"La UCO detiene al hombre de confianza de Ábalos, Koldo García Izaguirre, por pertenecer a una trama que cobraba comisiones ilegales en la pandemia". Fue el primer titular que este periódico publicó respecto a lo que hoy se conoce como caso Koldo. Era 21 de febrero de 2024 y, al poco de revelarse aquello, el ex ministro José Luis Ábalos aseguraba en el Congreso que "en absoluto" estaba al corriente del asunto. Pero el transcurso de la investigación apuntó a lo contrario. Ya en octubre de 2024, Anticorrupción atribuyó al ex secretario de Organización del PSOE un "papel principal" en el entramado y señaló que "resulta difícil entender" la operativa desarrollada por Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama "sin la participación de Ábalos". Y en esa tesis han venido ahondando los investigadores con los distintos indicios recabados en forma de informes, archivos, contratos o conversaciones. Diez documentos dejan negro sobre blanco el rastro de corrupción que se ha estrechado sobre Ábalos, y que le han llevado a una condena histórica: 24 años de cárcel por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.
Este periódico reveló la imagen que deja constancia de la reunión que mantuvieron el ex ministro y su ex asesor en enero de 2024, cuando Ábalos ya sabía que había una investigación en marcha sobre Koldo García. En esa cita, que se produjo en el reservado de la marisquería La Chalana (Madrid), la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) concluyó que Ábalos actuaba como "intermediario" para la trama que obtuvo comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia.
El caso Koldo ha terminado investigándose en varias piezas separadas, con lo que la sentencia ayer conocida solo hace referencia a la primera de ellas, que gira en torno al cobro de comisiones por la compra de mascarillas -quedan pendientes las relativas a los amaños de contratos de obras públicas y a los cobros en efectivo del PSOE-. En esta pieza que juzgó el Tribunal Supremo hay un documento que fue clave para reflejar el papel que ejerció Ábalos en la adquisición del material sanitario a la empresa de la trama: la auditoría que encargó el ministro Óscar Puente para revisar lo que hizo su predecesor en el Ministerio de Transportes. Esta reveló que Ábalos firmó una orden de compra de cuatro millones de mascarillas a la empresa de la trama -Soluciones de Gestión- que revocó a los 38 minutos para que, en vez de cuatro millones, fueran ocho los que se adquirieran. "Pudiera parecer que la estimación final duplicada en tan solo 38 minutos estaría más relacionada con la oferta existente que con las necesidades", consideraron los auditores.
En una entrevista concedida a EL MUNDO, Koldo García señaló que ofreció a "cuatro ministerios" comprar mascarillas a Soluciones de Gestión. Finalmente, además de Transportes, Interior también contrató material a esta empresa. Además, un mensaje de Aldama que reveló este periódico reflejó cómo Ábalos dirigía a la trama para la consecución de sus objetivos dentro del Gobierno. En aquel whatsapp, el comisionista apuntaba a tres ministerios: Transportes, Industria y Transición Ecológica.
La penetración de la trama Koldo en las administraciones fue más allá de los ministerios o sus organismos dependientes -como Puertos o Adif-. También el gobierno autonómico de Baleares, entonces presidido por la socialista Francina Armengol, compró mascarillas a Soluciones de Gestión durante la pandemia. Este periódico publicó el certificado de calidad que el Govern socialista emitió sobre el material comprado a la empresa de la trama, que mostraba también el importe de la adquisición: 3,7 millones de euros. Armengol dijo no saber "nada" del contrato que su ejecutivo firmó, y ratificó las declaraciones que habían hecho antes los responsables de esa adjudicación, señalando que la compra de mascarillas se realizó a recomendación del Ministerio de Transportes a través de la persona de Koldo García.
