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El escándalo por la presunta adjudicación irregular de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante sigue escalando en el juzgado, donde este miércoles han comenzado las primeras declaraciones de los imputados. La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante citó como investigados a un total de 15 personas relacionadas con la polémica urbanización de Les Naus. Incluidos el arquitecto municipal, Francisco Nieto, o la ex concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, que ante la jueza se ha parapetado tras su falta de memoria.
La que fuera fichaje estrella del alcalde Luis Barcala (PP), que tuvo que dimitir cuando trascendió que había sido una de las agraciadas con una vivienda en la urbanización de la Playa de San Juan, ha explicado que se enteró de la promoción de Les Naus por su marido, que fue quien se apuntó en 2018. Según fuentes conocedoras de su declaración ante la jueza, Gómez ha relatado que se adhirió junto con su marido a la cooperativa impulsora de la promoción el 18 de diciembre de 2021, antes de entrar al Ayuntamiento como concejala.
Gómez, que siempre ha defendido que entró en política en 2023, ha insistido en que fue en 2022 cuando dieron la entrada para un piso. Ante la jueza ha reiterado que no tenía ninguna información sobre Les Naus por parte del Ayuntamiento antes de ser concejala.
Pero, a partir de ahí, según las fuentes consultadas, todo han sido evasivas por su parte. La ex concejala ha declarado que no recordaba que se informara de Les Naus cuando era concejala ni que el promotor exigiera modificaciones del contrato. En esta línea, ha asegurado que tampoco recordaba reuniones con él. Y que ni siquiera sabe si sus suegros están empadronados en Les Naus, donde tienen también un piso.
Antes que la ex concejala ha declarado Francisco Nieto. Como arquitecto del Ayuntamiento de Alicante, participó en la tramitación de los pisos de Les Naus e intervino en el contrato con la cooperativa que se hizo con el suelo municipal para impulsar la urbanización. Pese a ello, finalmente fue uno de los beneficiarios de una vivienda pública.
Según fuentes conocedoras de su declaración, Nieto se ha justificado ante la jueza diciendo que no hizo valer su condición de funcionario para adquirir una vivienda. De hecho, ha insistido en que se enteró por un compañero de piso de la promoción de VPP en 2022, cuando ni siquiera ocupaba entonces su plaza de funcionario.
Nieto, que entonces dio sus datos a la cooperativa de Francisco Ordiñana -también investigado-, no fue contactado hasta enero de 2025 para ser informado de una vacante en Les Naus. Y ello a pesar de que en julio de 2024 comenzó a participar en las reuniones técnicas sobre la promoción, tal y como él mismo ha admitido.
De hecho, dos técnicos del área de Patrimonio del consistorio alicantino han declarado como testigos que desconocían que Nieto estuviese apuntado en la cooperativa de Les Naus. El arquitecto se ha defendido ante la jueza señalando que él no pidió ni se ofreció voluntariamente para ser el responsable técnico del contrato.
La jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial del Ayuntamiento de Alicante, Paloma Romero, ha declarado, en calidad de testigo, que el promotor presentó su oferta por los terrenos tan solo 24 horas después de la publicación de los pliegos. La funcionaria ha detallado que al pliego se presentaron un total de cinco ofertas, si bien finalmente resultó adjudicataria la promotora Fraorgi, de la que era administrador único Francisco Ordiñana. La testigo no ha sabido explicar a la magistrada cómo pudo hacerlo con tanta celeridad.
La magistrada, por otro lado, ha denegado la personación de la Generalitat como acusación particular en la causa. Según argumenta, no está acreditado que "haya sufrido un perjuicio patrimonial, personal o institucional directo como consecuencia de los hechos objeto de investigación".
En su auto, la jueza alude también a la existencia de un "evidente conflicto de intereses", puesto que la Generalitat "aparece vinculada funcional u orgánicamente a los hechos y personas investigadas, o bien ostenta competencias relacionadas con el ámbito material en que aquellos se produjeron".
Y esta circunstancia, insiste, "compromete la exigencia de objetividad que debe presidir la actuación de las administraciones públicas y resulta incompatible con el ejercicio de la acción penal como parte acusadora, pudiendo generar una quiebra del principio de igualdad de armas y del derecho a un proceso con todas las garantías".
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