"Nos sentimos completamente olvidados. España es nuestro hogar también. Esto no es lo que nos prometió el Gobierno británico ni antes ni durante el Brexit".

El sentimiento se repite, con palabras similares, entre muchos de los más de 106.000 británicos que poseen una segunda vivienda en España, según las últimas cifras del Ministerio de Vivienda británico publicadas en 2025, y que, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2020, han visto reducido drásticamente el tiempo que pueden pasar en sus propiedades. Desde el final del periodo transitorio del Brexit, sus estancias están limitadas a un máximo de 90 días en cualquier periodo móvil de 180 días en los 29 países que conforman el espacio Schengen, incluyendo España.

Ahora se consideran atrapados en un limbo jurídico. Aunque mantienen sus casas y siguen afrontando impuestos y gastos asociados a ellas y han pasado largas temporadas en España -muchos de ellos durante más de dos décadas-, quedaron excluidos de los derechos de residencia protegidos por el Acuerdo de Retirada, el tratado que estableció las condiciones del Brexit. La razón es sencilla: pese a sus profundos vínculos con España, seguían teniendo su residencia habitual en el Reino Unido cuando este abandonó el bloque comunitario.

"Compramos nuestra casa en el Puerto de Mazarrón hace unos ocho años, antes de que el Acuerdo de Retirada entrara en vigor", relata Jane Pennington-Fryer, británica de 59 años, en conversación con EL MUNDO. "Durante la campaña del referéndum, vimos un acto en el que una mujer preguntó a Michael Gove, entonces ministro de Justicia, si los británicos con una casa en la Unión Europea podrían seguir utilizándola si el Reino Unido abandonaba el bloque. Respondió que sí, por eso decidimos comprar la nuestra", explica.

En aquel acto, organizado por Sky News el 3 de junio de 2016, Gove aseguró a una votante preocupada por el futuro uso de su propiedad -en su caso, un piso en Francia- que "todos sus derechos y privilegios quedarían protegidos bajo un eventual acuerdo". El político tory fue más allá y prometió que "su inversión y su futuro estarían a salvo, fuera lo que fuese la decisión del país en las urnas", asegurando además que los distintos Estados miembros respetarían la situación de quienes tenían una segunda vivienda en sus territorios.

Las palabras de Gove también dejaron huella en David Webster, escocés de 61 años. Compró su primera vivienda en España en los alrededores de Málaga en 2009, antes de venderla y adquirir un terreno en la provincia de Alicante en 2016 para construir su propia casa, con el convencimiento de que podría disfrutar de ella cuando quisiera. No ha sido así. "Michael Gove nos prometió que los derechos de los residentes a tiempo parcial estarían protegidos. El Gobierno británico no ha sabido velar por nosotros", lamenta a este diario desde Moraira, donde nos citamos por primera vez hace tres años para conocer su situación. "Yo elegí no ser residente fiscal en España y lo acepto, pero tampoco veo justo que tenga que pagar un visado no lucrativo -cuyo trámite y documentación pueden llegar a costar más de 3.000 euros, además de acreditar una solvencia anual mínima de 28.800 euros- para poder utilizar mi casa sin restricciones temporales. Es ridículo".

Han pasado 10 años desde el reñido referéndum que selló la salida del Reino Unido de la UE, en el que la opción favorable al Brexit se impuso por apenas 3,8 puntos porcentuales. Desde entonces, se han concedido permisos de residencia a 422.401 nacionales británicos, de los cuales 397.083 son beneficiarios del Acuerdo de Retirada, según los últimos indicadores del Observatorio Permanente de la Inmigración y la Secretaría de Estado de Migraciones, publicados en junio de 2025. Pero los miles que nunca llegaron a trasladar su residencia habitual a España -ya fuera por decisión propia o porque sus circunstancias no se lo permitieron- se encuentran hoy pendientes del calendario para no superar el límite de 90 días permitido, aun cuando muchos llevan décadas formando parte de la vida de sus comunidades locales.

"Consideramos España nuestro hogar y a nosotros mismos residentes a tiempo parcial", asegura Jane, que vive a caballo entre Lytham St Annes, en el norte de Inglaterra, y Murcia junto a su marido, Lee, de 60 años. "Hemos aprendido español y somos miembros de un grupo de senderismo, otro de pádel y otro de tenis. La mayor parte de nuestras amistades son españolas", relata. Tanto su hermano como su primo han comprado casas en la región en los últimos años, y el matrimonio también compró un coche matriculado en España para utilizarlo durante sus estancias en el país. "Venimos aquí y sentimos que estamos en casa, no de vacaciones".

El problema es que ya no pueden disfrutar de su vivienda como antes. "Ahora pasamos apenas cinco meses al año en total en España. Hemos dejado de viajar a otros países europeos para no consumir días Schengen y poder pasar el máximo tiempo posible en nuestra casa de Murcia", cuenta Jane. Desde el Brexit, el matrimonio ha visitado Hong Kong, Singapur y Malasia para compensar el no poder viajar a Italia o Francia, por ejemplo. David, por su parte, ha viajado a Turquía, Marruecos y al Caribe. "Este año estamos planeando pasar 90 días en España, 90 en Marruecos y luego otros 90 en España", añade Jane.

