Las primeras liberaciones del general Ricardo Lozada y de los siete oficiales de la Brigada Paracaidista de Maracay han abierto la posibilidad de que el chavismo 3.0 excarcele a parte de los casi 200 militares apresados en sus mazmorras. La revolución bolivariana ha perseguido y castigado durante dos décadas no solo a disidentes y críticos en el interior de las Fuerzas Armadas, también a cualquier sospechoso sin ninguna prueba.

Y lo que es peor, a sus familias, contra quienes ha aplicado con brutalidad el sistema nazi del Sippenhaft, castigo colectivo documentado en los informes de Naciones Unidas y de ongs de dentro y fuera del país. Aberraciones que incluyen cientos de torturas y violaciones sexuales ejemplarizantes para que nadie se atreva a salirse ni un milímetro del discurso oficial.

"Todo va a cambiar para mejor. Lo que hemos sufrido lo hemos sufrido por los venezolanos y lo sufriremos siempre si fuera necesario", señaló Lozada, general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que fue conducido hasta la puerta del Hospital Militar de Caracas en silla de ruedas por varios militares que se dirigían a él como "mi general". Con 72 años, Lozada sufre varios quebrantos de salud tras casi una década tras las rejas y después de haber sufrido torturas de los famosos carniceros del chavismo.

¿Su delito? Ser amigo, antiguo colaborador (director de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa) y visitante habitual en la cárcel del general Raúl Isaías Baduel, exministro y compadre de Hugo Chávez, a quien salvó el cuello durante el golpe de Estado de 2002. El comandante supremo le premió años más tarde con la cárcel, cuando Baduel se convirtió en un crítico de la deriva socialista y autoritaria de su gobierno.

Junto a Lozada, quien formó parte de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), también pagaron los siete oficiales paracaidistas, la misma Brigada que liberó a Chávez durante el golpe de abril. Todos ellos fueron condenados sin pruebas, simplemente por cercanía con Baduel y por formar parte de un supuesto golpe de Estado. De hecho han sido liberados porque ya han cumplido la pena impuesta, no por las amnistía, indultos o procesos que tanto vende el gobierno de los Rodríguez.

La realidad es muy distinta: de las 500 liberaciones prometidas por los dos hermanos, con fecha tope el domingo pasado, apenas se han producido 48, según el Foro Penal (FP), incluyendo los ocho militares. "Estamos ante un teatro para establecer que supuestamente es un proceso de reconciliación cuando al final se trata de un proceso de reacomodamiento del régimen actual. Una fachada para el teatro de la reconciliación", desveló para EL MUNDO Alfredo Romero, presidente del FP.

Todos estos militares sufrieron el "trato especial" denunciado por el sargento Darwin Solís en la carta manuscrita que le ha dirigido a Tamara Suju, defensora de derechos humanos, y que esta ha hecho pública a través de sus redes sociales. "Me golpeaban con una tabla por la planta de los pies, las rodillas, los codos, los glúteos. Cortaron por debajo del tabique de mi nariz y lo estiraban hasta la frente para infligirme dolor. Me asfixiaron hasta el punto de perder la conciencia más de 10 veces. Me tiraron en un montón de basura y mi cuerpo se cubrió de moscas. Me martillaron las uñas de las manos con los cañones de los fusiles", resumió el sargento, que fue presentando entonces a los tribunales en semejantes condiciones ante la impasibilidad del juez en otro ejemplo de impunidad lacerante.

Pese a las medidas cautelares que imponen los jueces, y que obligan a guardar silencio a buena parte de los excarcelados, se multiplican los detalles del salvaje modus operandi de los agentes chavistas. En esa estrategia también figura el imperio económico que se ha levantado a costa de presos y detenidos, con la expropiación descarada de sus bienes.

El último caso tiene conmocionada a Venezuela, una vez más: cuando recién excarcelado el preso político José Breijo, de 73 años, llegó a su casa dos años después se encontró a uno de los funcionarios del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) viviendo en su interior. La presión de sus vecinos y de activistas consiguió expulsar a los okupas, que se fueron tras desvalijar la casa.

"El problema aquí es que el sistema de justicia sigue controlado y, peor aún, se está estableciendo el mismo esquema usado por Chávez con la toma completa y el control de todo el poder judicial a través del reacomodo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)", advirtió Romero a este periódico.

Los Rodríguez (Zapatero también ha insistido en reiteradas ocasiones en la reforma del poder judicial) han aumentado de forma arbitraria el número de magistrados del TSJ de 20 a 32 para simular ante Estados Unidos que con el nombramiento de supuestas figuras independientes el máximo tribunal ya no será el martillo antidemocrático de los últimos 15 años. Por el contrario, el control del TSJ pasaría a sus manos, tras una década manejado por Cilia Flores, la mujer de Maduro, presa hoy junto al dictador en una cárcel de Nueva York.