Aquel documento y otros sirvieron para seguir el rastro de la trama más allá del Ministerio, y llevaron a Armengol a testificar en el juicio. Bajo la misma condición participó en el proceso el ex presidente de Canarias y hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pues bajo su gobierno también se compraron mascarillas a la empresa de la trama. EL MUNDO reveló una serie de whatsapps entre Torres y Koldo García que reflejan cómo Aldama utilizó al ex asesor ministerial para agilizar sus cobros ante el entonces presidente de Canarias -García escribió a Torres para pedirle que su gobierno pagara cuanto antes las mascarillas compradas a Soluciones de Gestión-. "Hoy dormiré mejor", respondió el socialista tras culminarse el abono, unas palabras que el hoy ministro justificó así: "Había un contrato que decía que había que pagar un 50% por adelantado. Habían pasado cinco o seis meses y no se le había pagado ni un solo euro".
El cobro de comisiones por los contratos de mascarillas es el asunto que vertebra este caso, pero de la investigación surgieron nuevas aristas que también se juzgaron en el Alto Tribunal, y que han resultado en hechos probados. Es el caso de la contratación de la ex pareja del ex ministro, Jésica Rodríguez, en dos empresas públicas, Tragsatec e Ineco. La mujer estuvo dos años y medio percibiendo salarios de estas dos entidades después de que Ábalos mediara para conseguirle un empleo allí. Tragsatec aportó en el Supremo la documentación del proceso de selección al que se sometió Rodríguez, que incluía valoraciones como: "Puede que necesite ayuda para no cometer errores en trabajos muy exigentes". Esto, junto a su currículum y otra documentación de su paso por estas empresas, fue determinante en la investigación, sobre todo después de que ella misma revelase que no iba a trabajar.
Jésica Rodríguez no solo obtuvo, a partir de Ábalos, dos puestos de trabajo. También un piso cuyo alquiler lo pagó la trama, según considera probado el Supremo a partir de las pruebas recopiladas. La defensa de Aldama aportó al Alto Tribunal una documentación que incluye una batería de correos electrónicos intercambiados entre un socio del comisionista y la agencia inmobiliaria a través de la que se alquiló el inmueble. El pago de esta vivienda de lujo, ubicada en la madrileña Plaza de España, se enmarca en los gastos que Aldama asumió a petición de Ábalos y Koldo García a cambio de ser favorecido en distintas adjudicaciones públicas. En la secuencia de mensajes constaban esos pagos, que ascendieron a un valor total de 82.298,40 euros en dos años.
En el marco de esa colaboración con la Justicia, Aldama también presentó ante el Supremo un escrito en el que aseguraba haber entregado al menos 20.000 euros en efectivo a Ábalos para la compra de un local en Valencia. En el contrato de adquisición de aquel inmueble figuraba que el ex ministro había abonado 90.000 euros por el local, pero, según recogía el escrito que presentó la defensa de Aldama, en el dispositivo electrónico del empresario de la trama se encontró una "evidencia" que "reflejaba un precio de 110.000 euros" para ese inmueble. "Esto es, 20.000 euros menos", señalaba el abogado, para afirmar que esa diferencia la abonó Aldama en efectivo. En un escrito, la defensa de Ábalos negó la operación que había descrito el empresario.
Aldama también aportó al Supremo un contrato que firmó con el ex ministro de Transportes -y que publicó EL MUNDO- para que se quedara, gratis, una vivienda en el Paseo de la Castellana (Madrid). Según expuso el empresario en el escrito que remitió entonces al Alto Tribunal, aquella operación por la que Ábalos adquiriría ese inmueble "sin contraprestación" constituía en sí misma una "garantía en favor" del ex ministro "del compromiso por parte de determinadas constructoras de abonar comisiones si resultaban adjudicatarias de determinados contratos públicos". Aldama afirmó ante el Supremo que Ábalos nunca llegó a ocupar aquella vivienda, pero el documento constó en la causa.
Hubo otro inmueble en el que el ex ministro sí estuvo. EL MUNDO publicó que Ábalos fue arrendatario gratis durante al menos medio año de un chalé en la urbanización Alcaidesa Playa, junto a Sotogrande. Del contrato se extrae que el inmueble lo adquirió una empresa vinculada a Aldama y el ex ministro terminó expulsado de la vivienda por impago. Ábalos afirmó que no hay nada ilegal en esto, cuyos archivos documentales obraron en poder del Supremo. Y, junto al resto de documentos recabados en la investigación, sirvieron para aclarar el papel que jugó el ex ministro en la trama criminal.
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理，仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。