¿Y qué pasa si surge un problema con la casa y no les quedan días para estar en el espacio Schengen? "Es algo que hay que tener en cuenta", relata Colin Drever, galés de 60 años, que tuvo que dejar su trabajo como músico de gira tras el Brexit. Hace unos años, su casa en Torrevieja sufrió una fuga de agua mientras él se encontraba en su pueblo, cerca de Cardiff. "Mi mujer, Jeanette, tuvo que volar allí de urgencia. Por suerte, aún no habíamos agotado nuestros 90 días, así que en ese momento no teníamos ninguna restricción. Pero aquella situación nos hizo darnos cuenta de lo que habría pasado si hubiéramos tenido que apañárnoslas después de haber alcanzado ya el límite", reflexiona.

Los tres entrevistados forman parte de la campaña 180 Days in Spain, que tiene dos reivindicaciones principales. La primera, que los autodenominados "residentes a tiempo parcial" queden amparados por el mismo marco de protección que el Acuerdo de Retirada. Y la segunda, que se establezca una exención de visado de seis meses por visita válida únicamente para España, de modo que los británicos puedan permanecer más tiempo en el país sin gastar los días permitidos por la normativa Schengen.

"Lo que estamos pidiendo es reciprocidad", sentencia David. "Ahora mismo, los ciudadanos de la UE pueden viajar al Reino Unido y quedarse allí hasta seis meses sin necesidad de visado. Nosotros, en cambio, estamos limitados a 90 días de cada 180", explica. Jane comparte esa sensación de agravio: "Nos han arrebatado derechos. Cuando la gente nos dice que es culpa nuestra porque los británicos votaron a favor de esto, la respuesta es no. Nosotros no lo hicimos. Nunca se nos advirtió de que esto iba a ocurrir".

Andrew Hesselden, fundador de la iniciativa Save Freedom of Movement y de la campaña 180 Days in Spain, argumenta que la propuesta no sería inédita. Según explica, ya existen acuerdos bilaterales de exención de visado entre algunos países del espacio Schengen y Estados terceros como Canadá o Nueva Zelanda, la mayoría de ellos anteriores incluso a la firma del tratado de Schengen. "Con un 84% de la opinión pública británica favorable a la libertad de movimiento recíproca entre el Reino Unido y los países de la Unión Europea [según una encuesta de Omnisis], resulta difícil entender por qué el Gobierno británico sigue oponiéndose a ello", sostiene. "A estas alturas debería haberse dado cuenta de que esa es la vía para estrechar las relaciones con la UE".

De hecho, en una entrevista con The i Paper en 2022, el entonces secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, afirmó que era "en interés de España" "flexibilizar esta limitación" para los británicos y que el Gobierno español "trataría de convencer a la Unión Europea" de la necesidad de "encontrar una solución" al problema surgido tras el Brexit para quienes deseaban pasar más tiempo en el país. No obstante, reconoció que cualquier cambio dependería, en última instancia, de Bruselas.

Sin embargo, existe un posible precedente en Francia, país en el que unos 53.000 británicos poseen una segunda vivienda. Allí, los propietarios extracomunitarios que desean permanecer más allá del límite general de 90 días establecido por Schengen pueden solicitar un visado temporal de larga duración, que les permite permanecer entre cuatro y seis meses al año sin ser considerados residentes fiscales en Francia. No es una solución perfecta, pero sí un posible punto de partida.

Jane y Lee han puesto a la venta su vivienda en el Reino Unido y estudian la posibilidad de solicitar un visado no lucrativo. "Ya estamos pagando unas 7.000 libras al año en impuestos y gastos para mantener la casa, y además hemos realizado varias reformas para adaptarla a nuestro gusto. Queremos disfrutar de nuestra inversión", explica el matrimonio. "Ya apenas pasamos tiempo en el Reino Unido".

Para Colin y su mujer, sin embargo, las restricciones derivadas de la normativa Schengen les están obligando a replantearse su futuro en España. "Llegará un momento en que tendremos que decidir si nos quedamos con la casa o no. No tiene sentido tener una vivienda en España valorada en 140.000 euros y renunciar a visitar Roma u otras ciudades europeas. Para que merezca la pena, tienes que dedicar todo el tiempo que puedas a estar allí", reflexiona.

Si finalmente se vieran obligados a vender, sostiene, quien acabaría perdiendo sería España. No sólo por los impuestos que dejan en el país, sino también por el impacto económico asociado a las visitas de familiares y amigos y al gasto que generan durante sus estancias.

Pese a la separación política consumada con el Brexit, Colin sigue sintiéndose profundamente ligado al continente. "La gente olvidó que dejar de formar parte de la Unión Europea no significa dejar de ser europeo", reflexiona. Para él, el Canal de la Mancha nunca ha sido una barrera, sino "un cordón umbilical que une al continente" y que ahora siente amenazado.