Su objetivo era demográfico, pero los instrumentos previstos para alcanzar esa meta se centraban fundamentalmente en la inmigración, el asilo y la libre circulación de personas con la Unión Europea. Esa dualidad ayuda a explicar la atención que despertó el referéndum más allá de las fronteras del país alpino. Porque de haber prosperado, Suiza se habría convertido en el primer país europeo -y del mundo- en fijar constitucionalmente un límite demográfico.
Los debates sobre control demográfico suelen asociarse a experiencias como la política del hijo único aplicada durante décadas en China, no a democracias occidentales. Su excepcionalidad coincide además con un contexto europeo marcado por el endurecimiento de los debates sobre inmigración, integración, vivienda y capacidad de absorción de los servicios públicos.
Actualmente la Confederación cuenta con 9,1 millones de habitantes, frente a los 7,3 millones que tenía en 2002. El texto obligaba al Gobierno a intervenir cuando la población alcanzara los 9,5 millones de habitantes y, en última instancia, a revisar o denunciar acuerdos internacionales que contribuyeran al crecimiento demográfico, incluida la libre circulación de personas con la Unión Europea, uno de los pilares de la compleja red de acuerdos bilaterales que regula las relaciones entre Suiza y el bloque comunitario.
Más de 360.000 trabajadores transfronterizos cruzan diariamente las fronteras suizas para trabajar en hospitales, industrias tecnológicas, empresas farmacéuticas, fábricas de relojería y otros sectores estratégicos. Para los adversarios de la iniciativa, cualquier cuestionamiento de ese marco habría introducido incertidumbre económica y política en un momento especialmente delicado para las relaciones entre Berna y Bruselas.
La discusión tuvo también una importante dimensión económica. Los sectores empresariales advirtieron durante la campaña de que una restricción de la libre circulación agravaría la escasez de mano de obra en una economía fuertemente dependiente de trabajadores extranjeros. Un estudio del Instituto Demografik de Zúrich estimó que una reducción drástica de la inmigración podría provocar un déficit de hasta 329.000 trabajadores equivalentes a tiempo completo en 2050.
La participación alcanzó el 57%, claramente por encima de la media habitual de las votaciones federales suizas, situada en torno al 48%. Eso significa que alrededor de 3,2 millones de personas acudieron a las urnas. De ellas, aproximadamente 1,8 millones rechazaron la iniciativa y cerca de 1,4 millones la respaldaron. Resultado y participación reflejan una movilización poco habitual del electorado.
En un país donde la democracia directa lleva a los ciudadanos a las urnas varias veces al año para pronunciarse sobre cuestiones federales, cantonales y municipales, una participación de este nivel suele interpretarse como una señal de la importancia política del asunto sometido a votación y del grado de polarización que ha alcanzado el debate.
El mapa electoral volvió a reflejar las divisiones lingüísticas y territoriales de la Confederación. La Suiza francófona votó mayoritariamente contra la iniciativa, mientras que buena parte de la Suiza germanófona y el Ticino registraron resultados más favorables al sí. Las diferencias reflejan realidades distintas dentro del país: una Suiza germanófona que concentra la mayor parte de la población y de la actividad económica, con el eje Zúrich-Basilea-Zug como uno de los principales motores financieros e industriales de Europa; y una Suiza francófona tradicionalmente más abierta a las dinámicas internacionales y a las relaciones con Europa.
El presidente del SVP/UDC, Marcel Dettling, atribuyó la derrota al peso de las grandes ciudades. "El campo dijo claramente sí, pero las ciudades inclinaron la balanz", declaró a la radiotelevisión pública suiza de lengua alemana SRF. Los resultados confirmaron una clara fractura entre áreas urbanas y rurales.
Otra línea de división apareció en torno a la relación con Europa. Para los adversarios de la iniciativa, el resultado constituye también una victoria para la continuidad de las relaciones entre Berna y Bruselas. "Este rechazo es una excelente noticia para nuestras relaciones con la Unión Europea y con el resto del mundo", afirmó la diputada ecologista Clarence Chollet en la radiotelevisión pública suiza de lengua francesa RTS. Según la parlamentaria, la proximidad de las negociaciones sobre el nuevo paquete de acuerdos bilaterales con la UE fue uno de los factores que influyó en el voto de los ciudadanos.
Desde el SVP/UDC la lectura es diferente. La diputada Céline Amaudruz rechazó vincular directamente el resultado con la cuestión europea y advirtió contra la tentación de "mezclar los expedientes". Para la formación soberanista, la consulta trataba fundamentalmente de inmigración y crecimiento demográfico.
Pese a la derrota, los promotores de la consulta sostienen que el resultado no invalida el diagnóstico que impulsó la iniciativa. "Invito a quienes celebran hoy este resultado a resolver estos problemas", declaró Dettling tras conocerse los resultados. A su juicio, "Suiza no tiene nada que celebrar hoy".
El referéndum fue rechazado. El debate que lo impulsó, no.
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