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«Mi madre está muy débil. Ha dejado de comer, de medicarse... Sólo toma agua y zumos para estar hidratada. Tiene 83 años y va de la cama al sillón y del sillón a la cama. Está triste y no duerme. A la preocupación por su hijo ahora se suma su estado de salud, que no es el mejor porque se ha sometido a cuatro operaciones en el último año».
Al otro lado del teléfono se escucha la voz de Lina Marañón. Es la hermana de Javier Marañón Montero, uno de los dos españoles presos en una cárcel de Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial, desde hace más de un año. Lina denuncia que están «incomunicados, aislados del resto del mundo, sin poder recibir visitas», ni siquiera la de sus abogados, «en una de las peores cárceles del mundo».
Ambos españoles conviven junto a otros 18 presos más en una celda donde han contraído malaria o filariasis, entre otras enfermedades infecciosas. Carecen de agua potable y de productos de aseo. Tampoco pueden recibir medicinas. Como sólo gozan de un camastro que han de compartir, se van rotando entre sí para poder dormir sobre un colchón.
«Mi madre se ha puesto en huelga de hambre para ver si alguien se fija en ellos. Hemos escrito cartas a los Reyes, a la Santa Sede, al Defensor del Pueblo... Todos echan balones fuera. Sólo desde el Ministerio de Exteriores se nos dice que están haciendo gestiones y que se está negociando para tratar de liberarlos, aunque a estas alturas dudamos mucho de que nos estén diciendo la realidad», explica Lina.
Javier Marañón Montero, contable de Wayang Teknica, y David Rodríguez Ballesta, técnico de vídeo, participaron en una reunión el 22 de enero de 2025 en la capital de Guinea Ecuatorial para informar y dar detalles a funcionarios del Gobierno local sobre cómo iban los trabajos de la primera fase del proyecto de instalación en el país de la televisión digital terrestre (TDT), en el que habían participado como meros empleados de la empresa adjudicataria del proyecto.
Horas antes, probablemente gracias «a un chivatazo de que iban a ser arrestados», según cuenta Lina Marañón, el empresario propietario de la compañía y el gestor que la representaba en el país salieron de Guinea. Eran conocedores de que el Ejecutivo guineano, presidido por Teodoro Obiang Nguema desde 1979 tras un golpe de Estado, les iba a acusar de cometer presuntas corruptelas y supuestas deficiencias en el proyecto, cuya adjudicación superaba los 33 millones de euros.
Al salir de aquella reunión, a David Rodríguez, granadino de 46 años, y a a Javier Marañón, cordobés de 52, les retiraron los pasaportes. Días más tarde fueron detenidos. Primero fueron trasladados a los calabozos de la gendarmería del país, donde a la mujer de David Rodríguez sí se le permitió visitarlos. Luego, el 7 de abril de 2025 ingresaron en Black Beach, considerada una de las peores prisiones del mundo.
Desde entonces están allí. Los funcionarios penitenciarios del país africano no les permiten realizar llamadas telefónicas al exterior, no pueden recibir visitas de su abogado ni tampoco de su familia y no hay constancia formal de que se les vaya a someter a juicio. Sólo la pareja de Javier, que es guineana y con la que tiene una hija, puede acceder en contadas ocasiones a entregarles comida a los dos reclusos.
Lina Marañón cuenta que su hermano «ha querido hacer testamento porque ha estado a punto de morirse en dos ocasiones», pero que «nadie» de la embajada de España en Malabo ha podido acceder al penal para que Javier firme el documento.
«Mi hermano está muy enfermo. A él y a David los tienen secuestrados como rehenes... El Gobierno de Guinea Ecuatorial busca que los dueños de la empresa se presenten en el país y den explicaciones, pero eso no va a suceder», dice Lina.
A mediados de marzo pasado, las familias de ambos españoles enviaron una carta al papa León XIV. «Ante tal grave violación de los derechos humanos de dos devotos cristianos, apelamos a su Santidad para que descarte dicha visita. Se nos antoja incompatible que su Santidad pueda visitar Guinea Ecuatorial mientras que dos ciudadanos españoles están viendo vulnerados sus más elementales derechos humanos».
Los familiares de Javier y David pedían al sumo pontífice que cancelara su inminente viaje a Guinea Ecuatorial, país que finalmente acabó visitando en su reciente tour por varios Estados africanos durante abril de este año.
Manuel Madrid, abogado de los trabajadores encarcelados, describe el auto de imputación como un escrito de cuatro líneas generales. Se les acusa de malversación, administración desleal e intento de soborno. Una lista de supuestos delitos de carácter societario.
Madrid explica que las gestiones judiciales en Guinea Ecuatorial las realiza, en coordinación con él, el abogado de oficio que ambos españoles tienen asignado allí. «Desde el primer minuto no estamos ante un proceso reglado ni homologable al funcionamiento del sistema judicial español ni de ningún otro país europeo. Eso me lo dejó claro mi colega de Malabo cuando empezamos a trabajar conjuntamente. Por ejemplo, se les notificó el auto de imputación meses después del arresto y del encarcelamiento, algo que aquí sería impensable», dice.
Según este abogado, todavía no existe fecha de juicio, pero da por hecho que será una proceso «carente de garantías». Bajo su punto de vista, sus clientes carecen de responsabilidad alguna en caso de haberse dado un caso de corrupción, ya que «ni Javier ni David ostentan representación legal alguna de la empresa» adjudicataria del proyecto de implantación de la TDT en Guinea Ecuatorial.
Manuel Madrid añade que esta próxima semana va a mantener una reunión con el Ministerio de Exteriores para «apremiar al Gobierno» a que la negociación para liberación de los dos presos «se lleve entre altos mandatarios de ambos países».
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