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El epicentro del descontento ciudadano se localiza en puntos críticos como la Residencia Caribe, en Caraballeda, donde tres de sus cuatro torres que albergaban unos 400 apartamentos se desplomaron por completo. Según los testimonios recogidos en la zona, el rescate de las aproximadamente 200 personas que permanecen atrapadas bajo las estructuras está recayendo casi exclusivamente sobre los hombros de los propios vecinos. Ante la carencia de maquinaria pesada, grúas y herramientas de corte, los sobrevivientes utilizan sus propias manos y herramientas rudimentarias para remover escombros, bajo el lema espontáneo: "Donde falta gobierno, sobra es pueblo".
La denuncia vecinal se extiende a la ausencia de efectivos militares y personal de protección civil dotado del equipo necesario para penetrar en los más de 250 edificios dañados. Los familiares de los 157 desaparecidos reportados hasta el momento critican que, pasadas las primeras 24 horas, la ayuda estatal ha sido insuficiente y descoordinada. A esta situación de desamparo se suma el colapso del sistema sanitario local: el Gobierno ha confirmado que ocho hospitales han sufrido daños significativos, obligando a la evacuación de varios de ellos en un momento en que la atención médica es vital para los miles de heridos.
En las calles de Catia La Mar y Caraballeda, la imagen es desoladora. Sin la intervención de equipos de rescate profesionales, el tiempo se agota para quienes aún respiran bajo las toneladas de concreto. Los ciudadanos exigen que el Estado movilice de inmediato los recursos necesarios para evitar que la cifra de víctimas siga aumentando por la simple incapacidad logística de las autoridades.